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Denuncia

Una entrevista a Maslatón derivó en una nueva denuncia penal contra Milei por $Libra

El abogado Javier Baños presentó ante la justicia federal una denuncia basada en las declaraciones públicas de Carlos Maslatón, quien vinculó al jefe de Estado con la criptoestafa $LIBRA, el esquema CoinX y una trama de endeudamiento que habría beneficiado a operadores financieros privados. La presentación solicita la citación del abogado libertario como testigo y el entrecruzamiento de causas ya abiertas.

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De YouTube a la justicia federal: cómo los dichos de Maslatón alimentan una nueva causa contra los Milei.

Una entrevista a Carlos Maslatón, disponible en YouTube, se convirtió en el disparador de una nueva denuncia penal contra Javier Milei y su entorno. El abogado Javier Ignacio Baños, por derecho propio, presentó la acción ante la justicia federal para que se investigue si las afirmaciones formuladas por Maslatón sobre el funcionamiento del Gobierno libertario tienen sustento probatorio y si de ellas puede derivarse la comisión de delitos de acción pública. La presentación, que Baños denominó expresamente «noticia criminis», no formula imputaciones concluyentes sino que solicita que el Poder Judicial abra la investigación con la profundidad que la gravedad institucional de los dichos exige.

La entrevista que originó la denuncia se realizó en el canal de YouTube del intendente de Castelli, Francisco Echarren, publicada el 17 de agosto, y se extendió durante alrededor de una hora. Echarren presentó el encuentro como una conversación entre «un peronista y un liberal» y recorrió, además de los tramos económicos y judiciales que motivaron la denuncia de Baños, otros temas como la salud mental del presidente y la situación política del país. En ese pasaje, ante la consulta directa del intendente sobre si Milei está «en condiciones mentales para gobernar», Maslatón respondió que no, y sostuvo que existiría, a su criterio, una «causal de remoción constitucional», aunque aclaró que actualmente no estarían dadas las condiciones para activarla.

Lo que dijo Maslatón y por qué importa

En la entrevista que motivó la denuncia, Maslatón, abogado con actuación en espacios políticos liberales y conocido del entorno presidencial, aunque con críticas, formuló una serie de afirmaciones de alto voltaje institucional. Sostuvo que el caso $LIBRA habría constituido una estafa financiera armada desde la Presidencia de la Nación y que el presidente Milei habría tenido conocimiento previo de la maniobra, difundiéndola desde su posición institucional con un posible beneficio económico de por medio. También relacionó al ministro de Economía Luis Caputo con decisiones de endeudamiento que habrían generado un perjuicio patrimonial de enorme magnitud para el Estado y para la población, en beneficio de sectores vinculados a mesas de dinero.

Otro tramo sensible de la entrevista involucró a CoinX. Según sus dichos, Maslatón habría advertido personalmente a Milei sobre el riesgo de fraude o esquema Ponzi de esa plataforma cripto, y el entonces candidato le habría respondido que percibía un beneficio económico por su promoción. La denuncia no afirma que esa conversación haya ocurrido ni que sea verdadera, pero pide investigar si existió un patrón de conducta vinculado a la promoción de instrumentos financieros a cambio de contraprestaciones económicas, en una secuencia que iría desde CoinX hasta $LIBRA.

El denunciante también apunta a Karina Milei. Maslatón la definió, según trascendió de la entrevista, como una especie de «presidenta adjunta» de hecho, con «poder de veto» sobre personas y medidas de gobierno. En ese marco, la denuncia pide investigar si la Secretaría General de la Presidencia tuvo alguna intervención formal o informal en los hechos vinculados al caso $LIBRA, incluyendo reuniones con operadores financieros, ingresos a Casa Rosada y utilización de recursos del Estado.

El FMI, Caputo y la deuda como posible instrumento de fraude

Un capítulo central de la presentación judicial se ocupa de las afirmaciones de Maslatón sobre el endeudamiento público. Según sus dichos, ciertos créditos y desembolsos, incluidos los del Fondo Monetario Internacional, habrían sido utilizados para fines distintos de los formalmente declarados: facilitar la salida de capitales, sostener artificialmente variables financieras o permitir el retiro de actores económicos del mercado argentino. La denuncia solicita que se determine el destino efectivo de los fondos obtenidos mediante el programa suscripto en abril de 2025, que implicó un desembolso inicial de 12.000 millones de dólares, inédito en la historia de acuerdos de ese tipo con el organismo. También pide que se requieran a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Economía todos los informes, dictámenes y comunicaciones relacionadas con la política cambiaria, las tasas de interés, el uso de reservas y los eventuales beneficiarios privados de esas decisiones.

La conexión con $LIBRA y ANDIS: causas que ya tramitan

La denuncia de Baños no nace en el vacío. Explicita que los dichos de Maslatón se vinculan con investigaciones federales ya en curso. El caso $LIBRA, que tramita ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, investiga la presunta criptoestafa que habría perjudicado a miles de inversores luego de que Milei promocionara el token desde su cuenta oficial de X en febrero de 2025. La causa ANDIS, por su parte, investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Baños pide el entrecruzamiento de información entre ambas causas, la de CoinX y toda otra actuación federal que pudiera guardar relación con los hechos mencionados en la entrevista, incluyendo pericias contables, financieras e informáticas y análisis de trazabilidad blockchain.

La calificación legal provisoria que propone el denunciante abarca un amplio espectro del Código Penal: cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, defraudación contra la Administración Pública, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, malversación de caudales públicos, peculado, encubrimiento y asociación ilícita, entre otros tipos penales. La denuncia fue presentada con reserva del caso federal para el supuesto de que se rechace liminarmente o se archive de manera prematura.

Un patrón que se repite: más denuncias, más causas

La presentación de Baños se suma a una acumulación de acciones judiciales que van cercando al Gobierno libertario desde múltiples flancos. La diputada Marcela Pagano ya había solicitado la detención del jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia en la causa por enriquecimiento ilícito que conduce el juez Ariel Lijo junto al fiscal Gerardo Pollicita, con un patrimonio investigado que supera los 840.000 dólares. Los sindicatos aeronáuticos denunciaron penalmente a Milei y Caputo por la valuación de Intercargo en el marco del proceso de privatizaciones. Y los querellantes en la causa $LIBRA impulsaron una denuncia por encubrimiento contra el propio fiscal federal Eduardo Taiano. La arquitectura judicial que rodea al Gobierno crece con cada semana que pasa, mientras la Casa Rosada descarta las acusaciones como «lawfare» y el Poder Judicial avanza con ritmos propios.

Puntos clave

  • El abogado Javier Baños presentó una denuncia penal federal basada en declaraciones públicas de Carlos Maslatón sobre $LIBRA, CoinX, Luis Caputo y el rol de Karina Milei.
  • La entrevista se realizó en el canal de YouTube del intendente de Castelli, Francisco Echarren, publicada el 17 de agosto.
  • Maslatón afirmó públicamente que $LIBRA habría sido una estafa financiera armada desde la Presidencia y que Milei habría tenido conocimiento previo.
  • La denuncia solicita la citación de Maslatón como testigo y el entrecruzamiento de información con las causas $LIBRA y ANDIS.
  • La calificación legal provisoria abarca cohecho, defraudación contra el Estado, malversación, encubrimiento y asociación ilícita, entre otros delitos.

Denuncia

“No hay delito”: el Gobierno da por cerrado el caso Bolsonaro antes de que la Justicia responda

Con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra todavía fresco, el oficialismo descuenta que la denuncia por la salida de Flávio Bolsonaro vía Puerto Iguazú no pasará de una etapa preliminar. La fiscal Paloma Ochoa, sin embargo, aún espera datos que podrían definir si hubo incumplimiento de funciones.

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El Argentino Diario-Santiago Caputo.
Fuga de Bolsonaro: qué medidas pidió la fiscal Ochoa y por qué el Gobierno cree que la causa no avanzará.

“No hay delito”, repiten en el oficialismo, aunque la Justicia todavía no respondió la pregunta central: si las autoridades argentinas sabían que Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil.

La frase resume el estado de ánimo de la Casa Rosada respecto de la denuncia que presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El expediente tramita en Comodoro Py, en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, y por ahora es solo una investigación preliminar, una instancia previa a una pesquisa formal. Según trascendió de operadores judiciales cercanos al Gobierno, en el oficialismo consideran que no existen posibilidades de que se abra una causa “real” sobre el ingreso y la salida de Bolsonaro.

El recorrido de Bolsonaro y las sospechas sobre el Gobierno

El senador y excandidato presidencial brasileño, que perdió el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, dejó su país el martes por la noche y cruzó a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, Misiones. Según confirmó la Cancillería argentina, ingresó por vía terrestre a las 22:50. Recorrió luego poco más de 20 kilómetros hasta el Aeropuerto Internacional Iguazú, donde abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly rumbo a Estados Unidos.

Las denuncias que llegaron a los tribunales recogen las sospechas que circularon en los medios en los últimos días: desde una supuesta cooperación política de Milei hasta menciones al asesor Santiago Caputo por una aparente colaboración operativa. También alcanzan a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), por los trámites migratorios y la presunta asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El viernes, el diputado nacional Esteban Paulón amplió una presentación que había hecho en Comodoro Py y apuntó contra el titular de esa fuerza y contra integrantes del Ente Binacional Yacyretá, que habrían tenido alguna participación en la trama.

Los dos argumentos que sostienen la confianza oficial

El Gobierno se apoya en dos elementos. El primero es que la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú desestimó una denuncia por el ingreso del excandidato al país al concluir que no hubo irregularidades en el accionar migratorio, decisión que respaldó la Fiscalía de Revisión. El segundo es que en Buenos Aires todavía no existe una causa formal. La fiscal Ochoa no impulsó la investigación apenas recibió la denuncia: le sugirió a la jueza Capuchetti una serie de medidas preliminares para definir, a partir de sus resultados, si corresponde avanzar hacia una pesquisa más amplia sobre las eventuales responsabilidades de funcionarios.

Esas medidas incluyen un exhorto al Gobierno nacional para que preserve las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Iguazú de los días 27 y 28 de octubre, y pedidos de informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles al avión de Baires Fly en el que Bolsonaro viajó con su familia y sobre los pasajeros que abordaron.

La pregunta que todavía no tiene respuesta

Una de las medidas más importantes apunta a determinar si las autoridades argentinas recibieron algún exhorto o aviso sobre la situación judicial de Bolsonaro y la prohibición de abandonar el país que dispuso el juez Alexandre de Moraes. Ese dato es central para establecer un eventual incumplimiento de funciones por parte de funcionarios argentinos, y es justamente el que el oficialismo no explicó.

Por ahora, Migraciones sostuvo que no existía “ningún impedimento legal” para el ingreso, algo que el jueves ratificó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Del lado brasileño, la Policía Federal informó que no constan registros de la salida de Bolsonaro y su familia, a pesar de que De Moraes también había dispuesto insertar una alerta migratoria en el sistema Sonar, que se usa en ese país para controlar los desplazamientos internacionales.

Las autoridades brasileñas aclararon además, en un mismo comunicado, que una restricción vinculada con los documentos de viaje no alcanza por sí sola para considerar fugitivo a alguien ni para autorizar un arresto, una vigilancia permanente u otras medidas cautelares. Ese punto explicaría por qué Migraciones no encontró alertas ni impedimentos en la madrugada del miércoles, cuando Bolsonaro y su familia ya volaban rumbo a Miami.

Lo que viene en Comodoro Py

La semana próxima podría haber una definición sobre la denuncia de Solano. Una vez que llegue la información requerida, lo esperable es que Capuchetti se la remita a la fiscal Ochoa, quien deberá dictaminar si corresponde impulsar la investigación y, en ese caso, proponer medidas de prueba. La fiscal también puede pedir la desestimación de la denuncia si no encuentra elementos. Hasta entonces, la tranquilidad oficial descansa en una expectativa y no en una resolución judicial.

Lo que tenés que saber:

  • En el Gobierno aseguran que “no hay delito” y confían en que la denuncia de Gabriel Solano no prospere.
  • La fiscal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares y todavía no impulsó una investigación formal.
  • La Fiscalía de Puerto Iguazú desestimó otra denuncia por falta de irregularidades migratorias, y la Fiscalía de Revisión respaldó esa decisión.
  • Una de las medidas clave busca saber si Argentina recibió aviso de la prohibición de salida dictada por Moraes.
  • La semana próxima podría haber una definición sobre si la causa avanza o se desestima.
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