Por Martín Cabrales

El Deliberante, a instancias de los concejales que responden al intendente en uso de licencia, Juan Zabaleta – y en diálogo permanente con el resto de las fuerzas políticas que lo integran-, logró que el pliego especifique que el contrato tendrá una vigencia de 6 años y no 10 años como pretendía el intendente interino Damián Selci.

Y la otra modificación crucial, es que el contrato estará sujeto a revisión por parte del Deliberante, órgano contralor en esta materia.

La propuesta inicial de Selci era la de licitar un contrato por 10 años en lugar de los usuales 5 (como el contrato vigente celebrado por Juan Zabaleta en 2017) y por un monto de 21.600 millones de pesos (160 millones de dólares).

Pese a la magnitud de la propuesta, la administración Selci impuso un tratamiento exprés y el pliego solo estuvo 4 días en el Concejo Deliberante, tiempo que dejaba sin ninguna oportunidad al necesario debate entre las fuerzas políticas sobre el modelo de recolección de residuos que necesita Hurlingham.

Más si se tiene en cuenta, que Selci pretendía imponer un pliego de contrato que iba a afectar tres mandatos, incluido el actual turno.

En otra polémica decisión, la administración Selci redactó el pliego de tal manera para que el expediente con el contrato nunca volviera al Concejo Deliberante para su revisión, como lo exige la ley.

Una inadmisible delegación de facultades, justo en el contrato más importante que celebra la administración local.

Fue entonces, cuando a instancias de los concejales cercanos al intendente en uso de licencia Juan Zabaleta y en diálogo permanente con todas las fuerzas políticas que integran el Concejo Deliberante, se corrigieron estos desvíos y finalmente la recolección se licitará por un plazo de 6 años y luego de su trámite será examinado por los representantes del pueblo de Hurlingham para convalidarlo o rechazarlo según convenga a los intereses de toda la comunidad.

Como expresó uno de los ediles preocupados por el tema : “Este tema siempre se resolvió en el Concejo, tanto las licitaciones como las prórrogas, porque es lo que corresponde. Un contrato de esta magnitud no puede tener un tratamiento tan breve ni salir a presión, porque se lleva el 20% de los recursos municipales y tiene que tener los acuerdos y consensos políticos necesarios.

Tenemos un buen antecedente en el último contrato y esas prácticas deben profundizarse: debate público, construcción de los consensos, trabajo entre oficialismo y oposición, apertura pública de las propuestas. Ese es el camino.», concluyó.