El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, apeló la decisión judicial que le exigía informar en 48 horas sobre la distribución de alimentos almacenados en depósitos. Esta apelación se presentó contra la resolución del juez de feria Martín Cormick, quien había ordenado el plazo para detallar el reparto de casi seis millones de kilos de alimentos almacenados en Villa Martelli y Tafí Viejo, Tucumán.

Denuncia y orden judicial

La causa comenzó después de que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaran la existencia de alimentos sin repartir, muchos de los cuales ya estaban vencidos. Estos alimentos están destinados a comedores y merenderos comunitarios que dependen de programas oficiales gestionados por el Ministerio de Capital Humano.

El juez Walter Lara Correa, quien originalmente manejó el caso, había ordenado el 12 de julio la distribución inmediata de los alimentos. Sin embargo, esta distribución aún no se ha concretado, lo que motivó la intervención judicial y la reciente apelación del ministerio.

Contexto de la apelación

La apelación del ministerio busca anular la decisión que impone el plazo para la distribución de los alimentos, argumentando que el fallo es inapropiado o que existen circunstancias que impiden su cumplimiento inmediato. Esta medida retrasa el proceso de entrega a los comedores y merenderos que dependen de los alimentos para atender las necesidades de sus comunidades.

Situación actual

El caso sigue en proceso judicial mientras se espera una nueva resolución respecto a la apelación presentada. La distribución de alimentos es un tema urgente dado que gran parte del cargamento se encuentra en riesgo de perderse debido a su caducidad.

Puntos clave del escándalo por los alimentos:

• El Ministerio de Capital Humano apeló un fallo que exigía detalles sobre la distribución de alimentos almacenados.
• Se trata de casi seis millones de kilos de alimentos en depósitos en Villa Martelli y Tafí Viejo.
• La denuncia inicial fue presentada por la UTEP y el CELS debido a alimentos sin repartir y caducados.
• La orden judicial del 12 de julio para distribuir los alimentos aún no se ha cumplido.
• El caso sigue en proceso judicial a la espera de una nueva resolución sobre la apelación.