DDHH
Negacionismo: repudian a Valenzuela por impedir colocar Baldosas por la Memoria
El rechazo partió desde el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, hacia el intendente de Tres de Febrero.
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, repudió hoy la decisión del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (JxC), de no permitir «la recolocación de las baldosas por la Memoria» y afirmó que «no se consigue» una actitud «más negacionista «.
«Acompañamos a los vecinos de Santos Lugares y repudiamos al intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, que destruyó y no permite la recolocación de baldosas por la Memoria donde figuran los nombres de los desaparecidos. Más negacionista no se consigue!», sostuvo el funcionario a través de su cuenta personal de Twitter.
En sus declaraciones adjuntó un posteo del concejal por el Frente de Todos en Tres de Febrero Juan Debandi, quién aseguró que el intendente los «amenazó públicamente» porque «quiere impedir que recoloquen una baldosa por la memoria».
Las baldosas por la memoria fueron instaladas el 3 de diciembre del 2016 en la Plaza Illia, del municipio de Santos Lugres, partido Tres de Febrero.
Esta decisión se tomó como parte de una resolución de Tres de Febrero que establece que se declara de «interés legislativo» la colocación de placas y baldosas por la Memoria, la Verdad y la Justicia en homenaje a los vecinos desparecidos del distrito.
Según explicó Debandi, las baldosas fueron retiradas a finales del 2020 por pedido del Poder Ejecutivo municipal para hacer una remodelación de la plaza pública.
«A finales del 2020, el Ejecutivo municipal nos pidió que retiremos la baldosa para remodelar la Plaza Illia de Santos Lugares. Nosotros así lo hicimos, pero les aclaramos que la misma sería recolocada. En marzo de 2022, en el marco de una reunión con el bloque de concejales de JxC, se les informó que dicha baldosa sería recolocada. Ellos quedaron en pedirle al Poder Ejecutivo un interlocutor para resolver con nosotros todas las cuestiones vinculadas. Eso nunca sucedió por parte de ellos», explicó el concejal.
A esto le sumó que en marzo de este año hicieron público que la colocarían y nadie de la gestión local se contactó.
«El sábado 18 de marzo procedimos a confeccionar la base para su recolocación y los empleados municipales lo destruyeron. Ahora el intendente montó una campaña mediática en nuestra contra y nos amenaza», advirtió.
Por su parte, el intendente hizo un descargo ayer a través de una serie de tweets dónde calificó de «fascista» que «alguien se sienta con más derecho que otro a hacer un monumento sin permiso y violando las instituciones».
«Más allá del mensaje o los contenidos, no se puede realizar una obra en el espacio público sin respaldo legal y por fuera de las instituciones municipales», dijo Valenzuela desde su cuenta personal de Twitter.
Además, indicó que la municipalidad procedió a retirarlo por «ser una acción autoritaria e inconsulta» y que «las plazas son de los vecinos, no de la política, sea cual fuere la causa».
Desde los concejales del Frente de Todos expusieron que estos son hechos «antidemocráticos y negacionistas».
«No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes», concluyeron.
DDHH
Rivaldi gaseó a una nena de 10 años en una marcha de jubilados y este miércoles se conoce su veredicto
El policía federal Cristian Rivaldi será juzgado este miércoles por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una marcha de jubilados. El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni resistir, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
Dos años y dos meses después del ataque con gas pimienta a una nena sentada en el suelo durante una marcha de jubilados, la Justicia federal resolverá en una sola audiencia si el policía que la roció debe ser condenado.

El juicio contra el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas, por el hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso. Las víctimas son Fabrizia Pegoraro, que tenía 10 años, y su madre, Carla Pegoraro. La audiencia se desarrollará en una sola jornada: tras escuchar a los testigos de la defensa y analizar las pericias incorporadas al expediente, se conocerá el veredicto. El abogado Gregorio Dalbón representará a la niña y a su madre como querellantes y pedirá condena e inhabilitación.
Un ataque registrado en video
El hecho ocurrió durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados. Según la acusación, Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado que tenía asignado y roció con gas pimienta a Fabrizia y a su madre cuando ambas estaban sentadas en el suelo.
El fiscal federal Eduardo Taiano, al requerir la elevación de la causa a juicio en un dictamen del 21 de octubre de 2025, sostuvo que el efectivo actuó de manera deliberada y a corta distancia. Según el fiscal, las víctimas estaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna.
La acusación se apoya en los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al policía y reconstruir el momento en que accionó el aerosol. “Las imágenes son elocuentes”, afirmó Taiano. El fiscal describió que Rivaldi no solo apuntó hacia un hombre que tenía un bastón, sino también hacia la madre y su hija, y que después de recibir el gas en el rostro la nena se cubrió de manera instintiva. También señaló que se observa una mancha en la parte trasera de la campera azul que llevaba la madre.
Taiano remarcó además que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor de plástico de su casco, lo que le daba mayor visibilidad del entorno y de las personas. Por eso concluyó que el policía apuntó y accionó el dispositivo con pleno conocimiento e intención de lo que hacía.
La defensa dice que no la vio
Al declarar en la etapa de instrucción, Rivaldi negó haber gaseado a una menor. Explicó que ese día recibió la orden de avanzar, dispersar a los manifestantes y liberar la calzada, y que los efectivos debieron usar elementos disuasivos ante situaciones de violencia y forcejeos. Aseguró que advirtió la presencia de gas en el aire y que una persona no identificada arrojó gas pimienta contra un jefe policial.
Sobre Fabrizia, sostuvo que no observó a ninguna menor y que, de haberla visto entre los manifestantes, la habría sacado del lugar para evitar que resultara lesionada. Según trascendió, el efectivo también planteó que los deberes de protección y cuidado de la niña le incumbían a su madre. Tras el episodio, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó a la madre por haber llevado a la niña a la manifestación.
Taiano consideró que la explicación del policía no tiene respaldo en las pruebas. Descartó que un tercero hubiera arrojado el gas, porque esa situación no aparece en los registros audiovisuales y la persona señalada por la defensa tenía una cámara fotográfica en la mano, no un aerosol.
Conjuntivitis química y un procesamiento confirmado
La acusación cuenta con documentación médica. Según la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de conjuntivitis química. En la epicrisis quedó asentada la frase “me tiraron gas pimienta”.
Carla Pegoraro declaró que ambas estaban tranquilas y que las rociaron mientras permanecían sentadas en el suelo. Contó que personas que estaban en el lugar les colocaron leche para aliviar la irritación y que los síntomas persistieron durante varios días. Declaró que “tanto mi hija como yo fuimos gaseadas” y describió irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo.
La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de Rivaldi, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos, por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
El reglamento y la mínima fuerza necesaria
Taiano consideró que el policía se apartó de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales. Recordó que el reglamento establece que estos dispositivos deben utilizarse para inmovilizar o incapacitar agresores, y que su empleo requiere determinadas condiciones de riesgo o amenaza. También citó el protocolo para el mantenimiento del orden público, que exige emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Para el fiscal, ninguna de esas condiciones se verificaba: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo y no representaban una amenaza para los efectivos. Concluyó que el uso de la fuerza por parte de Rivaldi fue desmedido y desproporcionado, y la Fiscalía pidió que responda como autor de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
Qué se juzga y qué queda afuera
El juicio de este miércoles define la responsabilidad individual de un efectivo, pero el caso expone una discusión más amplia sobre cómo se controlan las protestas frente al Congreso. Rivaldi sostuvo que cumplía la orden de avanzar y dispersar, y la madre de la niña había pedido en la causa que se citara a indagatoria a la entonces ministra Bullrich, entre otros funcionarios y jefes policiales. La pregunta que deja el expediente es hasta dónde llega la responsabilidad de quien ejecuta una orden y de quienes la imparten.
Con la audiencia de este miércoles, el juez Daniel Rafecas deberá definir si el uso de gas pimienta contra una nena de 10 años, sentada y sin resistir, constituyó el delito que sostiene la acusación.
Lo que tenés que saber
- El juicio a Cristian Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas y el veredicto se conocerá en una sola jornada.
- Se lo acusa de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre el 11 de septiembre de 2024.
- El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni ofrecer resistencia, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
- La niña fue diagnosticada con conjuntivitis química en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía el 13 de septiembre de 2024.
- La Cámara Federal confirmó su procesamiento, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos.
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