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Mas motosierra: el Gobierno echó 500 trabajadores de Vivienda

La gestión Milei desvinculó a más de 37.500 empleados públicos en 2024.

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El Gobierno Nacional desvinculó esta semana a 500 empleados públicos como parte de la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, un área dependiente del Ministerio de Economía. La medida se oficializó a través de la Resolución 150/2025 publicada en el Boletín Oficial y refuerza la política de ajuste fiscal impulsada por la gestión de Javier Milei.

La secretaría había experimentado una reducción progresiva en su financiamiento, afectando programas emblemáticos como el Plan Procrear. Su cierre culmina un proceso que venía debilitando las políticas habitacionales desde hace meses.

El ahorro, según Sturzenegger

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó en la red social X que la normativa “transfiere a disponibilidad a la planta de la secretaría”, detallando que la reducción de personal afecta tanto a empleados permanentes como a contratados. Según el funcionario, la eliminación de 500 puestos representa un ahorro anual de 6.500 millones de pesos y un valor presente de 130.000 millones.

Sturzenegger también reveló que el área mantenía un número indefinido de auditores contratados a través de universidades, cuyos convenios también fueron discontinuados. Sobre la medida, afirmó: “La racionalización del gasto público para poder seguir bajando impuestos y devolverles capacidad de gasto al sector privado es un imperativo que nos exige el presidente Javier Milei”.

Críticas a las políticas habitacionales

El ministro cuestionó la construcción estatal de viviendas, calificándola como “una mala política habitacional” que “tiende a aislar a la gente del mercado laboral”. Además, señaló que estas iniciativas suelen estar marcadas por la corrupción y sostenidas que, en caso de implementarse, deben ser gestionadas a nivel provincial o municipal.

Contexto de los recortes

La medida se suma a una serie de recortes que han reducido drásticamente el empleo público en distintas áreas del Estado. En enero, se desvinculó a 150 empleados del Ministerio de Economía tras la disolución de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

Durante 2024, el Gobierno desvinculó a 37.595 trabajadores públicos, según datos oficiales. Este total:

  • 22.302 perteneciente a la Administración Centralizada y Descentralizada.
  • 12.410 trabajaban en empresas del Estado.
  • 2.883 correspondían al ámbito de la seguridad y fuerzas militares.

Gremiales

Crece el rechazo a Milei: CGT y las CTA preparan una marcha federal y un paro general

Las principales organizaciones gremiales del país resolvieron profundizar la coordinación política y sindical frente al rumbo económico del Ejecutivo. Entre las acciones analizadas figuran una movilización federal y una huelga de alcance nacional.

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Puntos clave

  • La CGT y las dos CTA avanzan en un plan de lucha conjunto.
  • Analizan una marcha federal y un paro general.
  • Los gremios cuestionan el ajuste económico y laboral.
  • La estrategia judicial contra la reforma laboral no prosperó.
  • Dirigentes sindicales buscan consolidar una agenda común.
  • También prevén actividades en distintas provincias.
  • Las medidas podrían concretarse después del Mundial.

Las centrales obreras se unen para enfrentar las políticas de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma comenzaron a coordinar un plan de acción conjunto en rechazo a las políticas económicas y laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

La decisión surgió durante una reunión entre los máximos referentes de las tres centrales, en un escenario marcado por cuestionamientos sindicales al programa económico oficial y por el avance de reformas que generan preocupación en distintos sectores gremiales.

Unidad sindical frente al ajuste

El encuentro dejó una definición política clara: fortalecer la articulación entre las organizaciones para responder de manera conjunta a lo que consideran un deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.

Según señalaron los participantes, las diferencias históricas entre las centrales quedaron en segundo plano ante la necesidad de construir una respuesta común.

“Las tres partes quedaron muy satisfechas. Se trataron de dejar los matices a un costado”, graficó un dirigente que participó del encuentro en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

El trasfondo del conflicto con el Gobierno

La reunión se produjo luego de que los gremios no lograran frenar por la vía judicial la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

A esto se suman los cuestionamientos expresados recientemente en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde representantes sindicales argentinos denunciaron medidas que, según sostienen, afectan derechos laborales y debilitan la negociación colectiva.

Los dirigentes calificaron como preocupante el escenario que atraviesan amplios sectores de trabajadores debido a la pérdida del poder adquisitivo, los despidos y el deterioro de las condiciones laborales.

Marcha federal y paro general en preparación

Aunque todavía no existe una fecha definida, las organizaciones analizan una movilización federal con participación de gremios de todo el país.

Posteriormente, el esquema podría derivar en una nueva huelga general contra las políticas impulsadas por la Casa Rosada.

Las centrales esperan que concluya el Mundial de Fútbol antes de avanzar con la convocatoria para garantizar una mayor visibilidad e impacto de las medidas.

Giras por el país y respaldo a conflictos laborales

Dentro de la agenda discutida también figura el acompañamiento a conflictos gremiales en distintos sectores productivos y de servicios.

Además, los dirigentes planean recorrer varias provincias para reunirse con referentes regionales y coordinar actividades conjuntas que fortalezcan la organización territorial.

Una agenda común de reclamos

Las tres centrales acordaron mantener reuniones periódicas para consolidar una agenda compartida de reivindicaciones vinculadas al empleo, los salarios y las condiciones laborales.

El objetivo consiste en sostener la coordinación sindical frente a las medidas económicas del Gobierno y ampliar la participación de organizaciones de todo el país.

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