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Legislativo

Cecilia Moreau será reelecta el jueves como presidenta de la Cámara de Diputados

Moreau, una dirigente que forma parte del Frente Renovador -el espacio político liderado por Sergio Massa-, y que se convirtió en la primera mujer en presidir la cámara, accederá a un nuevo mandato tras haber cumplido con los principales objetivos que se planteó desde que asumiera el pasado 2 de agosto.

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La legisladora del Frente de Todos (FdT) Cecilia Moreau será reelecta hasta diciembre de 2023 como presidenta de la Cámara de Diputados, en una sesión preparatoria que se realizará el próximo jueves y en la que también se renovarán las autoridades que conforman ese cuerpo legislativo.

Moreau, una dirigente que forma parte del Frente Renovador -el espacio político liderado por Sergio Massa-, y que se convirtió en la primera mujer en presidir la cámara, accederá a un nuevo mandato tras haber cumplido con los principales objetivos que se planteó desde que asumiera el pasado 2 de agosto.

La reelección se efectuará en una sesión preparatoria que fue convocada por el secretario parlamentario de la Cámara baja, Eduardo Cergnul, para el jueves a las 11, con el objetivo de designar a las autoridades, según consta en la citación enviada a los legisladores.

Además de ratificar a Moreau, los diputados también confirmarán al vicepresidente primero de la Cámara, Omar de Marchi (PRO); al vicepresidente segundo, José Luis Gioja (FdT), y al radical Julio Cobos, señalaron los voceros del oficialismo y de la coalición opositora de Juntos por el Cambio (JxC).

Aunque no exista renovación parlamentaria derivada de un resultado electoral, la tradición en el cuerpo indica que deben mantenerse los cargos de los diputados que fueron designados a propuesta de sus bloques y sólo se realiza algún cambio si existe una renuncia, como sucedió en el caso de Massa, hoy al frente del Ministerio de Economía.

Uno de los principales desafíos que tuvo que afrontar Moreau fue sancionar la prórroga de impuestos y el Presupuesto 2023, que son claves para la gestión de Massa, luego del traspié sufrido en diciembre del 2021 cuando se rechazó la ley de gastos y recursos diseñada por el exministro Martín Guzmán.

El armado de consensos con los bloques opositores le permitió aprobarlo con 180 votos, ya que fue votada no solo por el FdT sino por los radicales de la dos vertientes que en que se divide la UCR -la bancada clásicia y Evolución Radical-, los interbloques Federal y Provincias y Ser.

Al trazar un balance, Moreau recordó el viernes último que gracias a los consensos con esos bloques el Presupuesto se aprobó con 180 votos positivos y fue «el más votado de los últimos 20 años».

«La Cámara baja recibió el reconocimiento por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) al tratamiento que se le dio, con un debate durante tres semanas y la exposición de nueve ministros y más de 20 funcionarios nacionales, antes de darle la media sanción», señaló en un comunicado.

Si bien este año pudo conseguir los objetivos de sancionar los principales proyectos económicos, como el Presupuesto y la prórroga de impuestos y un conjunto de iniciativas sociales, ahora el oficialismo buscará realizar dos sesiones más: una que podría concretar tras elección de autoridades para debatir un conjunto de iniciativas consensuadas como el régimen de obstetricia; y otra el 14 de diciembre, que tendrá como tema central el proyecto que modifica la ley de Lavado de Dinero y la financiación del terrorismo donde se propone una reforma de la ley 25246, del Código Penal y la creación del Registro de Beneficiarios.

Moreau llegará a la sesión preparatoria del jueves con el logro no sólo de haber sancionado las leyes claves que requiere el Gobierno, sino también con haber formado los consensos -tarea que también realizaba desde su puesto de vicepresidente del bloque- para otras iniciativas de tinte social.

Desde agosto se realizaron siete sesiones con temas de consenso y se pudieron aprobar iniciativas como el Registro de Deudores Alimentarios, la Lengua de Señas y la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores de la salud cuando hacen su quinta guardia.

La lista se contempla con el proyecto para establecer el alcohol cero la creación de un Plan Federal de Capacitación para funcionarios sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la expropiación del edificio de Cromañón para construir un museo de la memoria.

Otros proyectos cuya sanción era reclamada por organizaciones sociales fueron los vinculados a establecer procedimientos médico-asistenciales para la Atención de las Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal; agilizar el trámite del Certificado Único de Discapacidad; la ampliación del programa para tratar en forma preventiva las cardiopatías congénitas y el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana.

Si bien este este año pudo avanzar en un conjunto de proyectos económicos y sociales, quedó pendiente el tratamiento de las iniciativas de renta presunta, de Agroindustria y la creación del Fondo para pagar la deuda con el FMI.

Otro proyecto que resulta poco probable que se pueda tratar este año es el de Ley de Humedales, debido a la falta de acuerdo entre el FdT y JXC, y la falta de consenso con los gobernadores, en especial con aquellos que tienen emprendimientos mineros en sus distritos.

También permanece pendiente el proyecto de creación del Plan de Pago de Deuda Previsional para que unas 800.000 personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes puedan jubilarse.

El texto indica que el plan se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad.

Además, los períodos a incluir en el Plan comprenderán lapsos que sean anterior a diciembre de 2008 inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes.

En el caso de la Unidad de Pago, regirá por el término de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley y podrá ser prorrogado por igual período.

Legislativo

Discapacidad: el Senado sancionó con 71 votos la ley que reemplaza la emergencia

El Senado aprobó con 71 votos afirmativos, tras nueve horas de debate, el régimen permanente que sustituye a la Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre. La ley fija plazos para saldar deudas con prestadores, pero la discusión sobre los fondos quedó abierta.

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El Argentino Diario-Discapacidad.

A poco más de un mes del vencimiento de la Emergencia en Discapacidad, el Senado sancionó con 71 votos afirmativos una ley que la reemplaza por un régimen permanente, aunque la discusión sobre cómo se va a financiar quedó abierta.

La Cámara alta convirtió en ley, tras un debate de nueve horas, el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que Diputados había aprobado en octubre con más de dos tercios (237 votos afirmativos y 9 negativos). El Senado había firmado el dictamen sin cambios respecto del texto de la Cámara baja, lo que permitió la sanción definitiva.

Qué establece la nueva ley

La norma mantiene los ejes principales de la emergencia vigente, pero elimina su carácter transitorio y establece un régimen permanente. También explicita la forma de financiamiento, el motivo por el cual el oficialismo acompañó el proyecto.

Entre los puntos centrales, la ley garantiza la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la actualización de las prestaciones. Además, permite cobrar una pensión no contributiva y tener un empleo registrado, siempre que el sueldo no supere dos salarios mínimos, vitales y móviles. A los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad les reconoce el derecho a un programa médico que garantice las prestaciones básicas de la Ley 24.901.

Otro capítulo sensible es el de las deudas con los prestadores: la norma obliga a notificar un cronograma dentro de los 30 días corridos desde su entrada en vigencia y a prever el pago total dentro de los 90 días corridos para quienes completaron el trámite administrativo.

Un recorrido que empezó con un veto

La emergencia que ahora se reemplaza es la Ley 27.793, que el Congreso sancionó contra la voluntad del Gobierno. El presidente Javier Milei la vetó por completo el 4 de agosto de 2025 y el Senado rechazó el veto el 4 de septiembre de ese año, con 63 votos a favor y 7 en contra. Fue la primera vez desde 2003 que el Congreso rechazaba un veto total. Esa ley declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

El nuevo texto replica casi todo el esquema de aquella norma, pero le quita la fecha de vencimiento. El colectivo de Discapacidad recibió el proyecto con cautela, y en Diputados ocho de los nueve votos negativos fueron de Córdoba, donde organizaciones del sector reclamaron que no fueron consultadas.

La pregunta por los fondos

La senadora radical Mariana Juri advirtió que el Presupuesto 2027 debería tener previstos los fondos para la ley, aunque recordó que ese proyecto fue emitido antes de su sanción. Por eso pidió que la Cámara de Diputados incluya los recursos en el Presupuesto 2027. «No nos conformemos con sancionar esta ley», sostuvo la legisladora.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), había anticipado que esperaban que Diputados incluyera los fondos en el presupuesto antes de enviarlo al Senado. El proyecto dispone que las partidas del Ministerio de Salud destinadas al sistema no podrán caer en términos reales respecto del ejercicio anterior. Sin esos recursos asegurados en el Presupuesto, la letra de la ley corre el riesgo de quedar en una promesa.

Lo que tenés que saber

  • El Senado sancionó con 71 votos afirmativos, tras nueve horas de debate, la ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.
  • La norma reemplaza a la Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre, y establece un régimen permanente.
  • Garantiza la continuidad del CUD y la actualización de las prestaciones, y permite combinar una pensión no contributiva con un empleo registrado hasta dos salarios mínimos.
  • Fija 30 días corridos para notificar un cronograma de pagos a los prestadores y 90 días corridos para el pago total a quienes completaron el trámite.
  • La senadora Mariana Juri pidió que Diputados incluya los fondos en el Presupuesto 2027.
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