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Movimientos Sociales

Más de 1.000 personas de 120 organizaciones marchan a Lago Escondido

Denuncian que la estancia de Joe Lewis es «enclave británico» que funciona como «la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia».

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Con dirigentes políticos, militantes gremiales y sociales de distintos puntos del país, que representan a más de 120 organizaciones, y el respaldo de más de un millar de personas, avanzaba hoy la 7ma. Marcha a Lago Escondido, propiedad del magnate británico Joe Lewis.

Con dos columnas de manifestantes, la protesta intentará llegar a orillas de ese lago para denunciar que en esa zona, donde tiene su estancia Lewis, existe un «enclave británico» que funciona como «la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia», según denuncian los organizadores.

Este lunes, desde las 11, se realizará una concentración de los referentes del sector en las inmediaciones del hotel-camping «El Pueblito», de la localidad de El Bolsón, Río Negro, donde se definirán distintos aspectos de la movilización que tendrá su epicentro en las cercanías del lago, prevista para el próximo miércoles.

El coordinador de prensa de la Fundación Interactiva Para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), Martín Amor, confirmó a Télam, que «la columna de montaña Juana Azurduy avanzaba hoy en su marcha rumbo a Lago Argentino».

«Tras 9 horas de caminata y 13 Kilómetros de senderos que ascienden hasta los 650 metros sobre el nivel del mar, los 76 integrantes de la columna ‘Juana Azurduy’ cerraron la primera jornada de la Séptima Marcha Por La Soberanía, en el refugio La Horqueta», informó.

Este contingente, con los dirigentes Alejandro Meyer y Sergio Cuestas a la cabeza, lleva alrededor de una tonelada de equipamiento y está conformado por personas de Buenos Aires, Capital Federal, Corrientes, Santa Fe, San Luis, Córdoba, Chubut, Río Negro, Mendoza, Misiones y Neuquén, entre quienes se encuentran referentes como el padre Paco Olveira (Curas en la Opción por los Pobres), José «Pepe» Sbatella y el dirigente perinista porteño Jorge Rachid.

Rachid, en la edición del año pasado, «debió ser rescatado en helicóptero tras ser hostigado mediante amenazas físicas y verbales por un grupo de cuarenta personas que responden a las órdenes de Nicolás Van Ditmar -administrador de las propiedades de Joe Lewis-, que no permitieron a la columna, desembarcar en las costas del lago Soberanía, tratándose este lugar, de acceso público», explicó Amor.

Julio Urien, exteniente de fragata y titular de Fipca, dijo a Télam que «esta lucha es para que estos caminos públicos se habiliten para todos y para denunciar que existe un enclave británico allí. Es un poder mafioso que define políticas para condicionar a gobiernos democráticos y condenar a dirigentes populares».

Fipca, una de las entidades que encabeza la marcha, viene convocando a esta expedición desde principios de 2017, con la prioridad puesta en defender la soberanía e instalar en agenda las amenazas sobre los recursos naturales.

La nueva manifestación a Lago Escondido arrancará con dos columnas que marcharán por los dos accesos habilitados por la justicia rionegrina: el sábado un grupo comenzó la travesía por el camino de montaña (más extenso y de mayor dificultad); la mayor parte de los manifestantes, en tanto, se trasladará mañana hasta el camino de «Tacuifí» para tratar de completarlo y llegar al lago. Ambas rutas están obstaculizadas por Lewis.

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El nombre del magnate cobró nuevamente notoriedad hace unos meses, luego de que se filtraran los chats que jueces, fiscales, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín intercambiaban a través de la aplicación Telegram, con la presunta intención de evitar ser acusados por el delito de dádivas, tras compartir un viaje VIP a Bariloche que incluyó una estadía en Lago Escondido que habría sido auspiciada por Lewis.

Urien sostuvo que la difusión de esos chats demuestra que «la marcha a Lago Escondido es una causa nacional», y en la misma línea advirtió que lo que sucede en esa zona constituye «una expresión del poder real» al tratarse de «un lugar donde se definen las políticas de dependencia y hostigamiento que llevan adelante estos sectores».

El diputado del Parlasur y secretario general del Movimiento Octubres, Gastón Harispe, destacó que el bloque de diputados del Frente de Todos en el Parlasur «apoya y respalda» esta movilización.

Harispe, quien participará de una de las columnas, dijo a Télam que «traigo además una declaración de «solidaridad, afecto y compromiso» del bloque del Parlasur a la comisión organizadora.

«El ‘ciudadano extranjero’ Joe Lewis -de origen filibustero- se apropió ilegal e ilegítimamente de los territorios de Lago Escondido, en la Provincia de Río Negro. La existencia de un estado paralelo en la Patagonia Argentina resulta inadmisible y violatoria de nuestra Soberanía Nacional», denunciaron en la declaración peronista. También dijeron que exhortan «nuevamente a la Justicia para que arbitre los medios que permitan obtener una servidumbre de paso a Lago Escondido», haciendo cumplir los numerosos fallos judiciales vigentes.

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Entre las organizaciones que participan de esta nueva marcha se encuentran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, Federación Gráfica Bonaerense (FGB), CGT Regional zona Norte, Corriente Federal de los Trabajadores y Movimiento Octubres.

Están además referentes de la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del río Paraná y del Canal Magdalena, Sutap, La Cámpora, Causa Nacional, GPS (Grupo por la Soberanía), Grupo Bolívar, Grupo de Curas Opción por los Pobres, Argentinos para la Victoria Provincia 25, MP La Dignidad, Movimiento Popular los Pibes y MST en el Frente de Izquierda, entre otros.

Movimientos Sociales

Toque de queda en Francia, mientras en Argentina detienen dos metrodelegados: la represión estatal como respuesta

Francia impone toques de queda tras una movilización de 550.000 personas contra el costo de vida, con 2.397 detenidos. En Argentina, el mismo martes, delegados del subte fueron detenidos y el protocolo antipiquetes sigue vigente: dos países, reclamos económicos parecidos y una respuesta gubernamental violenta.

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Una protesta de 550.000 personas contra el costo de vida terminó en Francia con toques de queda en París, Lyon, Lille y Niza; en Argentina, ese mismo martes, dos delegados del subte fueron detenidos cuando iban a iniciar una medida de fuerza, según denunció el gremio. Dos escenas distintas, con una pregunta en común: qué hace un gobierno cuando el malestar económico llega a la calle.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció en conferencia de prensa toques de queda parciales en distintas zonas del país, que comenzaron a regir el lunes por la noche tras los saqueos y los incidentes de las protestas del fin de semana. Este martes, el jefe de Gobierno escribió en su cuenta de X: «Los toques de queda selectivos han contribuido a la calma de esta noche». Además, anunció nuevas restricciones para este martes «donde la situación lo requiera».

Qué se prohibió y dónde

En París, el toque de queda rigió de las 23 del lunes a las 6 del martes en torno a la Plaza de la República y las calles de Les Halles, según indicaron las autoridades locales. En Lyon, la medida alcanzó una zona céntrica de Presqu’île desde las 21. En el departamento del Norte, el prefecto impuso restricciones de 20 a 6 en zonas de Lille, Wattignies, Douai y Denain durante los próximos dos días. En Niza, el alcalde Eric Ciotti anunció en X un toque de queda para menores de edad desde las 21.

Según el Ministerio del Interior francés, más de 550.000 personas marcharon el sábado 17 de octubre en todo el país, hubo 2.397 arrestados y 997 policías y gendarmes heridos, siete de gravedad. Las convocatorias reclamaban por el costo de vida, el precio de los combustibles, las condiciones de la educación pública y la violencia policial. El propio presidente Emmanuel Macron reconoció como legítimas las preocupaciones por el costo de vida y por los combustibles, aunque aseguró que «nada justifica la violencia». El reclamo de fondo es el de cientos de miles de personas que salieron a la calle por lo que cuesta vivir.

El espejo argentino: ajuste y protocolo

En la Argentina, el reclamo también es económico. Según un informe del IIEP (UBA-CONICET), la canasta de servicios y transporte público acumuló una suba superior al 525% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, que el Gobierno justificó como una «corrección necesaria» para eliminar subsidios. Por su parte, el Foro Economía y Trabajo, integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, calculó que los recortes reales acumulados desde 2023 alcanzan el 31% en el gasto primario, el 61% en programas sociales y el 20% en transferencias a universidades.

La respuesta oficial a la protesta tiene nombre propio: el protocolo antipiquetes, aprobado en diciembre de 2023 por la Resolución 943/23. En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick lo declaró nulo, en un amparo del CELS, por considerar que el Poder Ejecutivo avanzaba sobre atribuciones del Congreso. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revirtió ese fallo el 31 de marzo de 2026 y el Ministerio de Seguridad Nacional anunció que el protocolo «está en plena vigencia».

La Comisión Provincial por la Memoria, que monitorea la protesta social desde diciembre de 2023, denunció que desde la aplicación del protocolo se registraron al menos 363 detenciones arbitrarias en el contexto de movilizaciones. Y este martes, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro denunció la detención de los delegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia en la estación Rosas de la Línea B, lo que derivó en un paro en todas las líneas.

Dos países, una misma lógica de respuesta

Las diferencias son evidentes: en Francia hubo saqueos e incendios y los toques de queda buscan frenar esa violencia, mientras que en Argentina el gremio denuncia detenciones por una medida de fuerza sindical, un derecho reconocido a los gremios en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Pero en ambos casos la herramienta elegida para responder a un malestar económico es la represión estatal y no una respuesta a los reclamos de fondo.

En Francia, hasta el momento no trascendieron anuncios económicos para atender el reclamo por el costo de vida. En Argentina, el Gobierno sostiene su programa de ajuste y defiende el «orden» como bandera. En ambos lados del Atlántico, la calle dice lo mismo: cuando el bolsillo no alcanza, la protesta es el síntoma y no el problema.

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