Movimientos Sociales
Más de 1.000 personas de 120 organizaciones marchan a Lago Escondido
Denuncian que la estancia de Joe Lewis es «enclave británico» que funciona como «la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia».
Con dirigentes políticos, militantes gremiales y sociales de distintos puntos del país, que representan a más de 120 organizaciones, y el respaldo de más de un millar de personas, avanzaba hoy la 7ma. Marcha a Lago Escondido, propiedad del magnate británico Joe Lewis.
Con dos columnas de manifestantes, la protesta intentará llegar a orillas de ese lago para denunciar que en esa zona, donde tiene su estancia Lewis, existe un «enclave británico» que funciona como «la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia», según denuncian los organizadores.
Este lunes, desde las 11, se realizará una concentración de los referentes del sector en las inmediaciones del hotel-camping «El Pueblito», de la localidad de El Bolsón, Río Negro, donde se definirán distintos aspectos de la movilización que tendrá su epicentro en las cercanías del lago, prevista para el próximo miércoles.
El coordinador de prensa de la Fundación Interactiva Para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), Martín Amor, confirmó a Télam, que «la columna de montaña Juana Azurduy avanzaba hoy en su marcha rumbo a Lago Argentino».
«Tras 9 horas de caminata y 13 Kilómetros de senderos que ascienden hasta los 650 metros sobre el nivel del mar, los 76 integrantes de la columna ‘Juana Azurduy’ cerraron la primera jornada de la Séptima Marcha Por La Soberanía, en el refugio La Horqueta», informó.
Este contingente, con los dirigentes Alejandro Meyer y Sergio Cuestas a la cabeza, lleva alrededor de una tonelada de equipamiento y está conformado por personas de Buenos Aires, Capital Federal, Corrientes, Santa Fe, San Luis, Córdoba, Chubut, Río Negro, Mendoza, Misiones y Neuquén, entre quienes se encuentran referentes como el padre Paco Olveira (Curas en la Opción por los Pobres), José «Pepe» Sbatella y el dirigente perinista porteño Jorge Rachid.
Rachid, en la edición del año pasado, «debió ser rescatado en helicóptero tras ser hostigado mediante amenazas físicas y verbales por un grupo de cuarenta personas que responden a las órdenes de Nicolás Van Ditmar -administrador de las propiedades de Joe Lewis-, que no permitieron a la columna, desembarcar en las costas del lago Soberanía, tratándose este lugar, de acceso público», explicó Amor.
Julio Urien, exteniente de fragata y titular de Fipca, dijo a Télam que «esta lucha es para que estos caminos públicos se habiliten para todos y para denunciar que existe un enclave británico allí. Es un poder mafioso que define políticas para condicionar a gobiernos democráticos y condenar a dirigentes populares».
Fipca, una de las entidades que encabeza la marcha, viene convocando a esta expedición desde principios de 2017, con la prioridad puesta en defender la soberanía e instalar en agenda las amenazas sobre los recursos naturales.
La nueva manifestación a Lago Escondido arrancará con dos columnas que marcharán por los dos accesos habilitados por la justicia rionegrina: el sábado un grupo comenzó la travesía por el camino de montaña (más extenso y de mayor dificultad); la mayor parte de los manifestantes, en tanto, se trasladará mañana hasta el camino de «Tacuifí» para tratar de completarlo y llegar al lago. Ambas rutas están obstaculizadas por Lewis.
El nombre del magnate cobró nuevamente notoriedad hace unos meses, luego de que se filtraran los chats que jueces, fiscales, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín intercambiaban a través de la aplicación Telegram, con la presunta intención de evitar ser acusados por el delito de dádivas, tras compartir un viaje VIP a Bariloche que incluyó una estadía en Lago Escondido que habría sido auspiciada por Lewis.
Urien sostuvo que la difusión de esos chats demuestra que «la marcha a Lago Escondido es una causa nacional», y en la misma línea advirtió que lo que sucede en esa zona constituye «una expresión del poder real» al tratarse de «un lugar donde se definen las políticas de dependencia y hostigamiento que llevan adelante estos sectores».
El diputado del Parlasur y secretario general del Movimiento Octubres, Gastón Harispe, destacó que el bloque de diputados del Frente de Todos en el Parlasur «apoya y respalda» esta movilización.
Harispe, quien participará de una de las columnas, dijo a Télam que «traigo además una declaración de «solidaridad, afecto y compromiso» del bloque del Parlasur a la comisión organizadora.
«El ‘ciudadano extranjero’ Joe Lewis -de origen filibustero- se apropió ilegal e ilegítimamente de los territorios de Lago Escondido, en la Provincia de Río Negro. La existencia de un estado paralelo en la Patagonia Argentina resulta inadmisible y violatoria de nuestra Soberanía Nacional», denunciaron en la declaración peronista. También dijeron que exhortan «nuevamente a la Justicia para que arbitre los medios que permitan obtener una servidumbre de paso a Lago Escondido», haciendo cumplir los numerosos fallos judiciales vigentes.
Entre las organizaciones que participan de esta nueva marcha se encuentran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, Federación Gráfica Bonaerense (FGB), CGT Regional zona Norte, Corriente Federal de los Trabajadores y Movimiento Octubres.
Están además referentes de la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del río Paraná y del Canal Magdalena, Sutap, La Cámpora, Causa Nacional, GPS (Grupo por la Soberanía), Grupo Bolívar, Grupo de Curas Opción por los Pobres, Argentinos para la Victoria Provincia 25, MP La Dignidad, Movimiento Popular los Pibes y MST en el Frente de Izquierda, entre otros.
Economía 💲
Morosidad al 12,7% y 30.000 pymes cerradas: la otra cara del supuesto “éxito” económico que Milei vende al mundo
La CGT, las CTA, la UTEP y cámaras pymes tomaron las calles de Buenos Aires este jueves para reclamar contra el endeudamiento de las familias y el cierre de miles de pequeñas empresas. La movilización ocurrió el mismo día en que Javier Milei expuso en el lujoso hotel Alvear ante el Council of the Americas, mientras Luis Caputo insiste en que las deudas de los hogares son «un asunto entre privados».
La imagen fue elocuente: mientras Javier Milei disertaba ante ejecutivos y representantes del capital internacional reunidos en el hotel Alvear para la edición 2026 del Council of the Americas, a pocas cuadras de allí la CGT, las dos CTA, la UTEP y decenas de cámaras pymes marchaban hacia el Ministerio de Economía y la Plaza de Mayo. El contraste no fue casual. Fue, en todo caso, la radiografía más precisa del país que el modelo libertario está construyendo: uno para los que tienen acceso al poder financiero y otro para los millones que acumulan deudas para pagar la luz, la nafta y la comida.
Una jornada, dos columnas y una misma crisis
Las columnas sindicales y sociales concentraron desde las 14 en Paseo Colón y Estados Unidos y en la esquina de Independencia y Paseo Colón, para converger luego frente al Palacio de Hacienda, en Hipólito Yrigoyen 250. El eje del reclamo fue el desborde del endeudamiento familiar: millones de hogares que tomaron créditos para afrontar gastos esenciales y que hoy no pueden pagar. La UTEP, conducida por Alejandro Gramajo, llamó a una «masiva movilización» y advirtió que la falta de acceso al crédito formal empuja a los sectores populares hacia el financiamiento informal. «La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar», señalaron en el comunicado de convocatoria.
Simultáneamente, referentes de cámaras pymes se concentraron en Plaza de Mayo en el marco del Día del Empresario Nacional. La convocatoria reunió a la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero (CIM), la Fundación Pro Tejer, la Cámara Económica Sanmartinense, PYME SUR, la Confederación General de la Producción y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín, entre otras organizaciones. El sector estima que unas 30.000 empresas dejaron de operar desde que asumió Milei y reclama que el Congreso avance con la Ley de Emergencia PyME impulsada por ENAC, que contempla medidas específicas para sostener la actividad productiva.
Los números del BCRA: la morosidad que el Gobierno llama «privada»
El reclamo callejero tiene sustento en datos inapelables. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento de los préstamos a familias trepó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. En menos de dos años, la morosidad se quintuplicó. En el segmento de fintech y billeteras virtuales, la situación es aún más crítica: un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense ubicó la mora en torno al 33% de los deudores. El mismo informe indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas activas.
Esos números no son solo estadísticas. Son familias que pidieron prestado para comprar alimentos, pagar una factura de gas o costear un turno médico. Son jubiladas, trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas que hoy están atrapados en una espiral de intereses que el Estado nacional se niega a desactivar.
La respuesta del Gobierno: que lo arregle el mercado
La postura oficial frente a esta emergencia social fue coherente con la filosofía del modelo. El 2 de agosto, en una entrevista en LN+, Milei rechazó cualquier forma de asistencia estatal y preguntó: «¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás». El ministro de Economía, Luis Caputo, definió el endeudamiento familiar como «un tema entre privados» durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó la implementación de un «plan platita» para los deudores en mora.
La lógica es conocida: el Estado ausente como virtud. El problema es que esa abstención no opera en el vacío, sino sobre un tejido social que acumula años de ajuste, tarifazos y pérdida de poder adquisitivo. Según datos del IIEP (UBA-CONICET), los servicios públicos acumularon subas superiores al 525% desde diciembre de 2023. El transporte subió cerca del 900%, el gas más del 700%. En ese contexto, endeudarse no fue una elección: fue la única estrategia de supervivencia disponible para millones de personas.
El Congreso, con cerca de 30 proyectos y sin dictamen
La problemática llegó al Poder Legislativo. Distintos bloques de la oposición presentaron cerca de 30 iniciativas. Entre las más relevantes, una propuesta de los diputados Diego Giuliano y Caren Teep plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante una línea de crédito de la ANSES destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas, con créditos de hasta $1,5 millones y cuotas que no superen el 30% del ingreso neto. Otra iniciativa propone condonar al menos el 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados con planes de hasta 60 meses. También se presentó la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE) y, en el Senado, un proyecto con quitas de intereses y financiación de largo plazo.
La Fundación Alameda y más de 40 organizaciones también lanzaron una campaña de recolección de firmas para impulsar una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas avanzó en el Congreso, donde el oficialismo mantiene capacidad de bloqueo suficiente para impedir la formación de dictámenes.
Council of the Americas: el otro país
Mientras todo esto ocurría en las calles, Javier Milei participó de la edición 2026 del Council of the Americas en el hotel Alvear, el espacio de encuentro anual entre el poder político y el capital financiero internacional. La elección del escenario no es menor: la gestión libertaria construyó su narrativa económica sobre la promesa de integración a los mercados globales y la confianza de los inversores externos. Ese relato se sostiene mientras las familias se endeudan a tasas usurarias para llegar a fin de mes y las pymes cierran por cientos cada semana. La contradicción no es un accidente: es el modelo.
Puntos clave
- La morosidad en créditos a familias trepó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,7% en junio de 2026, según el BCRA.
- En el segmento fintech, el 33% de los deudores está en mora, según la Defensoría del Pueblo bonaerense.
- Las organizaciones pymes estiman que unas 30.000 empresas cerraron desde la asunción de Milei.
- Hay cerca de 30 proyectos legislativos sobre endeudamiento familiar, ninguno con dictamen.
- El Gobierno rechazó cualquier intervención estatal y calificó el problema como «un asunto entre privados».
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