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Argentina estaba tan confiada de soberanía en Malvinas que en 1880 propuso arbitraje a británicos

La Argentina estaba «tan confiada» de sus justos derechos soberanos sobre las Islas Malvinas que ya tras la usurpación,propuso ir a un arbitraje con el Reino Unido para resolver la controversia, instancia a la que, afirmó, los británicos se negaron «sistemáticamente».

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El coordinador del Consejo Consultivo sobre temas vinculados al Atlántico Sur (Casur) de la Cancillería, Facundo Rodríguez, reseñó que la Argentina estaba «tan confiada» de sus justos derechos soberanos sobre las Islas Malvinas que ya tras la usurpación, en 1833, y nuevamente en la década de 1880, propuso ir a un arbitraje con el Reino Unido para resolver la controversia, instancia a la que, afirmó, los británicos se negaron «sistemáticamente».

«Tanta era la seguridad que Argentina tenía sobre su posición que estaba dispuesta a que un tercero imparcial dirimiese la disputa. Y no solamente fue en esa ocasión sino que en la década de 1880, Argentina vuelve a ofrecer en al menos tres ocasiones distintas el arbitraje internacional para resolver esta controversia. Algunos de estos ofrecimientos se encuentran en la primera tanda de documentos que hemos publicado el año pasado», señaló Rodríguez.

El funcionario, al referirse al arbitraje ofrecido por la Argentina ya desde el principio de la controversia, aclaró que el Reino Unido «sistemáticamente se negó a este u otros modos de solucionar la disputa de soberanía» y «en la actualidad continúa negándose a cualquier tipo de discusión de soberanía».

Rodríguez fue consultado acerca de los documentos históricos publicados recientemente por el Gobierno argentino (argentina.gob.ar/malvinasnosune, y los revelados el año pasado con motivo de los 40 años de la guerra de Malvinas), que revelan circunstancias inéditas, como la propuesta de arbitraje sobre la que indagó en aquel momento el embajador argentino Manuel Moreno, tras conocer la usurpación de las Malvinas en 1833, y el ofrecimiento de este método de solución de controversias llevado a cabo por el canciller Francisco Ortiz, en 1884.

Los documentos pueden ser consultados libremente y su publicación responde a la decisión del Gobierno argentino de ofrecer al mundo los escritos históricos que atestiguan sobre la soberanía argentina sobre las Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur, usurpadas por los británicos en 1833.

Al respecto, el coordinador del Casur sostuvo que el Reino Unido «apela a argumentos no jurídicos y al uso de la fuerza para el mantenimiento de esta anacrónica situación colonial», y añadió que la «base que tiene hoy en el Atlántico Sur responde a esa postura».

«A lo largo de los más de 190 años de la disputa de soberanía, el Reino Unido ha evitado discutir la cuestión jurídica de fondo, los títulos de soberanía sobre las islas, y ha sostenido su posición en el hecho de tener la posesión de facto de las islas», reafirmó Rodríguez.

Por eso, apuntó que los británicos con su «poderío militar y económico, al ser una de las principales potencias, la principal potencia colonial de la época, frente a un joven Estado recientemente independizado como era Argentina, lo único que hicieron fue mantener su posición basada en la fuerza, guarnecer las Islas y traer habitantes de la metrópoli a habitarlas al tiempo que evitaba que Luis Vernet y la población argentina que había sido expulsada pudiese retornar a sus hogares en Malvinas».

«Mientras, a su vez, se negaba sistemáticamente a negociar con Argentina la solución a esta disputa de soberanía. Esto es lo que estos documentos demuestran; desde 1833, desde el momento primigenio en que la Argentina toma conocimiento de la usurpación británica, decidió protestar y avanzar por la vía diplomática y del diálogo con el Reino Unido y no apelar a la fuerza», insistió el funcionario.

En esa línea, fundamentó que la Argentina decidió «apelar a la paz y al diálogo y a la buena voluntad del Reino Unido y esto se demuestra en estos documentos, cómo le informan y ordenan a Manuel Moreno que tiene que llevar esta cuestión desde el punto de vista diplomático e incluso le dan a entender la posibilidad que indague si es posible un arbitraje internacional con el Reino Unido».

«Es decir -explicó Rodríguez-, Argentina no sólo apelaba al reclamo sino a una de las herramientas básicas que el derecho internacional ofrecía y ofrece hoy por hoy para la solución pacífica de las controversias, que es justamente un arbitraje internacional, es decir que un tercero dirima cuál de los dos Estados tiene razón sobre la cuestión de fondo».

Los documentos que se publican en la web «Documentos históricos de la Cuestión Malvinas» -ahora accesibles para cualquier ciudadano del mundo-, citan que Francisco Ortiz, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la presidencia de Julio Argentino Roca, procuró en la década de 1880 «reiniciar el diálogo con el Reino Unido respecto de la solución de la controversia de soberanía por las Islas Malvinas» y volvió a ofrecer el arbitraje para su solución.

«El 30 de mayo de 1884 -precisa un párrafo de los documentos sobre Malvinas- le comunicó al representante británico en Buenos Aires, Edmund Monson, que el Gobierno argentino reiteraba, una vez más, su reclamo por el archipiélago y señalaba al representante británico que confiaba en que dicha cuestión podía ser resuelta fácilmente por los medios pacíficos de solución de controversias. En este caso, proponía un arbitraje».

Simultáneamente, se señalaba en esos textos que «esto era posible, máxime al haber demostrado el Reino Unido tan buen ejemplo aceptándolo en otras cuestiones».

«El británico dio cuenta de esto a las autoridades del Foreign Office, quienes le indicaron responder que no surgiría nada bueno de ese intento», sostiene el documento.

Otro de los textos diplomáticos reafirma que «sin embargo, a comienzos de 1885, Ortiz, por encargo directo del presidente Roca, volvió a plantear al diplomático británico la voluntad argentina de alcanzar una solución amistosa que le pusiera fin a la discusión respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas».

«En su nota -se indica-, el canciller argentino desestimó la protesta británica y expuso a través de un largo memorándum los fundamentos que tenían los derechos argentinos y el estado de la disputa de soberanía, y propuso nuevamente el empleo del arbitraje para alcanzar la resolución definitiva de la controversia. Al tomar conocimiento en Londres de la nota y del memorándum de Ortiz, el Gobierno británico recomendó no dar ninguna respuesta formal e instruyó para que evitara cualquier discusión al respecto».

DDHH

Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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