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Ex embajador argentino en la OEA denunció plan de EEUU para controlar el agua del país

Carlos Raimundi advirtió que el futuro embajador de los Estados Unidos busca controlar recursos hídricos para fracking y criptomonedas, al tiempo que calificó de «coloniales» las declaraciones de Peter Lamelas ante el Senado estadounidense.

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El Argentino Diario-Carlos Raimundi-Peter Lamelas.

El ex embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, cuestionó duramente las declaraciones de Peter Lamelas, propuesto como próximo embajador de Estados Unidos en Argentina, y advirtió sobre un presunto plan para controlar los recursos hídricos del país.

En declaraciones radiales, Raimundi calificó de «colonial e inaceptable» la postura de Lamelas, quien ante el Senado norteamericano expresó su intención de «viajar por las provincias, apoyar al presidente Milei y asegurar que Cristina Kirchner reciba justicia».

«Habla como si fuera el delegado de un rey. Viene a controlar con quién nos vinculamos, cómo se hace justicia e incluso interviene en nuestra soberanía», denunció el exfuncionario.

El plan detrás de las provincias

Raimundi advirtió que detrás del discurso de Lamelas se esconde un intento de «balcanizar la Argentina», debilitando el rol del Estado nacional al proponer relaciones directas con los gobiernos provinciales. «Imagina que las provincias pueden negociar por su cuenta con China o cualquier otro, como si no existiera un proyecto de nación», criticó.

Las declaraciones de Lamelas ante una comisión del Senado estadounidense generaron controversia al asegurar que procurará «limitar la influencia maligna del régimen de Xi Jinping» y que buscará «apoyar» al presidente Milei.

Intereses económicos estratégicos

El exembajador vinculó el desembarco de Lamelas con intereses económicos específicos. «Este hombre no es un diplomático, es un megamillonario cercano a Trump. Su verdadero objetivo es hacer negocios con recursos naturales, especialmente el agua», alertó.

Según información publicada, Lamelas es efectivamente un empresario millonario que fundó MD Now, la red de clínicas de primeros auxilios y emergencias más grande de Florida, que luego vendió.

Raimundi conectó estas intenciones con el proceso de privatización de AySA que impulsa el gobierno de Milei: «No es casual que esto ocurra al mismo tiempo que Milei avanza con la privatización de AySA».

El agua para fracking y criptomonedas

Según el exembajador, detrás de esta movida está el interés de Estados Unidos en controlar las reservas hídricas del país para alimentar industrias específicas: «Vienen por el agua para el fracking, los cultivos intensivos, la minería, y sobre todo, la inteligencia artificial y las criptomonedas».

También apuntó contra Mecorot, la empresa estatal israelí señalada como posible compradora de AySA: «Mecorot hoy controla el suministro de agua para el pueblo palestino. Imaginen si eso pasa acá».

Rechazo político generalizado

Las declaraciones de Lamelas generaron el rechazo de varios gobernadores provinciales, entre ellos Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, quienes expresaron que «no aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos».

Un grupo de diputados propuso declarar persona no grata a Peter Lamelas antes de que asuma como embajador.

Herramientas legales para frenar la privatización

Raimundi llamó a resistir la privatización de AySA recordando que existen instrumentos jurídicos: «Hay un convenio tripartito entre Nación, Provincia y Ciudad que garantiza que la mayoría accionaria de AySA siga siendo estatal. Además, puede requerir mayoría especial en el Congreso».

El exembajador también cuestionó la hipocresía de que Estados Unidos exija justicia en casos como el atentado a la AMIA: «Le recordé a un embajador estadounidense que ellos nunca resolvieron quién mató a Kennedy. No tienen autoridad para darnos lecciones».

«Perdimos la batalla cultural»

Raimundi consideró que muchas de las decisiones que hoy permite el Congreso son consecuencia de una «derrota más profunda»: «Perdimos la batalla cultural. Hoy hay gobernadores y legisladores que aceptan pasivamente estas cosas, por miedo o conveniencia».

Sin embargo, expresó su esperanza de revertir la situación: «Tenemos que volver a construir sentido y trabajar con humildad para explicarle a cada argentino lo que está en juego».

Finalmente, pidió al Parlamento rechazar públicamente las declaraciones de Lamelas: «Es inadmisible que un futuro embajador nos diga con quién comerciar o qué rol debe tener nuestra vicepresidenta. El Parlamento debería pronunciarse en bloque».

Puntos clave:

  • Carlos Raimundi calificó de «coloniales» las declaraciones del futuro embajador de EE.UU. Peter Lamelas ante el Senado norteamericano
  • Advirtió sobre un presunto plan para controlar recursos hídricos argentinos destinados a fracking y criptomonedas
  • Vinculó las intenciones de Lamelas con la privatización de AySA y la empresa israelí Mecorot
  • Varios gobernadores provinciales rechazaron las declaraciones del futuro embajador estadounidense
  • Raimundi recordó que existen herramientas legales para frenar la privatización de la empresa de agua

Cultura

Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías

Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.

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El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.

La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.

Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera

La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.

La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.

El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.

El sector advirtió por el impacto de la derogación

La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.

Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.

En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.

La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.

Advierten por el futuro de las librerías de barrio

Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.

María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».

En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.

Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.

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