DDHH
DDHH pidieron la expulsión de los legisladores de LLA que visitaron a represores en la cárcel
Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto lideraron el reclamo de sanciones.
Referentes de organismos de derechos humanos solicitaron este miércoles en la Cámara de Diputados la expulsión de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) que visitaron a represores en prisión. Entre los que impulsaron el reclamo se encuentran Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz; y Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
Exigen expulsión de diputados libertarios
Los representantes de derechos humanos se presentaron ante la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, presidida por Silvia Lospennato (PRO). Esta comisión analiza la posibilidad de conformar un grupo investigador sobre la visita realizada el pasado 11 de julio por diputados de LLA a represores condenados en la cárcel de Ezeiza. Entre los legisladores involucrados se encuentran Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra Ugalde, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta. Arrieta, quien organizó la visita, abandonó el bloque de LLA el martes.
Taty Almeida, en su intervención, expresó: «No venimos aquí a pedir, sino a exigir que por este deplorable episodio que ha ocurrido con los diputados que fueron a visitar a los genocidas, o sea, a sus amigos, directamente se los expulse». Almeida subrayó la necesidad de que la comisión actúe en consecuencia, enfatizando la lucha constante de las Madres de Plaza de Mayo: «La única lucha que se pierde es la que se abandona».
Pérez Esquivel denuncia «negacionismo»
Por su parte, Adolfo Pérez Esquivel advirtió sobre el peligro del «negacionismo» en el ámbito político: «Este negacionismo atenta contra la vida del pueblo argentino». Pérez Esquivel defendió la importancia de una «democracia participativa» que brinde al pueblo «herramientas constitucionales y jurídicas para evitar los abusos de poder». El Premio Nobel de la Paz fue contundente al reclamar la expulsión de los legisladores libertarios: «Deben ser expulsados porque no representan al pueblo argentino. Son una lacra. Son personas que traicionan al pueblo argentino».
Estela de Carlotto y el reclamo por la memoria
Estela de Carlotto, a través de una carta leída por Guillermo Pérez Roisinblit, hijo de desaparecidos, se sumó al reclamo de expulsión de los diputados que se reunieron con represores como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda y Antonio Pernías. Carlotto denunció que «no son sólo genocidas con todo lo que significa, son personas que atentaron contra la democracia». En su misiva, cuestionó a los diputados elegidos democráticamente que «conspiran junto con represores condenados por delitos de lesa humanidad». Destacó que estos crímenes «jamás se han arrepentido y tampoco han brindado información para saber la verdad sobre el destino de nuestros hijos e hijas y de los cerca de 300 nietos y nietas que todavía buscamos».
Carlotto también enfatizó la necesidad de una ley contra el negacionismo: «Desde los organismos de derechos humanos y otros colectivos que han padecido de manera directa el terror del Estado represivo, hace tiempo venimos reclamando una ley contra el negacionismo».
Propuesta de una comisión investigadora ampliada
Myriam Bregman, exdiputada de la izquierda, propuso la creación de una comisión investigadora que incluya no solo a diputados, sino también a representantes de organismos de derechos humanos. Bregman apoyó la moción de sancionar a los legisladores libertarios por su conducta, que consideró una afrenta a la memoria histórica y los principios democráticos.
DDHH
11-S: la Corte Suprema de EEUU rechazó revivir el acuerdo que evitaba la pena de muerte
El máximo tribunal denegó, sin dar razones, la petición de Khalid Shaikh Mohammad y dos coacusados para restituir los acuerdos de 2024, que implicaban cadena perpetua. Queda firme el fallo que avaló a Austin, la pena de muerte sigue posible y el juicio está fijado para junio de 2028.
La Corte Suprema de Estados Unidos cerró la última vía para revivir los acuerdos de culpabilidad de 2024 con tres acusados por los atentados del 11 de septiembre, que habrían reemplazado la posibilidad de la pena de muerte por cadena perpetua. El tribunal denegó el 19 de octubre, sin explicar sus razones, la petición de certiorari presentada por Khalid Shaikh Mohammad y otros peticionarios.
Mohammad, capturado en Pakistán en 2003 y detenido desde entonces, está acusado de haber desarrollado y dirigido el plan de los atentados. La petición, que figura como expediente 26-13 y llegó desde la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, la presentó junto con Mustafa al Hawsawi y Walid bin ‘Atash, que también impugnaban la decisión del entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, de retirar los acuerdos. El registro del tribunal consigna que el juez Brett Kavanaugh no participó en la decisión.
Qué se discutía
Los acuerdos de 2024, aprobados por los fiscales militares y por la máxima autoridad del Pentágono para Guantánamo, preveían que los acusados se declararan culpables a cambio de una condena a cadena perpetua sin libertad condicional. Austin los anuló y sostuvo que una decisión sobre la pena de muerte en un ataque de esa gravedad solo debía tomarla el secretario de Defensa. Un juez militar había considerado que los acuerdos podían avanzar, pero un panel dividido de la Corte de Apelaciones concluyó que Austin actuó dentro de sus facultades.
Los abogados defensores argumentaron que Austin actuó demasiado tarde. El caso contó con presentaciones de terceros ante la Corte, entre ellas la de familiares de víctimas de Septiembre Once por un Mañana Pacífico. Los familiares de las víctimas estuvieron divididos: algunos sostuvieron que un juicio es el mejor camino hacia la justicia y otros vieron en los acuerdos la mejor esperanza de cerrar un caso largo y doloroso.
Qué decidió la Corte y qué no
El registro oficial consigna la fórmula “Petition DENIED”, que indica que la Corte no aceptó revisar el caso y deja en pie el fallo de la Corte de Apelaciones. La decisión se publicó en una lista de órdenes sin fundamentos ni disidencias públicas. El rechazo no es un veredicto sobre las acusaciones penales: no establece culpabilidad ni contiene una condena.
Con los acuerdos fuera de juego, la pena de muerte sigue siendo una posibilidad para los acusados y el juicio ante una comisión militar está fijado para junio de 2028.
La tortura y las demoras
Un informe del Senado de Estados Unidos de 2014 describió la tortura de Mohammad bajo custodia de la CIA, incluidas 183 sesiones de ahogamiento simulado. Parte de las demoras del proceso se vinculan con ese trato y con la discusión sobre qué pruebas pueden usarse: un juez de la comisión militar resolvió que los fiscales no podían utilizar una presunta confesión que Mohammad habría hecho al FBI en 2007. Uno de sus abogados, Joshua Dratel, sostuvo que el caso está contaminado por la política y por la falta de rendición de cuentas por la tortura.
Veinticinco años después de los atentados, el principal acusado sigue sin ser juzgado. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 causaron la muerte de casi 3.000 personas.
Lo que tenés que saber:
- La Corte Suprema denegó el 19 de octubre la petición de certiorari del expediente 26-13, sin explicar sus razones.
- Los peticionarios querían restituir los acuerdos de 2024, que implicaban cadena perpetua sin libertad condicional.
- Queda firme el fallo de la Corte de Apelaciones que avaló la anulación de Austin.
- Kavanaugh no participó; la pena de muerte sigue siendo posible y el juicio está fijado para junio de 2028.
- El rechazo no equivale a una condena ni a un veredicto sobre las acusaciones.
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