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Negacionismo: repudian a Valenzuela por impedir colocar Baldosas por la Memoria

El rechazo partió desde el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, hacia el intendente de Tres de Febrero.

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El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, repudió hoy la decisión del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (JxC), de no permitir «la recolocación de las baldosas por la Memoria» y afirmó que «no se consigue» una actitud «más negacionista «.

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«Acompañamos a los vecinos de Santos Lugares y repudiamos al intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, que destruyó y no permite la recolocación de baldosas por la Memoria donde figuran los nombres de los desaparecidos. Más negacionista no se consigue!», sostuvo el funcionario a través de su cuenta personal de Twitter.

En sus declaraciones adjuntó un posteo del concejal por el Frente de Todos en Tres de Febrero Juan Debandi, quién aseguró que el intendente los «amenazó públicamente» porque «quiere impedir que recoloquen una baldosa por la memoria».

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Las baldosas por la memoria fueron instaladas el 3 de diciembre del 2016 en la Plaza Illia, del municipio de Santos Lugres, partido Tres de Febrero.

Esta decisión se tomó como parte de una resolución de Tres de Febrero que establece que se declara de «interés legislativo» la colocación de placas y baldosas por la Memoria, la Verdad y la Justicia en homenaje a los vecinos desparecidos del distrito.

Según explicó Debandi, las baldosas fueron retiradas a finales del 2020 por pedido del Poder Ejecutivo municipal para hacer una remodelación de la plaza pública.

«A finales del 2020, el Ejecutivo municipal nos pidió que retiremos la baldosa para remodelar la Plaza Illia de Santos Lugares. Nosotros así lo hicimos, pero les aclaramos que la misma sería recolocada. En marzo de 2022, en el marco de una reunión con el bloque de concejales de JxC, se les informó que dicha baldosa sería recolocada. Ellos quedaron en pedirle al Poder Ejecutivo un interlocutor para resolver con nosotros todas las cuestiones vinculadas. Eso nunca sucedió por parte de ellos», explicó el concejal.

A esto le sumó que en marzo de este año hicieron público que la colocarían y nadie de la gestión local se contactó.

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«El sábado 18 de marzo procedimos a confeccionar la base para su recolocación y los empleados municipales lo destruyeron. Ahora el intendente montó una campaña mediática en nuestra contra y nos amenaza», advirtió.

Por su parte, el intendente hizo un descargo ayer a través de una serie de tweets dónde calificó de «fascista» que «alguien se sienta con más derecho que otro a hacer un monumento sin permiso y violando las instituciones».

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«Más allá del mensaje o los contenidos, no se puede realizar una obra en el espacio público sin respaldo legal y por fuera de las instituciones municipales», dijo Valenzuela desde su cuenta personal de Twitter.

Además, indicó que la municipalidad procedió a retirarlo por «ser una acción autoritaria e inconsulta» y que «las plazas son de los vecinos, no de la política, sea cual fuere la causa».

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Desde los concejales del Frente de Todos expusieron que estos son hechos «antidemocráticos y negacionistas».

«No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes», concluyeron.

Buenos Aires

A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta

El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.

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El Argentino Diario-Jorge Julio López.
El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.

Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».

El testigo que incomodaba al poder

La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.

Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.

La desaparición en democracia

El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.

Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.

Veinte años, cero respuestas

La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.

Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.

Lo que tenés que saber

  • El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
  • Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
  • Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
  • La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
  • A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
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