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La Casa Rosada ya no puede disimular: Oria está, Caputo se va corriendo del centro

El vocero presidencial afirmó ante la prensa que el cineasta Santiago Oria se hizo cargo de la comunicación digital en reemplazo del consultor. Pocas horas después, desde su cuenta de X, rectificó sus propias palabras y aseguró que no hubo cambios en el organigrama. La contradicción expuso una interna que el oficialismo intenta disimular.

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El Argentino Diario-Karina Milei-Santiago Caputo.
El lapsus de Ravier: cuando el vocero dijo lo que el Gobierno prefiere callar sobre Caputo.

El vocero presidencial Adrián Ravier encendió un cortocircuito en el corazón de la comunicación gubernamental al confirmar en conferencia de prensa, el martes 25 de agosto, que el cineasta y publicista Santiago Oria reemplazó al asesor Santiago Caputo al frente de la coordinación de la comunicación digital del Poder Ejecutivo. La versión, sin embargo, no duró ni un día: horas más tarde, el propio Ravier debió salir a desdecirse.

«No hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas», escribió el vocero desde su cuenta de X, en un posteo que llegó a destiempo y con un aroma inequívoco a desmentida forzada.

Lo que dijo antes de borrarlo con el codo

En la conferencia de prensa que antecedió a esa aclaración, Ravier había respondido con llamativa franqueza a una repregunta sobre si Oria había ocupado el lugar de Caputo en la cadena de mando comunicacional. «Entiendo que sí. La parte de comunicación digital, lo que no le quita importancia a la figura de Santiago Caputo para este Gobierno», respondió el vocero, en una formulación que pretendía conciliar lo inconciliable: reconocer un desplazamiento sin que sonara como tal.

La declaración fue suficiente para generar alarma en Balcarce 50. Según al menos tres fuentes de la Casa Rosada, el equipo que encabeza Oria funciona desde hace semanas, cuando todavía era Manuel Adorni quien ocupaba la jefatura de gabinete, y se especializa en la avanzada sobre redes sociales con uso intensivo de inteligencia artificial. El grupo integra, además del propio Oria, al influencer Iñaki Gutiérrez, al menor de los Menem, Sharif Menem, y al ex director de juventudes porteñas Fabián Pereyra, proveniente del entorno de Diego Santilli.

Caputo sigue, pero sin el centro de la escena

En las filas oficialistas no niegan la existencia de esa mesa paralela, pero insisten en que Caputo sigue siendo el eje de la estrategia comunicacional. La evidencia más citada en los pasillos de Balcarce 50: el propio lunes previo a la conferencia, el consultor habría auxiliado a Ravier en la preparación de sus declaraciones. El argumento, sin embargo, tiene el problema de todo argumento en off: no deja rastro público y convive con el dato concreto de que fue el propio vocero presidencial quien, ante los micrófonos, avaló el relevo.

Lo que sí admiten las fuentes oficialistas es que Las Fuerzas del Cielo, la red de militancia digital que catapultó a Milei durante la campaña de 2023, perdieron terreno en el ecosistema virtual. «Perdieron espacio en el ecosistema, que ahora parece estar mucho más disperso que antes», sostuvo una fuente oficialista. «El plano de las redes empezó a ser ocupado por otros sectores. Era lógico», sumó otra voz del espacio violeta. Algunos de sus propios integrantes reconocen haberse «relegado del mileísmo».

Juan Doe: el que más ganó con el desliz de Ravier

Donde las declaraciones del vocero sí dejaron una víctima clara y un beneficiario nítido fue en la figura de Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe. Carreira se desempeña como director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia y maneja la Oficina de Respuesta Oficial, una herramienta clave en el esquema de guerra informativa que lleva adelante el Gobierno. Su nombre emergió en la cobertura previa de este medio en el marco del caso Cerimedo, dado que fue socio fundador del ex asesor en La Derecha Diario y continuó en funciones pese a ese vínculo. Tras los dichos de Ravier, voces del entorno presidencial ironizaron: «El que debe estar contento es Doe con esa declaración».

La referencia no es inocente. Si el organigrama queda tal como lo dibujó Ravier antes de la rectificación, Carreira quedaría reportando a Oria en lugar de a Caputo, lo que representaría una reconfiguración de la cadena de mando que el oficialismo no está dispuesto a reconocer formalmente.

Milei, en modo trinchera digital

El episodio ocurre mientras el presidente Javier Milei mantiene una actividad frenética en su cuenta de X, con una agenda marcada por ataques al periodismo y a los economistas que cuestionan su programa. En los últimos días, Milei negó que la población «no llegue a fin de mes» y arremetió contra todos los sectores que plantean dudas sobre los resultados de su gestión económica. Según trascendió, esos mensajes no fueron coordinados con el consultor Caputo, lo que alimenta la lectura de que el presidente opera con creciente autonomía respecto de su estratega histórico.

La contradicción en voz alta de Ravier, su desmentida posterior y el silencio de Caputo configuran un cuadro donde la comunicación oficial no logra comunicar ni su propia estructura de poder. En un gobierno que hizo de la narrativa su principal activo político, esa fisura no es menor.

Puntos clave

  • El vocero Ravier confirmó en conferencia de prensa que Oria reemplazó a Caputo en la coordinación digital, y horas después lo desmintió desde su cuenta de X.
  • El equipo de Oria opera desde hace semanas con inteligencia artificial e incluye a Iñaki Gutiérrez, Sharif Menem y Fabián Pereyra.
  • Fuentes de Balcarce 50 insisten en que Caputo sigue al frente de la línea comunicacional, pero no ofrecen evidencia pública.
  • Las Fuerzas del Cielo reconocen haber perdido terreno en el ecosistema digital que antes dominaban.
  • Los últimos mensajes de Milei en X no habrían sido coordinados con Caputo, según trascendió.

Economía 💲

Milei y Galperín se montaron en un operativo de un lobbista del PRO para escapar del debate sobre las tasas

Un ex asesor del macrismo que hoy trabaja para Mercado Libre difundió un informe que minimiza la mora de la fintech y desvía la atención de las tasas abusivas que cobra. Javier Milei y el propio Galperín lo viralizaron como si la publicación fuera ajena a sus intereses. Todo esto, mientras la empresa recibe decenas de millones de dólares en subsidios en Argentina y tributa casi cero en una zona franca de Uruguay.

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Subsidios, evasión y operaciones encubiertas: el modelo de negocios de Galperín que Milei protege con insultos.

En el marco del debate público sobre la mora récord que registran las familias argentinas que recurren al crédito de consumo para subsistir, el presidente Javier Milei y Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, protagonizaron una operación coordinada para descomprimir el escrutinio sobre las tasas de interés que cobra la empresa. El mecanismo fue el siguiente: Matías Fernández, un ex asesor del macrismo que hoy integra la consultora Pública, cliente de Mercado Libre, publicó un extenso hilo en la red social X titulado «Todo lo que querías saber de la mora (pero tenías miedo de preguntar)», en el que sostuvo que la mora de Mercado Pago es de apenas el 3% y ubicó el problema en los bancos tradicionales. El documento incluye un apartado que lo dice todo: «Mercado Pago es el mejor alumno, no el peor».

Horas después, Galperín calificó el análisis como «serio y bien hecho» y lo recomendó a sus seguidores. Milei, por su parte, lo usó para atacar a los periodistas que cubrieron el fenómeno de la mora: «Deja en evidencia la opereta. Esto muestra que los periodistas que se han dedicado a agitar el tema son imbéciles con déficit de IQ y/o son unas mierdas humanas mentirosas», publicó el Presidente en sus redes. La estrategia fue clásica: el mensaje que los beneficia circuló primero; luego, ambos se montaron en él como si fuera ajeno.

El nexo PRO detrás del informe

Matías Fernández no es un analista independiente. Fue Jefe de Asesores de Francisco «Pancho» Cabrera en el ministerio de Producción y Comercio durante la gestión de Mauricio Macri, y uno de los artífices de la estrategia digital del «Sí se puede» en 2019, cuando el ex presidente intentó revertir su derrota en las PASO. En ese marco impulsó el grupo de WhatsApp «Nuestra Voz», que reunió a empresarios para hacer campaña viral por Macri, y fue allí donde estrechó vínculos con Galperín, figura central de esa iniciativa. Hoy, Fernández es socio de la consultora Pública, cuya cartera de clientes incluye a Mercado Libre y a Globant. Es decir, el mismo hombre que publicó el informe exculpatorio trabaja para la empresa a la que el informe exculpa.

La respuesta del CEPA: diez puntos que el informe no puede rebatir

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) respondió con precisión a cada uno de los argumentos del documento de Fernández. La refutación expone los sesgos y ocultamientos deliberados del informe que Galperín y Milei salieron a amplificar.

El primer problema es estructural: el informe evita mencionar la caída del poder adquisitivo como causa de la morosidad. En los últimos dos años y medio, las tarifas se incrementaron 850%, el transporte público cerca de 1.500% según la jurisdicción y los salarios apenas el 300%. Omitir ese dato no es un descuido; es una elección política. El endeudamiento de los hogares postergó el efecto negativo del ajuste sobre los ingresos, y ese efecto se percibe hoy con más fuerza en la imposibilidad de pago de las personas.

El segundo punto refuta el argumento de que «más gente cumple porque más gente se financia». Según el análisis del CEPA, desde la asunción de Milei los nuevos morosos superan a los nuevos deudores: 2,6 millones de personas dejaron de pagar contra 1,5 millones que tomaron deuda nueva en el mismo período. Con Milei, es más la gente que cayó en mora que la que ingresó al sistema.

El tercer elemento es el más revelador sobre el negocio real de la empresa. El informe de Fernández presenta el sistema de scoring de Mercado Libre como «probablemente el mejor sistema de riesgo de América Latina y uno de los mejores del mundo». El CEPA lo traduce: ese scoring es el mecanismo que le permite a la empresa cobrar más a quien tiene mayor necesidad urgente, no protegerlo. Si el perfil de riesgo es alto, la tasa sube; no baja. Y con tasas de entre 76% y 1.375% de Costo Financiero Total, cualquier incumplimiento queda más que compensado.

El cuarto elemento es la omisión más elocuente del documento: en ningún momento se mencionan los niveles de tasa ni el Costo Financiero Total que cobra Mercado Pago. La razón es obvia: esos números van del 76% al 1.375% anual. Con esos datos a la vista, el relato del «mejor alumno» se derrumba. El CEPA señala además que Mercado Pago controla el 60% del segmento fintech con créditos a 6,5 millones de personas, y opera con prácticas de monopolista de primer grado: cobra a cada usuario el precio máximo que está dispuesto a pagar, capturando todo el excedente del consumidor.

El quinto punto desmonta el argumento demográfico. El informe atribuye parte del problema de mora a los jóvenes que «ingresaron al sistema financiero». El CEPA muestra que los más afectados son personas de entre 24 y 54 años, es decir jefas y jefes de familia que tuvieron que afrontar los gastos cotidianos de un hogar. El 70% de los casos de morosidad corresponde a esa franja etaria, no a jóvenes que se endeudaron para irse de vacaciones o comprar televisores para el Mundial, como el relato oficialista intentó instalar en sucesivas ocasiones.

La refutación territorial también es contundente. Para desligar la morosidad del nivel de ingresos, el informe usa el ejemplo de la ciudad de Concordia como caso testigo. El CEPA responde con datos provinciales: La Rioja, Catamarca, San Luis y Tucumán registran una tasa de morosidad del 36,1%, contra el 29,8% del promedio nacional, y sus salarios medios están un 20% por debajo de la media del país. La vinculación entre ingreso y mora es incontestable, y el ejemplo de Concordia no la refuta.

El CEPA señala también que el bajo ratio de irregularidad que muestra Mercado Libre no refleja necesariamente una cartera más sana: la empresa se deshace rápidamente de su cartera morosa, algo que las fintech más pequeñas no pueden hacer. Esa operación se realiza con empresas del propio grupo, lo que mejora artificialmente los resultados de sus activos. La Cámara Fintech, que comanda Galperín, debería dar explicaciones a sus socios más pequeños al respecto.

Un dato adicional expone la contradicción interna del propio gobierno. El entonces Jefe de Gabinete Manuel Adorni sostuvo ante el Congreso que la alta morosidad en billeteras virtuales se debe a que estas entidades atienden a trabajadores independientes con ingresos informales. Escribió textualmente que «las personas con ingresos menos estables inciden, en virtud de la evaluación de riesgo, en el monto medio de los préstamos otorgados y sobre las tasas de interés, en general, a mayor riesgo de crédito, mayor tasa». Es decir, el propio gobierno reconoció por escrito lo que el informe pagado por Galperín niega.

Subsidios en Argentina, tributación casi cero en Uruguay

La operación comunicacional se desplegó sobre un trasfondo que el relato oficial sistemáticamente omite. Según datos que la propia Mercado Libre publica en la SEC (la Comisión de Valores de los Estados Unidos), la empresa recibió en la primera parte de 2025 unos 51 millones de dólares en beneficios fiscales en Argentina, al amparo de las leyes de empresas tecnológicas y economía del conocimiento. En el mismo período del año siguiente ese monto fue de 42 millones de dólares. El Estado que Milei dice achicar financia con quitas impositivas millonarias a la empresa de su aliado predilecto.

Al otro lado del Río de la Plata, el esquema se completa. Galperín se radicó impositivamente en Uruguay en 2002 y se mudó allí de manera plena en 2019, tras la derrota de Macri. Mercado Libre opera desde la zona franca Aguada Park, frente al puerto de Montevideo, donde también se instaló Globant. Las zonas francas uruguayas ofrecen exención de impuestos sobre importaciones, libre repatriación de utilidades y una garantía legal expresa: si el Estado modifica los beneficios, debe indemnizar a las empresas por los perjuicios generados. En ese esquema, la empresa maximiza beneficios fiscales en Argentina y minimiza su carga tributaria en Uruguay. La combinación es perfecta para quienes diseñan negocios desde la captura estatal, no desde el libre mercado que predican.

El Estado que no controla y avala el negocio

Lo que emergió con el episodio del informe de Fernández no es solo una maniobra de relaciones públicas. Es la expresión de una relación estructural entre el poder político y el poder económico concentrado: un gobierno que desregula, subsidia y protege a las grandes plataformas financieras, y que además sale a defenderlas activamente cuando el periodismo critica sus prácticas. Milei no se limitó a ignorar el debate sobre la mora; utilizó su poder de amplificación para atacar a quienes lo plantearon. Galperín no agradeció el informe en silencio; lo amplificó con su audiencia millonaria. Y el autor del informe trabaja para la empresa beneficiada. El triángulo es cerrado y funcional. El CEPA cerró su respuesta con una pregunta que nadie del oficialismo respondió: ¿qué otra cosa les impide ver el problema de la morosidad; será la billetera de Galperín?

Puntos clave

  • Matías Fernández, ex asesor del ministerio de Macri y socio de una consultora cliente de Mercado Libre, publicó el informe que Galperín y Milei viralizaron como si fuera independiente.
  • El CEPA refutó el documento: con Milei cayeron en mora 2,6 millones de personas, más que los 1,5 millones que tomaron deuda nueva en el mismo período.
  • Mercado Pago cobra tasas de entre el 76% y el 1.375% anual de Costo Financiero Total, dato que el informe de Fernández omite deliberadamente.
  • La empresa recibió en 2025 unos 51 millones de dólares en beneficios fiscales en Argentina, según sus propios reportes a la SEC de Estados Unidos.
  • Mercado Libre opera desde una zona franca uruguaya con tributación mínima y garantías legales de indemnización si el Estado modifica los beneficios.
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