Denuncia
Causa alimentos: allanaron el Ministerio de Pettovello
Casanello acusa a Pettovello de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad
Lo que tenés que saber
- El juez Sebastián Casanello ordenó un allanamiento en el Ministerio de Capital Humano.
- Se investiga la retención de 6 mil toneladas de alimentos destinadas a comedores y merenderos populares.
- El magistrado acusó a Sandra Pettovello de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
- Se solicitó el secuestro de la copia de seguridad de la computadora del director de Logística, Pablo Berardi, y la entrega de todas las órdenes de entrega desde el 27 de mayo.
- También se requirió la documentación de los depósitos en Villa Martelli y Tafí Viejo, con detalles de stock y estado de los alimentos.
- Se autorizó el uso de la fuerza pública si el ministerio no cumplía con la entrega de los documentos.
Allanamiento en el Ministerio de Capital Humano
El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, liderado por el juez Sebastián Casanello, llevó a cabo el jueves un allanamiento en el Ministerio de Capital Humano. La investigación se centra en la retención de 6 mil toneladas de alimentos que debieron ser distribuidos a comedores y merenderos populares. El juez Casanello imputó a Sandra Pettovello, titular del ministerio, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Solicitudes del juez
El magistrado ordenó el secuestro de una copia de seguridad (“backup”) de la computadora asignada a Pablo Berardi, director de la Dirección de Logística del ministerio. Además, requirió todas las órdenes de entrega emitidas desde el 27 de mayo y los partes diarios del personal de los depósitos “Buenos Aires” en Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán en Tafí Viejo. El objetivo es obtener información sobre el stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos, incluyendo alertas sobre vencimientos y defectos en la mercadería.
Posibilidad de uso de fuerza pública
La investigación surgió a raíz de denuncias que afirmaron que los alimentos debieron haberse distribuido a comedores sociales, pero el Gobierno los habría retenido de manera ilegal. Casanello emitió una “orden de presentación con allanamiento en subsidio”, autorizando el uso de la fuerza pública si el ministerio no entregaba los documentos solicitados. No obstante, se logró una “colaboración” por parte del ministerio, evitando la necesidad de utilizar la fuerza.
Operativo en la Dirección de Logística
El operativo se realizó en la sede de la Dirección Logística del Ministerio de Capital Humano, en Avenida de Mayo 869. El juez instruyó al jefe del Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal para proceder al allanamiento si el ministerio no entregaba la documentación requerida. El allanamiento debía ajustarse a las disposiciones del artículo 224 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación.
Denuncia
Inversores excluidos de la causa $LIBRA piden volver a ser querellantes
Cinco inversores apartados de la investigación por la presunta estafa cripto presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes. Mientras tanto, el fiscal Eduardo Taiano aguarda los resultados de pericias sobre trazabilidad de fondos y comunicaciones, piezas claves para determinar si hubo fraude en el lanzamiento del memecoin que Javier Milei promocionó en febrero de 2025.
Más de 27.000 dólares invertidos por particulares que se evaporaron en minutos: ese es el daño concreto que cinco afectados intentan probar desde adentro de la causa $LIBRA, la investigación por la presunta estafa cripto que involucra al presidente Javier Milei. Pero la justicia los dejó afuera. Y ahora pelean para volver.
Los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust, que representan a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, presentaron este miércoles un recurso ante la Cámara Federal de Casación para revertir la resolución que los excluyó como querellantes en el expediente que tramita ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
El fallo que los dejó afuera
El 4 de septiembre pasado, los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmaron la decisión de Martínez De Giorgi de apartar a los cinco inversores de la causa, luego de un pedido formulado por el lobbista Mauricio Novelli. En su resolución, los magistrados sostuvieron que los afectados «asumieron voluntariamente los riesgos inherentes» a la compra del memecoin y que la pérdida de dinero «fue una consecuencia de ese riesgo asumido». Agregaron, además, que la hipótesis de una presunta estafa se encontraba «diluida».
Para las defensas de los damnificados, ese razonamiento equivale a un prejuzgamiento anticipado del fondo del asunto. En los escritos presentados ante Casación, los letrados también señalaron que no existieron nuevas pruebas ni elementos supervinientes que justificaran un cambio en la situación procesal de sus representados. La exclusión, argumentaron, los deja sin herramientas para impulsar medidas de prueba propias en una causa que avanza con lentitud.
Taiano y las pericias que no llegan
Con los querellantes afuera, el peso de la investigación recae por completo sobre el fiscal Eduardo Taiano, quien arrastra cuestionamientos por la demora en el avance de la causa. Según informaron fuentes judiciales, la instrucción se encuentra a la espera de los resultados de pericias técnicas que el propio Taiano solicitó: una sobre la trazabilidad de las inversiones y otra sobre las comunicaciones de los involucrados.
Una de las piezas más esperadas es la pericia sobre el recorrido de transferencias de Hayden Davis, el creador de la criptomoneda, que alcanzarían casi 5 millones de dólares. La tarea estaba a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), pero el organismo no contaba con las licencias necesarias para completarla. La otra pericia pendiente apunta al celular del lobbista Mauricio Novelli y busca reconstruir el posible acuerdo para la promoción de $LIBRA.
A esas esperas se suma la perspectiva de posibles indagatorias que aún no tienen fecha, entre ellas las de Javier Milei y su hermana Karina Milei.
El contexto: un lanzamiento con sello presidencial
La causa tiene su origen en febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin $LIBRA, cuyo valor se disparó en minutos para luego desplomarse de manera abrupta, dejando a miles de pequeños inversores con pérdidas cuantiosas. La difusión presidencial le dio al proyecto una legitimidad que derivó en una avalancha de compras que, según los denunciantes, fue aprovechada por los creadores del token para liquidar sus posiciones y salir del mercado antes del colapso, en lo que se conoce como un esquema de «pump and dump».
La causa ya acumula múltiples frentes: la participación del propio Milei en la difusión del activo, el rol de Hayden Davis como articulador del proyecto, el vínculo con el lobbista Novelli, y las conexiones con estructuras financieras off-shore que, según investigaciones publicadas en informes judiciales, podrían haber servido para canalizar los fondos obtenidos. En ese marco, la incorporación de querellantes no es un detalle procesal menor: es la diferencia entre una causa que avanza por impulso propio de los afectados y una que depende exclusivamente de la voluntad de un fiscal cuestionado.
Lo que tenés que saber
- Cinco inversores apartados de la causa $LIBRA presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes.
- La Cámara Federal de Apelaciones confirmó su exclusión el 4 de septiembre, al sostener que «asumieron voluntariamente los riesgos» del memecoin.
- Las defensas calificaron ese argumento como un prejuzgamiento y señalaron que no hubo nuevas pruebas que justificaran el cambio procesal.
- El fiscal Eduardo Taiano aguarda pericias técnicas sobre la trazabilidad de fondos de Hayden Davis y las comunicaciones del lobbista Mauricio Novelli.
- La causa podría avanzar hacia indagatorias del presidente Javier Milei y de Karina Milei, aunque sin fecha definida.
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