La jueza federal de Bariloche, Silvina Domínguez, rechazó la presentación del Ministerio de Justicia para convertirse en querellante en la causa que investiga la estadia VIP en Lago Escondido de jueces, fiscales, funcionarios porteños, directivos del Grupo Clarín y ex agentes de Inteligencia.

Además, la magistrada resolvió que la investigación siga delegada en la fiscal María Cándida Etchepare, mientras que desde la cartera que encabeza Martín Soria ya presentó la apelación a la denegatoria.

Cabe recordar que la jueza Domínguez rechazó hace una semana el pedido de ser querellante del abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien había realizado la primera denuncia por el viaje de los funcionarios judiciales a la estancia del magnate inglés Joe Lewis. El letrado también recurrió esa decisión y será la Cámara Federal de General Roca la que resuelva ambos pedidos de revisión.

En esta causa, el Ministerio de Justicia de la Nación había presentado una denuncia en la que solicitó a la Justicia Federal de Bariloche que determine la responsabilidad penal en relación a los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas por parte de los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials.

También solicitó que se determine la responsabilidad penal por los mismos delitos del fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, y del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

Se investiga, específicamente, si el viaje realizado el último 13 de octubre, a través de un avión de la empresa de transporte aéreo Flyzar y la estadía en Lago Escondido fueron financiados por el Grupo Clarín, tal como se desprende de los primeros pasos de la instrucción y de los mensajes de texto y audio que los participantes intercambiaron a través de grupos de Telegram, que se conocieron a principios de diciembre.

La misma denuncia incluye además por “ofrecimiento de dádivas” al CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo; al administrador de la estancia de Joe Lewis, Nicolás Van Ditomar; al ex director de Asuntos Jurídicos de la  AFI, Leonardo Bergroth y al publicista Tomás Reinke (titular de la empresa Mediabit, agencia especializada en publicidad digital y política).

Finalmente, la presentación de la cartera que encabeza Soria plantea también que se investigue la posible comisión de otros delitos como “cohecho agravado” de magistrados y “tráfico de influencias agravado”.

El rechazo por parte de la jueza Domínguez a la solicitud de constituirse en querellantes, tanto del abogado Hertzriken Velasco como del propio Ministerio de Justicia, impedirá a ambos solicitar la adopción de medidas de prueba o de pericias, al igual que la toma de declaraciones testimoniales o indagatorias.

En forma paralela, ya forma parte del expediente que se tramita en el Juzgado Federal de Bariloche la confirmación oficial de que el juez de Casación Carlos Mahiques no solicitó licencia en el ejercicio de su cargo para los días jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de octubre, durante los cuales permaneció en Lago Escondido.

El 7 de diciembre pasado, según se pudo constatar, la jueza Domínguez envió un pedido formal de información dirigido al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal que integra Mahiques, Alejandro Slokar, en el que solicitó saber si el magistrado que participó del viaje VIP “se encontraba en ejercicio de sus funciones” los días mencionados.

En el pedido de información, la magistrada requirió también que Casación Penal “indique los motivos de las licencias concedidas y/o los artículos invocados por el nombrado” (por Carlos Mahiques), siempre que haya justificado su ausencia.

La respuesta, firmada por un secretario de la Cámara cinco días después de ingresado el pedido, detalla que de acuerdo a la documentación obrante en el área de Recursos Humanos de la Cámara Federal de Casación Penal “no surge que el señor juez Carlos Mahiques haya hecho uso de licencias o justificación de inasistencias” para los días en los visitó la estancia de Lewis en el suroeste de la provincia de Río Negro.

Por ejemplo, el 13 de octubre, justo el mismo día en que partió a Bariloche el avión de Flyzar con jueces, fiscales y funcionarios porteños, se emitieron varias resoluciones de la Cámara de Casación Penal que aparecen firmadas por Mahiques.

Una de ellas involucra -aunque en una causa distinta- a la madre de una de las víctimas del submarino ARA San Juan: se trata de Zulma Burgos, quien denunció penalmente a Mahiques con el objetivo de que se investigue si efectivamente firmó una resolución en un expediente relacionado con un caso de contrabando.

En los chats filtrados del grupo de Telegram, los partícipes del viaje VIP trazan estrategias no sólo ante una eventual acusación de haber recibido dádivas sino también para encubrir las presuntas irregularidades relacionadas con las licencias.