Adorni al borde de la indagatoria: el Gobierno ya se resigna al avance judicial

★ El Gobierno nacional reconoció que una citación judicial al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es un escenario «esperable» y se resigna a que la Justicia avance en esa dirección. Según trascendió en ámbitos judiciales, el juez Ariel Lijo podría convocar al funcionario a una declaración indagatoria durante la primera quincena de junio, antes del inicio de la feria judicial de invierno. En paralelo, Adorni prepara la presentación de su declaración jurada patrimonial correspondiente al período 2025, cuyo plazo fue prorrogado hasta el 31 de julio por la Oficina Anticorrupción (OA).

En la Casa Rosada reconocen que «la imagen va a ser fuerte» si el ministro coordinador debe presentarse en tribunales, pero intentan encuadrar ese paso como parte esperable del proceso. En ese caso, cerca del funcionario sostienen que presentará un escrito y se retirará. La apuesta del Ejecutivo es que la declaración jurada le permita a Adorni recuperar la iniciativa discursiva después de semanas a la defensiva.

Un expediente que avanza en dos frentes

La situación judicial del jefe de Gabinete se despliega en dos causas paralelas que tramitan en Comodoro Py. El primer frente, impulsado por el juez Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni: se trata de un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares e incluye operaciones inmobiliarias, refacciones en efectivo y gastos en moneda extranjera que no encuentran respaldo en sus declaraciones oficiales.

El segundo expediente apunta a la posible comisión de negociaciones incompatibles con la función pública y recepción de dádivas, en el marco del viaje que Adorni realizó a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval en un avión privado contratado por el productor televisivo Marcelo Grandio, titular de la productora ImHouse, empresa que mantiene contratos de coproducción con la Televisión Pública.

La periodista Irina Hauser, especializada en justicia, señaló que ve «más probable» un avance en la causa del viaje a Punta del Este, ya que la investigación por enriquecimiento ilícito aún requiere nuevas medidas de prueba.

«Faltan algunos pasos, como que se conozca el resultado de un análisis contable y que él justifique cómo hizo toda su fortuna», precisó Hauser. Para definir una citación a indagatoria, el magistrado aguarda el resultado de las últimas medidas de prueba solicitadas junto al fiscal Pollicita.

El propio Adorni, al presentar su informe de gestión semestral en la Cámara de Diputados el 29 de abril, eludió precisiones sobre su patrimonio y sus viajes privados, amparándose en la confidencialidad de la información aportada a la Justicia. «No cometí ningún delito y lo voy a comprobar en la Justicia», afirmó el funcionario ante el recinto.

El andamiaje de un patrimonio inexplicable

La investigación judicial reconstruye una trama que el propio oficialismo ya no puede ignorar. El eje central es la compra de un departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, escriturado por 230.000 dólares, en la que Adorni declaró haber aportado solo 30.000 dólares iniciales, con el saldo documentado como una deuda con las vendedoras, dos jubiladas cuyos hijos son socios de una desarrolladora inmobiliaria. Uno de ellos reconoció ante la Justicia la existencia de un pago adicional de 65.000 dólares por fuera de la escritura.

A eso se suma el testimonio del contratista Matías Tabar, quien declaró ante el juzgado que las refacciones en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, ascendieron a 245.000 dólares abonados íntegramente en efectivo y sin factura. Entre las mejoras realizadas figuran una pileta con cascada, un quincho con parrilla valuada en 15.000 dólares y baños de lujo con jacuzzi. El mismo Tabar declaró además que Adorni destinó 14 millones de pesos adicionales solo en mobiliario para el departamento de Caballito.

Según el relevamiento de Chequeado, en su última declaración jurada Adorni informó a la OA un patrimonio de 107,9 millones de pesos al cierre de 2024, equivalente a unos 90.000 dólares según la cotización del dólar MEP. La brecha entre esa cifra y el nivel de gastos documentados en la causa constituye el núcleo del expediente.

En 2023, al asumir su cargo, Adorni había declarado bienes por 61 millones de pesos; la valuación de sus activos creció un 76% nominal en pesos, aunque al mismo tiempo las deudas declaradas crecieron un 178% en el mismo período, una inconsistencia que los investigadores examinan con atención.

El juez Lijo también puso la lupa sobre los vínculos entre Adorni y Grandio, para determinar si la productora ImHouse obtuvo contratos irregulares en la Televisión Pública. El magistrado ya ordenó el secuestro de documentación y el peritaje de los dispositivos del productor. Se analiza además la conexión con la denominada Causa $Libra, una estructura de presuntos movimientos financieros irregulares que habría servido para canalizar fondos utilizados en compras inmobiliarias y viajes de placer del funcionario a Punta Cana, Nueva York y Punta del Este, con gastos en moneda extranjera que superan los 27.000 dólares.

La estrategia oficial: herencias, silencio y respaldo presidencial

Desde el entorno del funcionario insisten en que Adorni tiene cómo justificar su situación patrimonial. La apuesta oficial se apoya en una herencia paterna y en ingresos previos de su esposa, la coach ontológica Bettina Angeletti, como argumentos para respaldar parte de los fondos bajo análisis.

Sin embargo, un dato de alto impacto político circula en el interior del Gabinete: Adorni solo mostró su documentación patrimonial al presidente Javier Milei y a la secretaria general Karina Milei. El resto de los ministros no tuvo acceso a los detalles ni a las explicaciones. Pese a esa reserva, el oficialismo intenta proyectar un respaldo político cerrado al funcionario.

La situación de Angeletti también integra el expediente. Se investiga el uso del avión oficial para trasladarla a Nueva York, un recurso del Estado destinado estrictamente a funciones gubernamentales. Asimismo, la Justicia examina si la esposa del funcionario intervino en contratos de consultoría vinculados a empresas del Estado, en el marco del escándalo que afectó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la única integrante del Gabinete en diferenciarse al adelantar la presentación de su propia declaración jurada en medio de la presión pública sobre Adorni. En sectores del oficialismo ese gesto fue interpretado como una señal de autonomía y una presión indirecta sobre el jefe de Gabinete.

Tensiones internas y la causa que alcanzó al hermano

El expediente generó cuestionamientos internos contra el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por los avances de las causas y por la relación del Gobierno con el fuero federal. En la Casa Rosada intentan bajarle el tono a esa discusión, aunque reconocen que el caso se convirtió en una fuente de tensión política permanente dentro de la administración libertaria.

La tormenta judicial se extendió además al entorno familiar. El hermano del jefe de Gabinete, el diputado bonaerense Francisco Adorni, rectificó su propia declaración jurada ante la OA y el ARCA luego de que la Justicia le iniciara una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Francisco reconoció haber consignado una valuación menor a la correcta en su casa de City Bell y declaró una herencia de 21 millones de pesos que no había informado previamente. La causa tramita ante el fiscal federal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas, quien ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Según fuentes al tanto de la investigación, la corrección realizada por el diputado bonaerense abonaría, lejos de despejarlas, las hipótesis sobre las inconsistencias patrimoniales del entorno familiar.

La presión parlamentaria

La acumulación de evidencias también llegó al Poder Legislativo. La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial el 14 de mayo para tratar cuatro proyectos que buscaban interpelar a Adorni por presuntas irregularidades patrimoniales y uso de bienes del Estado. La iniciativa fue impulsada por el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) y obtuvo el respaldo de 122 votos positivos en votaciones previas por apartamiento de reglamento.

El bloque de Unión por la Patria (UxP) anticipó su participación y solicitó ampliar el temario. Frente a ese escenario, el Ejecutivo busca avanzar en paralelo con el tratamiento de pliegos judiciales en el Senado, en lo que en la Casa Rosada consideran una herramienta para recomponer vínculos con sectores del Poder Judicial.

Puntos clave:

• La Justicia federal evalúa citar a Adorni a indagatoria antes de la feria judicial de junio; el Gobierno lo admite como «esperable».
• El patrimonio bajo investigación supera los 840.000 dólares, cifra que contrasta con los 90.000 dólares declarados ante la OA al cierre de 2024.
• El contratista Tabar declaró ante el juez Lijo que las refacciones en el country Indio Cuá costaron 245.000 dólares en efectivo y sin factura.
• Solo Javier y Karina Milei tuvieron acceso a la documentación patrimonial de Adorni; el resto del Gabinete desconoce los detalles.
• Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y diputado bonaerense, rectificó su declaración jurada tras ser investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.