DDHH
DDHH: los preparativos para el 24 de marzo
Los referentes de organismos de derechos humanos señalaron que la semana próxima estarán definidos la consigna central y horario de la convocatoria.
Organismos de derechos humanos comenzaron a trabajar mancomunadamente en los preparativos para una nueva conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse el próximo 24 de marzo 47 años del inicio de la última dictadura cívico-militar en la Argentina.
Referentes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Agrupación H.I.J.O.S, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dialogaron con Télam sobre cómo están trabajando «unidos por más Memoria, Verdad y Justicia» una de las marchas «más emblemáticas y convocantes» del país.
Si bien aún no está definida la consigna central que encabezará la jornada y el documento al que se dará lectura en Plaza de Mayo como cada año se encuentra en plena elaboración, afirmaron que ya hay «varias consignas» y «temas en común» que acompañarán la tradicional conmemoración de las víctimas del terrorismo de estado y la infatigable lucha por justicia.
Los referentes de organismos de derechos humanos consultados refirieron que se espera que ya la semana próxima se encuentren definidos la consigna central y horario de la convocatoria.
«Como en cada 24 de marzo, unidos por más Memoria, Verdad y Justicia ¡Todos y todas a la Plaza!», expresaron las Abuelas de Plaza de Mayo desde su cuenta de Twitter el pasado miércoles en uno de los tradicionales encuentros que llevaron a cabo en la Casa por la Identidad de las Abuelas.
Del mismo participaron -como pudo verse en la fotografía que acompañaba el tuit- las abuelas Estela de Carlotto y Buscarita Roa; el secretario Abel Madariaga; el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y varios nietos restituidos como Guillermo Pérez Roisinblit, Victoria Montenegro, Manuel Goncalves y Leonardo Fossati.
«Como se ve reflejado en la foto del encuentro que tuvimos el miércoles, hay un sentido de familia, nos hermanó una tragedia y un mismo destino común y en ese marco de unidad estamos todos pensando cómo diagramar este 24 de marzo que es una de las marchas más emblemáticas y convocantes del país», dijo a Télam el vocal de Abuelas y nieto restituido Guillermo Pérez Roisinblit.
Asimismo, enfatizó que esta jornada de reflexión seguirá sosteniendo sus históricos emblemas como lo son el «tener presentes a los 30 mil compañeros desaparecidos, a las más de 300 personas que aún tienen su identidad vulnerada y que seguimos buscando, así como los tres pilares fundamentales de Memoria, Verdad y Justicia».
Roisinblit es uno de los tantos que vivió en carne propia lo peor del terrorismo de Estado pero remarcó que «la dictadura no nos pasó solamente a las víctimas, a las familias o a los sobrevivientes, la dictadura nos pasó a todos como sociedad».
«Las consignas que nunca puede faltar son la reivindicación de los 30 mil compañeros desaparecidos, la defensa de la democracia y del estado de derecho frente a las mafias y los poderes fácticos, el juicio y castigo a los genocidas, cárcel común a todos los condenados y otras cuestiones que van a ir acompañando el documento», enumeró por su parte el copresidente de la APDH, Eduardo Tavani.
Asimismo, recalcó el fuerte trabajo mancomunado de la mesa conformada por los 13 organismos de derechos humanos «unidos hace años en un mismo reclamo colectivo, persiguiendo el objetivo de hacer justicia, sostener la memoria y defender la verdad».
«Nosotros construimos una unidad día a día y esa ha sido la fortaleza del movimiento de derechos humanos en la Argentina», subrayó Tavani.
Otro de los factores comunes que aparecen entre las distintas organizaciones vinculadas a deudas pendientes de la democracia tiene que ver con la democratización del Poder Judicial y el fin de la violencia institucional.
«La sintonía que está viviendo la Argentina con respecto al Poder Judicial es uno de los grandes temas que va a travesar este 24 de marzo porque hoy las formas de persecución a los que pensamos distinto continúan, como sucedía con nuestros viejos, pero con otros métodos», señaló en esta dirección el referente de agrupación H.I.J.O.S, Carlos Pisoni.
Al respecto, Pisoni evaluó que «hoy no está la desaparición física pero está la desaparición política» en tanto «tratan de destruirte políticamente para que no puedas seguir militando y ejerciendo esta vocación que tenemos muchos para cambiar lo que consideramos que se tiene que hacer distinto».
Sin embargo, valoró el «gran apoyo del pueblo a las políticas y acciones» que llevan adelante los organismos de derechos humanos en movilizaciones multitudinarias como la del 24 de marzo donde «se da un mensaje a un sector de la población de que no se puede retroceder en materia de derechos humanos, ni negar lo sucedido o incrementar los discursos de odio que después terminan con un intento de magnicidio».
En tanto, la expectativa de la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, es que este 24 de marzo «cada persona se arrime a donde se sienta cómodo» porque lo importante es «salir a la calle una vez más a mirarnos a los ojos, tomarnos de la mano y a caminar como hace tantos años en repudio de los golpes de Estado».
«Volveremos a estar como todos los años en la calle con el amor a las familias, a los jóvenes y a todos aquellos que todavía no pueden recuperar su identidad», remarcó Cortiñas en diálogo con esta agencia.
Y advirtió: «Esperamos que después de este 24 de marzo se abran como venimos pidiendo hace tanto tiempo los archivos y nos comuniquen lo que necesitamos saber para tener toda la verdad y seguir fortaleciendo la memoria».
En coincidencia, el abogado del CELS, Diego Morales, sostuvo que entre las deudas a saldar se encuentran el reclamo de la apertura de archivos de inteligencia que pueden «develar elementos necesarios para la consolidación del proceso de justicia»; así como la creación de «normas que den prioridad a los juicios de lesa humanidad» teniendo en cuenta «la edad avanzada tanto de víctimas, familiares como acusados».
Otro de los ejes que pone de relieve el CELS para este 24 de marzo -y teniendo en cuenta que este año se cumplirán 40 años ininterrumpidos de democracia- tiene que ver con la reivindicación de todos los avances que se han logrado en materia de derechos humanos en el país y cómo traccionar toda la riqueza de ese bagaje histórico en torno «a la idea de verdad y memoria que se forjó en estos años para las discusiones de derechos humanos del presente».
«Nos parece importante reivindicar el proceso de verdad y justicia en Argentina que ha sido de los más relevantes a nivel mundial en materia de derechos humanos en términos de identificación de responsables de crímenes de lesa humanidad, individualización de los hechos que se le atribuyen, la cantidad de víctimas que han brindado testimonio, de procesos judiciales y condenas», puntualizó Morales.
Además, el 24 de marzo será el cierre de las cinco jornadas que tendrá el III Foro Mundial de Derechos Humanos 2023 (FMDH23) organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh-Unesco) en Buenos Aires, el cual será el mayor encuentro internacional de activistas en la materia, quienes también confluirán a la convocatoria a Plaza de Mayo por el día de la memoria.
Los 13 organismos que conforman la mesa que convoca y organiza la jornada del 24 de marzo son Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, APDH, APDH -La Matanza, CELS, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
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Entra en vigencia la Ley Penal Juvenil que baja la imputabilidad a los 14 años
Desde este sábado rige la Ley 27.801, la B aja de imputabilidad de 16 a 14 años llega sin presupuesto ni política social y con más del 60% de los adolescentes en situación de pobreza.
Entró en vigencia este sábado el nuevo régimen penal juvenil que habilita juzgar y condenar a adolescentes desde los 14 años. La Ley 27.801, promulgada mediante el decreto 138/2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo, cumplió este día los 180 días que se fijó para entrar en vigencia, derogando el decreto-ley 22.278 de 1980, que durante más de cuatro décadas reguló el sistema penal de la minoridad con el piso de punibilidad en los 16 años.
Una ley sancionada con votos de la derecha y los aliados del oficialismo
La norma fue aprobada por el Senado el 27 de febrero de 2026 con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. El oficialismo logró sumar a sus aliados para imponer la reforma, mientras la oposición peronista cuestionó tanto la reducción de la edad como la ausencia de presupuesto para sostener el nuevo sistema en las provincias. El proyecto había sido incorporado al temario de sesiones extraordinarias mediante el decreto 53/2026, y fue uno de los objetivos legislativos centrales de la gestión Milei desde el inicio.
Qué cambia desde este sábado
El principal cambio es la baja de la edad de imputabilidad. Desde hoy, los adolescentes de 14 y 15 años pueden ser investigados, juzgados y condenados por delitos previstos en el Código Penal o las leyes penales especiales. La escala de sanciones llega hasta los 15 años de privación de la libertad para los delitos más graves, y queda prohibida la prisión perpetua para menores de edad.
La nueva norma incorpora la figura del supervisor especializado, profesionales de psicología, trabajo social y adicciones que deben acompañar el proceso de reinserción. También exige la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil, y prohíbe la divulgación de nombres, fotografías o cualquier dato que permita identificar al adolescente imputado. Las detenciones deben realizarse en dependencias diferenciadas, sin compartir alojamiento con personas adultas. Cuando se acredite responsabilidad, los progenitores quedan alcanzados por responsabilidad civil por los daños causados.
Respecto de cuándo puede evitarse la prisión, el texto establece dos supuestos. El primero abarca las condenas que no superen los tres años. El segundo comprende penas de entre tres y diez años, siempre que el delito no haya causado la muerte de la víctima ni una grave violencia física o psíquica, y que el adolescente no tenga otras condenas o procesos en trámite. En esos casos, el juez debe imponer medidas socioeducativas vinculadas con la educación, el trabajo y la comprensión del hecho cometido.
Bullrich, el festejo y el discurso del castigo
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien impulsó el proyecto desde el Ministerio de Seguridad, festejó la entrada en vigencia con un mensaje en su cuenta de X: «Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás». Añadió que «se terminó la excusa de la edad para delinquir» y que «el que roba, mata o lastima, responde por lo que hace». Para las víctimas y sus familias, afirmó, habrá «una pizca de justicia que nunca van a tener».
El mensaje de Bullrich sintetiza el enfoque del Gobierno: ampliar la capacidad punitiva del Estado sobre los adolescentes más vulnerables, sin que medie una política pública de prevención, educación o contención social. Ese discurso de mano dura no se sostiene ante los datos: la Comisión del Fuero de Responsabilidad Juvenil del Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerenses proyectó que el nuevo régimen puede incrementar entre un 40 y un 60% el volumen de causas penales juveniles en los centros urbanos del país.
UNICEF y la Pastoral: el Estado punitivo no resuelve lo que el Estado social abandonó
Desde organismos de derechos humanos y de protección de la niñez, las advertencias son categóricas. UNICEF Argentina señaló que no existe evidencia de que bajar la edad de imputabilidad tenga un impacto favorable en la seguridad, y remarcó que la inmensa mayoría de los conflictos con la ley protagonizados por adolescentes involucran delitos contra la propiedad. El organismo internacional advirtió además que el encierro habitual favorece la reincidencia y deteriora la escolaridad y la inserción laboral, produciendo daños a la salud física y mental de los jóvenes.
La Pastoral, por su parte, pidió que la privación de la libertad sea de carácter excepcional y señaló que el nuevo régimen no debe agravar la vulnerabilidad de los menores. El organismo expresó su preocupación específica por el impacto del sistema penal sobre adolescentes que atraviesan situaciones de exclusión, y alertó sobre dos contextos que el Gobierno evita nombrar: el avance del narcotráfico y la pobreza infantil.
Según datos del Observatorio Social de la UCA, más del 60% de los niños, niñas y adolescentes del país se encuentra bajo la línea de pobreza. Encerrar a quienes ya fueron abandonados por el Estado antes de los 14 años no es justicia; es la continuación de otra forma de exclusión.
El problema del presupuesto y la operatividad real
Uno de los cuestionamientos centrales de la oposición durante el debate parlamentario fue la ausencia de financiamiento específico para implementar el nuevo sistema en las provincias. La reforma exige juzgados especializados, equipos interdisciplinarios, supervisores, alojamientos diferenciados y programas de resocialización. Nada de eso se sostiene sin presupuesto. La tensión entre el anuncio político y la infraestructura institucional real es, en este caso, la diferencia entre una ley que protege y una ley que castiga sin reparar.
Datos de la Procuración bonaerense indican que durante 2025 se iniciaron 1.857 procesos penales juveniles, donde fueron imputados 1.828 menores. Con el umbral de imputabilidad ahora en los 14 años, la proyección de nuevas causas plantea un desafío institucional que ningún funcionario del Gobierno respondió con cifras concretas de inversión.
Una reforma que llega sin política social y con el ajuste profundizado
El nuevo régimen penal juvenil comienza a aplicarse en un escenario marcado por el recorte sistemático del gasto social bajo la gestión Milei. Desde diciembre de 2023, los programas sociales sufrieron una caída real del 61%, las transferencias a universidades cayeron un 20% y el gasto de capital se desplomó un 86%. La paradoja es brutal: el mismo Gobierno que desmanteló las políticas de prevención, contención y acceso a derechos ahora amplía el alcance del sistema penal sobre los adolescentes que esas políticas debían proteger.
El debate de fondo no pasó por la edad. Pasó por quién paga el costo de una política de seguridad que se concentra en encerrar y no en prevenir. La respuesta, esta vez, la dieron los propios datos: mientras el Estado se retiró de la educación, la salud y los programas sociales, el sistema penal avanzó sobre los más jóvenes y los más pobres.
Lo que tenes que saber de la nueva Ley Penal Juvenil
- La Ley 27.801 entró en vigencia este sábado 5 de septiembre, tras ser publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 2026.
- La edad de imputabilidad bajó de 16 a 14 años; las penas llegan hasta 15 años y se prohíbe la prisión perpetua para menores.
- Bullrich celebró la medida en redes sociales con un discurso de mano dura, omitiendo toda consideración sobre las causas estructurales del delito juvenil.
- UNICEF Argentina advirtió que bajar la imputabilidad no reduce el delito y que el encierro favorece la reincidencia.
- La Pastoral Judicial alertó sobre el avance del narcotráfico y la pobreza infantil como contextos que la sanción penal no resuelve.
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