Judiciales ⚖️
Juicio oral para el ex intendente macrista Ducoté
Está acusado por «malversación de caudales públicos» y «violación de los deberes de funcionario público».
En una resolución conocida este jueves, el juez de la causa rechazó la oposición a elevación a juicio presentada por la defensa del ex jefe comunal de Pilar y declaró clausurada la instrucción de la causa. Está acusado por «malversación de caudales públicos» y «violación de los deberes de funcionario público».
El juez federal de Campana Adrián González Charvay elevó este jueves a juicio oral y público el caso por el que fue procesado el ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté (Cambiemos) por «malversación de caudales públicos» y «violación de los deberes de funcionario público» en el manejo de los fondos otorgados por la Nación a ese municipio.
En una resolución conocida este jueves el magistrado rechazó la oposición a elevación a juicio presentada por la defensa de Ducoté, declaró clausurada la instrucción de la causa y la elevó a juicio.
La Justicia federal procesó al exintendente porque estima que hubo «pago de sobreprecios» y «erogaciones» por trabajos que no se concretaron.
En octubre del año pasado, la Cámara Federal de San Martín ratificó el procesamiento del exintendente del PRO de Pilar, Nicolás Ducoté: «Se ha encontrado semiplena prueba para fundar prima facie la responsabilidad del nocente en el hecho que se le imputa», afirmaron en ese momento los jueces de la Sala II Alberto Lugones, Marcos Morán y Néstor Barral en su fallo de más de cien páginas.
Ducoté había sido procesado sin prisión preventiva el 5 de julio del año pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, con embargo sobre sus bienes y prohibición de salir del país, y fue por ello que el exintendente decidió recurrir la decisión ante la Cámara Federal.
La causa se inició en 2019 con la denuncia de una concejal del municipio por administración fraudulenta de fondos recibidos del Gobierno nacional, en ese entonces con Mauricio Macri a cargo de la Presidencia.
Ducoté fue director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) entre 2000 y 2007, luego concejal en Pilar por el PRO, para finalmente ser electo intendente del Municipio entre 2015 y 2019.
La denuncia puso el foco sobre la construcción de una planta de efluentes cloacales en el barrio Peruzzotti y también sobre obras de infraestructura realizadas en el barrio Monterrey y financiadas a través de convenios con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
La Justicia federal procesó al exintendente porque estima que hubo «pago de sobreprecios» y «erogaciones» por trabajos que no se concretaron en ambos barrios, y al mismo tiempo investiga si existió un direccionamiento del plan conocido como «microcréditos», que debía ser utilizado para viviendas o infraestructura de gas y agua.
Ducoté fue director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) entre 2000 y 2007, luego concejal en Pilar por el PRO, para finalmente ser electo intendente del Municipio entre 2015 y 2019.
DDHH
Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei
El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.
175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.
Un consenso al que el país le dio la espalda
La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.
Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.
Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno
Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.
El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.
Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa
La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.
Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.
El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.
Lo que tenés que saber
- El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
- La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
- El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
- En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
- El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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