Movimientos Sociales
Más de 1.000 personas de 120 organizaciones marchan a Lago Escondido
Denuncian que la estancia de Joe Lewis es «enclave británico» que funciona como «la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia».
Con dirigentes políticos, militantes gremiales y sociales de distintos puntos del país, que representan a más de 120 organizaciones, y el respaldo de más de un millar de personas, avanzaba hoy la 7ma. Marcha a Lago Escondido, propiedad del magnate británico Joe Lewis.
Con dos columnas de manifestantes, la protesta intentará llegar a orillas de ese lago para denunciar que en esa zona, donde tiene su estancia Lewis, existe un «enclave británico» que funciona como «la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia», según denuncian los organizadores.
Este lunes, desde las 11, se realizará una concentración de los referentes del sector en las inmediaciones del hotel-camping «El Pueblito», de la localidad de El Bolsón, Río Negro, donde se definirán distintos aspectos de la movilización que tendrá su epicentro en las cercanías del lago, prevista para el próximo miércoles.
El coordinador de prensa de la Fundación Interactiva Para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), Martín Amor, confirmó a Télam, que «la columna de montaña Juana Azurduy avanzaba hoy en su marcha rumbo a Lago Argentino».
«Tras 9 horas de caminata y 13 Kilómetros de senderos que ascienden hasta los 650 metros sobre el nivel del mar, los 76 integrantes de la columna ‘Juana Azurduy’ cerraron la primera jornada de la Séptima Marcha Por La Soberanía, en el refugio La Horqueta», informó.
Este contingente, con los dirigentes Alejandro Meyer y Sergio Cuestas a la cabeza, lleva alrededor de una tonelada de equipamiento y está conformado por personas de Buenos Aires, Capital Federal, Corrientes, Santa Fe, San Luis, Córdoba, Chubut, Río Negro, Mendoza, Misiones y Neuquén, entre quienes se encuentran referentes como el padre Paco Olveira (Curas en la Opción por los Pobres), José «Pepe» Sbatella y el dirigente perinista porteño Jorge Rachid.
Rachid, en la edición del año pasado, «debió ser rescatado en helicóptero tras ser hostigado mediante amenazas físicas y verbales por un grupo de cuarenta personas que responden a las órdenes de Nicolás Van Ditmar -administrador de las propiedades de Joe Lewis-, que no permitieron a la columna, desembarcar en las costas del lago Soberanía, tratándose este lugar, de acceso público», explicó Amor.
Julio Urien, exteniente de fragata y titular de Fipca, dijo a Télam que «esta lucha es para que estos caminos públicos se habiliten para todos y para denunciar que existe un enclave británico allí. Es un poder mafioso que define políticas para condicionar a gobiernos democráticos y condenar a dirigentes populares».
Fipca, una de las entidades que encabeza la marcha, viene convocando a esta expedición desde principios de 2017, con la prioridad puesta en defender la soberanía e instalar en agenda las amenazas sobre los recursos naturales.
La nueva manifestación a Lago Escondido arrancará con dos columnas que marcharán por los dos accesos habilitados por la justicia rionegrina: el sábado un grupo comenzó la travesía por el camino de montaña (más extenso y de mayor dificultad); la mayor parte de los manifestantes, en tanto, se trasladará mañana hasta el camino de «Tacuifí» para tratar de completarlo y llegar al lago. Ambas rutas están obstaculizadas por Lewis.
El nombre del magnate cobró nuevamente notoriedad hace unos meses, luego de que se filtraran los chats que jueces, fiscales, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín intercambiaban a través de la aplicación Telegram, con la presunta intención de evitar ser acusados por el delito de dádivas, tras compartir un viaje VIP a Bariloche que incluyó una estadía en Lago Escondido que habría sido auspiciada por Lewis.
Urien sostuvo que la difusión de esos chats demuestra que «la marcha a Lago Escondido es una causa nacional», y en la misma línea advirtió que lo que sucede en esa zona constituye «una expresión del poder real» al tratarse de «un lugar donde se definen las políticas de dependencia y hostigamiento que llevan adelante estos sectores».
El diputado del Parlasur y secretario general del Movimiento Octubres, Gastón Harispe, destacó que el bloque de diputados del Frente de Todos en el Parlasur «apoya y respalda» esta movilización.
Harispe, quien participará de una de las columnas, dijo a Télam que «traigo además una declaración de «solidaridad, afecto y compromiso» del bloque del Parlasur a la comisión organizadora.
«El ‘ciudadano extranjero’ Joe Lewis -de origen filibustero- se apropió ilegal e ilegítimamente de los territorios de Lago Escondido, en la Provincia de Río Negro. La existencia de un estado paralelo en la Patagonia Argentina resulta inadmisible y violatoria de nuestra Soberanía Nacional», denunciaron en la declaración peronista. También dijeron que exhortan «nuevamente a la Justicia para que arbitre los medios que permitan obtener una servidumbre de paso a Lago Escondido», haciendo cumplir los numerosos fallos judiciales vigentes.
Entre las organizaciones que participan de esta nueva marcha se encuentran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, Federación Gráfica Bonaerense (FGB), CGT Regional zona Norte, Corriente Federal de los Trabajadores y Movimiento Octubres.
Están además referentes de la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del río Paraná y del Canal Magdalena, Sutap, La Cámpora, Causa Nacional, GPS (Grupo por la Soberanía), Grupo Bolívar, Grupo de Curas Opción por los Pobres, Argentinos para la Victoria Provincia 25, MP La Dignidad, Movimiento Popular los Pibes y MST en el Frente de Izquierda, entre otros.
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Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste
El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.
Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.
El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.
Qué garantiza el proyecto oficialista
El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.
En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.
La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa
El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.
«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.
Una derrota política disfrazada de iniciativa
La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.
Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
- El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
- La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
- Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
- El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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