Buenos Aires
Kicillof advierte que mantendrá un Estado presente
Milei cuestionó al gobernador por su «pésima gestión», pero el mandatario bonaerense no va a aceptar el lugar de antagonista que le proponen desde Nación para intentar de «distraer» a la opinión pública de la crisis. El diálogo con Sergio Massa, Cristina y Máximo Kirchner.
Concentrado en gestionar el territorio más grande y poblado de la Argentina en un contexto de escasez, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, decidió no entrar en disputas con el presidente Javier Milei, pese a que mantendrá como norte la premisa que rigió su primer mandato: un Estado presente que garantice la equidad social es fundamental en el distrito con mayores asimetrías del país.
Quienes trabajan cotidianamente a su lado explican que Kicillof evitará subirse al ring propuesto desde la Casa Rosada: «Esta semana, desde Nación lo eligieron como el rival número uno, criticándolo por diferentes cuestiones, pero vamos a eludir esa pelea», indican desde el entorno del mandatario.
Es que el lunes pasado, Milei cuestionó a Kicillof por su «pésima gestión» mientras estuvo al frente del Ministerio de Economía, entre 2013 y 2015, como respuesta a la publicación de una cuenta fake del gobernador en X (ex Twitter).
A la vez, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vocero Manuel Adorni le apuntaron al economista por la toma de tierras en La Matanza que culminó con cinco personas muertas: la dirigente del PRO habló de «permisividad» de la provincia en las usurpaciones y el vocero ironizó que «evidentemente, el Estado tan presente no está».
Desde el gabinete bonaerense sostienen que estas disputas «buscan distraer la atención» de los desafíos económicos y sociales exacerbados por la devaluación, los aumentos descontrolados de precios y los tarifazos y advierten que Kicillof «no confrontará de manera directa» con el libertario y «evitará una escalada innecesaria de tensiones».
Reconocen en la provincia que, cada vez que lo crea necesario, Kicillof expondrá los modelos antagónicos que uno y otro representan, pero señalan que, ante todo, apelarán a alcanzar una relación institucional seria con el jefe de Estado.
De hecho, el gobernador aguarda ser convocado para concretar un encuentro con el presidente Milei propuesto por el ministro del Interior, Guillermo Francos, para plantear las necesidades de la provincia y hablar de números (el distrito recibió 11% menos de fondos nacionales en la primera quincena de este mes respecto del año pasado).

«Por ahora, sólo están enviando lo que corresponde por ley de Coparticipación y el dinero que se gira en concepto del Fondo de Seguridad, pero no están actualizando por inflación el Consenso Fiscal», grafican en La Plata, a la vez que descartan la posibilidad de emitir una moneda propia.
En paralelo, el gobernador les pidió a sus ministros que intenten mecanismos de diálogo con sus pares nacionales para trazar un panorama certero acerca de la continuidad de programas y proyectos.
«Por ahora, sólo están enviando lo que corresponde por ley de Coparticipación y el dinero que se gira en concepto del Fondo de Seguridad, pero no están actualizando por inflación el Consenso Fiscal»
Pero los funcionarios bonaerenses afirman que desde la administración nacional sólo reciben evasivas y pocas precisiones.
El martes pasado Kicillof reunió a su gabinete para establecer los puntos de partida de un año con restricciones presupuestarias y les transmitió que, sin las transferencias no automáticas ni el dinero para obra pública, la Provincia se verá obligada a ajustar el gasto público.
«Les pidió que comiencen a pensar recortes no sólo por la plata que dejará de enviar Nación, sino por los efectos que puede producir la recesión, que impactará en la recaudación nacional y, por ende, caerán los impuestos coparticipables a las provincias», apuntaron en Gobernación.
Señalan que la idea es «achicar o reconfigurar» los proyectos para que no desaparezcan, pero sí que haya ahorros; es decir, ser eficientes en el gasto para poder hacer todo lo planeado con menos recursos.
Por ejemplo, el Programa ReCreo instaló cinco paradores en diversos balnearios de la costa atlántica el verano pasado y esta temporada hay solo uno.
Así no se descontinúan la políticas, pero sí se las implementa con menor alcance debido a que habrá menos dinero.
Con todo, hay un ítem que para el gobernador es innegociable: los aumentos de salarios.
«La primera asignación de recursos será para sueldos. Eso no se toca», remarcan en el Ejecutivo.
Insisten en que la provincia de Buenos Aires tiene el menor nivel de recursos y gastos por habitante, y es la segunda con menor cantidad de empleados públicos del país, por lo que «no habrá despidos porque aquí no sobran maestros, ni policías, ni médicos o enfermeros».
El diálogo con Cristina y Massa
Por estos días, Kicillof mantiene un diálogo fluido con Sergio Massa, Cristina Fernández y Máximo Kirchner, con quienes monitorea de cerca la evolución en el Congreso del mega DNU y la ley ‘Bases’, mientras recibe a los sectores que se ven afectados por las medidas que esas propuestas contienen.
«Entendemos que este programa de gobierno daña de muerte a todo el tejido productivo argentino: las pymes, las farmacias, las pesqueras, la cultura, los biocombustibles, las curtiembres, las manufacturas, los textiles, las autopartes y la metalmecánica», indicó un ministro.
Y sostuvo que «no hay un sector que no se vea afectado y nosotros vamos a acompañarlos en cada manifestación de su disconformidad».
En ese contexto, para la provincia, las multisectoriales conformadas en distintos municipios e integradas por intendentes, dirigentes gremiales y sociales, son «un espacio de construcción de malestares»: remarcan que Kicillof «las promueve y acompaña, pero no las encabeza».
Cuando se le consulta al equipo de Kicillof sobre el futuro del peronismo, sus integrantes responden, tajantes, que si bien sería lógico que el expresidente Alberto Fernández renuncie a la titularidad del partido, «no es momento de debatir eso porque no tenemos que distraemos de los problemas serios, que son Milei y sus medidas».
«Quién presida el PJ no le cambia la vida a nadie. Además, si nos metemos en una confrontación interna, nos desgastamos entre todos. Hay que gobernar la provincia frente a un espacio nacional que vino a destruir todo», aclaran.
Buenos Aires
Chapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de la senadora Fernanda Raverta para recuperar la Unidad Turística Chapadmalal, cedida originalmente por la Provincia a la Nación con destino exclusivo al turismo social. La iniciativa instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales contra el gobierno nacional por «desnaturalización del fin social» del complejo, mientras el gobierno de Javier Milei planea entregarlo en concesión a privados por 30 años.
De más de 84.000 personas alojadas en 2023, el complejo de Chapadmalal pasó a cero turistas en 2025 y 2026. Ese dato brutal resume lo que el gobierno de Javier Milei hizo con uno de los emblemas históricos del turismo social argentino: un predio construido en los años 40 para que los trabajadores, los niños y los jubilados pudieran conocer el mar con hospedaje de calidad y pensión completa, ahora en camino a convertirse en un negocio privado.
El martes, el Senado bonaerense respondió con una decisión política concreta. El bloque peronista Fuerza Patria impulsó y logró la media sanción del proyecto de ley presentado por la senadora marplatense Fernanda Raverta, que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar la titularidad y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) e instruye a la Fiscalía de Estado bonaerense a iniciar las acciones judiciales necesarias para exigirle a la Nación la devolución del predio. El expediente, registrado como E 120 2026-2027, pasa ahora a la Cámara de Diputados provincial para completar su tratamiento legislativo.
Un predio cedido con una condición que Milei ignoró
El origen jurídico del conflicto es claro: la Provincia de Buenos Aires cedió originalmente los terrenos de Chapadmalal al Estado nacional con un fin específico e irremplazable, el turismo social. Construido entre 1948 y 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo como parte de una política de democratización del descanso, el complejo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013. La administración de Javier Milei ignoró ese mandato de origen y avanzó en dos movimientos concretos: el Decreto 216/2025 eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social, y la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial, oficializó el pase a disponibilidad de la totalidad del personal de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba.
El plan del gobierno nacional es concesionar el complejo de Chapadmalal a privados por un plazo de 30 años y subastar el complejo de Embalse. Para el ministerio de Gobierno bonaerense, encabezado por Carlos Bianco, se trata de una «trampa administrativa»: primero se declara que el predio está «subutilizado», luego se quita el personal y finalmente se habilita la venta o la concesión directa. Bianco ya formalizó ante la administración nacional el pedido de transferencia inmediata del complejo a la órbita provincial.
La ley que activa la Fiscalía de Estado
El proyecto aprobado en el Senado bonaerense va más allá de una declaración de intenciones. La norma declara «la voluntad» del Estado provincial de «recuperar la titularidad de dominio y asumir la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal debido a la desnaturalización del fin social para el cual fueron afectados» e instruye a la Fiscalía de Estado a «interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias ante las jurisdicciones competentes, a fin de obtener la reivindicación, restitución o retrocesión de los inmuebles que integran la UTC fundadas en la desviación de su finalidad pública, el incumplimiento del cargo de uso social originario y la defensa del patrimonio histórico y social».
Durante el debate, Raverta colocó el conflicto en términos de modelo de país: «Chapadmalal no es solamente un complejo hotelero, es un modelo de país. Para algunos, es un activo que puede venderse al mejor postor. Para nosotros, es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez». La senadora también recordó que «cuando esta provincia decidió ceder su tierra a un gobierno nacional para que construyera ese complejo, fue con ese objetivo, y ahora el Gobierno nacional no lo está cumpliendo».
La oposición apoyó la privatización
El proyecto fue aprobado por mayoría, con la votación en contra del senador del PRO y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien avaló el modelo de Milei para la concesión privada del predio. Montenegro sostuvo que «la única forma de progreso no puede ser siempre el Estado», un argumento que el peronismo bonaerense rechazó de plano en el recinto. La postura del PRO y de La Libertad Avanza significó, en los hechos, respaldar que un complejo declarado Monumento Histórico Nacional y construido para los trabajadores quede en manos de empresarios privados durante tres décadas.
Kicillof: «Marcha a un negocio inmobiliario»
El gobernador Axel Kicillof ya había trazado el diagnóstico con precisión. «Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», declaró durante una visita a Mar del Plata, al ser consultado sobre el futuro del complejo. «La onda viene de demolición y destrucción», agregó el mandatario bonaerense, quien exigió que, si la Nación decide desprenderse del predio, la administración sea transferida en forma inmediata a la Provincia. El ministro de Turismo bonaerense, Augusto Costa, sintetizó el impacto con un dato que no admite interpretación: «De alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y 2026».
En el Congreso nacional, los senadores peronistas Juliana di Tullio y Eduardo «Wado» de Pedro presentaron un proyecto paralelo para transferir Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires, con la condición de que el predio mantenga su destino de turismo social y que su venta o cambio de uso quede prohibida sin autorización del Poder Legislativo nacional. La pinza legislativa, en la Cámara alta bonaerense y en el Congreso nacional, marca una estrategia coordinada del peronismo para bloquear judicialmente y políticamente la entrega del complejo.
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