Investigación 🔎
Espert apeló el procesamiento por lavado y apuntó contra el juez Mirabelli
El exdiputado libertario presentó dos recursos contra el fallo que le impuso un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país. Dice que no hay pruebas, pero la Cámara ya había rechazado sus planteos de nulidad.
José Luis Espert pidió que otra instancia revise su procesamiento por presunto lavado de dinero y descalificó la decisión del juez con una frase que apunta directo a la Justicia: el fallo, dijo, es “contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”. El exdiputado lo expresó en una nota difundida este martes, el mismo día en que su defensa formalizó la apelación.
Los abogados del ex legislador de La Libertad Avanza presentaron dos recursos de apelación ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, contra el procesamiento que dictó el jueves pasado el juez federal Lino Mirabelli en la causa que investiga lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El fallo alcanzó también a Varianza SA, la empresa de Espert, que según explicó el propio exdiputado fue incluida en la apelación.
Qué resolvió el juez Mirabelli
El magistrado procesó a Espert sin prisión preventiva, le impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. En la misma resolución procesó al contador Mariano Alejandro Cosentino, a quien consideró partícipe necesario del delito de lavado, con un embargo de $700 millones, y a Varianza SA, con un embargo de $500 millones.
La causa investiga el pago de USD 200.000 que Espert recibió en 2020, girado por la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a la organización del empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Estados Unidos. El procesamiento marca un avance en el expediente, pero no equivale a una condena ni define la responsabilidad penal final del exdiputado.
Una defensa que ya perdió otras batallas
Espert sostuvo desde el inicio que el dinero correspondía a tareas de consultoría para la empresa Minas del Pueblo, radicada en Guatemala. El fiscal federal Fernando Domínguez sospecha, en cambio, que esa firma funcionó como pantalla para simular servicios inexistentes, y entre sus argumentos figura que Espert nunca viajó a ese país.
La afirmación de que el fallo está “falto de prueba” choca con un antecedente reciente: la Cámara Federal de San Martín había rechazado los planteos de nulidad de la defensa y dejó firme la investigación. Ese tribunal también rechazó el pedido para recusar al fiscal por supuesta pérdida de objetividad. Será ahora la misma Cámara, tribunal de alzada de los juzgados federales de San Isidro, la que deba resolver las nuevas apelaciones.
El reclamo de “tintes políticos”
Espert renunció a su candidatura en 2025, cuando se hizo pública su relación con Machado y el cobro de esos fondos. Machado, por su parte, reconoció ante la Justicia de Estados Unidos haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero. La causa se originó en una denuncia del dirigente social Juan Grabois, a quien Espert apuntó en forma directa en declaraciones posteriores.
El argumento político con el que Espert intenta deslegitimar el fallo contrasta con el recorrido del expediente, que atravesó planteos de nulidad y de recusación sin que la Justicia frenara la investigación. La discusión de fondo, la validez del contrato de consultoría que justificó los USD 200.000, seguirá en manos de los tribunales.
Lo que tenés que saber
- Espert apeló su procesamiento por presunto lavado de dinero con dos recursos presentados ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro.
- El juez Lino Mirabelli le impuso un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país, sin prisión preventiva.
- También fueron procesados el contador Mariano Cosentino (embargo de $700 millones) y Varianza SA (embargo de $500 millones).
- La causa investiga un pago de USD 200.000 recibido en 2020 desde una firma ligada a Fred Machado.
- La Cámara Federal de San Martín ya había rechazado los planteos de nulidad de la defensa.
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Campana ya no es refugio: el fallo de la Corte rompe la estrategia de la AFA
Durante casi un año, las defensas de la conducción de la AFA empujaron para concentrar sus causas en el juzgado federal de Campana. La Corte habló de una «grosera» violación de las reglas de competencia y devolvió a Rafecas la causa de la mansión de Pilar, aunque el juez podría irse pronto a Casación.
La Corte Suprema no solo cambió de juez la causa por la mansión de Pilar: le puso nombre a lo que pasó durante casi un año. Los supremos dijeron que el traslado del expediente a Campana afectó «de manera severa e inequívoca» la garantía del juez natural y lo calificaron como una «grosera» violación de las reglas de competencia. Con esa frase se cayó la pieza central de una estrategia que la conducción de la AFA venía empujando desde fines de 2025: reunir sus causas en un solo juzgado, lejos de los tribunales porteños especializados en delitos económicos.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja del fiscal ante Casación Mario Villar y dejó sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que en agosto había enviado la investigación al juzgado de Adrián González Charvay con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y la disidencia de Alejandro Slokar. La Corte les reprochó, además, no haber analizado los argumentos de Villar. El expediente vuelve al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, de Daniel Rafecas.
El juzgado que querían los acusados
La pelea por la competencia nunca fue un tecnicismo. El 30 de diciembre de 2025, último día hábil del año, González Charvay pidió quedarse con la causa que tramitaba el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que ya venía avanzando con medidas de prueba, y lo hizo pese a la opinión contraria de un fiscal. Con ese movimiento, la instancia de revisión pasaba a ser la Cámara Federal de San Martín. Según reconstruyó el diario La Nación, el juez de Campana tuvo después el expediente de la mansión durante seis meses sin avanzar sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
En paralelo, Campana fue absorbiendo otras causas sensibles para la entidad: la que había abierto el juez federal Luis Armella, que allanó a la empresa de Javier Faroni y las sedes de la AFA, y la de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Tapia y Toviggino. En esta última, en octubre, González Charvay sobreseyó a familiares y socios del tesorero porque no quedaba ningún fiscal impulsando la acusación, sin analizar la prueba reunida. La unificación en Campana era la estrategia de las defensas, resistida una y otra vez por fiscales y querellantes.
El propio juez la defendió en público: sostuvo que no pueden existir tres o cuatro magistrados investigando los mismos hechos. Pero no todos le dieron la razón. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que procesó a Tapia y a Toviggino por la retención de aportes, rechazó un pedido de González Charvay para quedarse con otra causa por lavado y consideró «prematura» esa unificación.
Por qué la causa es porteña
El argumento para llevar todo a Campana era que la quinta está en Villa Rosa, partido de Pilar. La Corte lo desarmó: sostuvo que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos a través de sociedades, cambios societarios y operaciones con bienes, no solo la compra de un inmueble, y que Pilar «no era en modo alguno el centro de dirección» de esa actividad. Varias de las sociedades tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde también está la sede de la AFA, sobre la calle Viamonte. El tribunal mencionó además una presunta red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025.
La causa se inició con una denuncia de la Coalición Cívica en diciembre de 2025 y busca determinar si fondos de la AFA se desviaron para comprar la quinta, atribuida a Toviggino, y si Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares registrales a través de Real Central SRL, actuaron como testaferros. En el allanamiento del 12 de diciembre de 2025 se secuestraron 54 vehículos de alta gama y de colección. La tasación judicial valuó la propiedad, de unos 105.000 metros cuadrados, en US$ 16.954.000 y los autos en US$ 3.861.100.
Un regreso con fecha de vencimiento
Rafecas, el juez que ordenó aquel allanamiento, retoma ahora la investigación sobre el origen de los fondos y la titularidad real de los bienes. Pero su permanencia no está garantizada: el presidente Javier Milei envió al Senado su pliego para un cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal y, si lo aprueban, la causa quedará en manos de un juez subrogante. Después de casi un año de idas y vueltas, el expediente vuelve al punto de partida con el riesgo de cambiar de manos otra vez.
Lo que tenés que saber
- La Corte anuló el fallo de la Sala I de Casación (Borinsky y Barroetaveña, con disidencia de Slokar) que había enviado la causa a Campana.
- Calificó el traslado como una «grosera» violación de las reglas de competencia que afectó la garantía del juez natural.
- El juzgado de Campana había absorbido otras causas de la AFA, como la de Santiago del Estero y la que allanó a Faroni.
- La tasación judicial valuó la quinta en US$ 16.954.000 y los 54 autos secuestrados en US$ 3.861.100.
- Rafecas retoma la causa, pero Milei lo propuso para la Casación Nacional y podría dejar el juzgado.
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