Gremiales
CTERA rechazó el ajuste salvaje y el protocolo de seguridad de Bullrich
Expresó que el saqueo a las y los trabajadores forma parte «del plan del FMI para nuestro país» y que la única manera en que Milei lo puede llevar adelante es a través de un Estado represivo.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) rechazó enérgicamente las medidas anunciadas por el nuevo gobierno, que consideran un «brutal ajuste a las y los trabajadores, las y los jubilados y a los sectores populares».
En un comunicado de prensa, CTERA expresó que las medidas, anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, son «respaldadas y forman parte del plan del FMI (Fondo Monetario Internacional) para nuestro país».
Entre las medidas anunciadas, CTERA menciona la devaluación de la moneda, que provocará una inflación descomunal; la quita de subsidios a los servicios y transportes públicos; y el ajuste en las cajas provinciales y nacionales de jubilaciones docentes.
La organización sindical también rechazó el intento de eliminación de la modificación del impuesto a las ganancias, que considera un «grave retroceso».
En el comunicado, CTERA también expresó su rechazo a la desjerarquización del Ministerio de Educación a Secretaría de Educación, y exigió a las nuevas autoridades la continuidad de la Paritaria Nacional Docente, el FONID y el Fondo Compensador, el incremento del Financiamiento Educativo y la defensa de la calidad educativa.
Además, CTERA repudió las medidas antidemocráticas anunciadas por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que cercenan el derecho constitucional a la protesta, criminalizando y persiguiendo a las organizaciones sociales, sindicales y políticas.
«Estas medidas de neto corte autoritario vulneran la Constitución Nacional y derechos internacionales y tienen por objetivo el disciplinamiento social», señaló CTERA.
La organización sindical convocó a construir la más amplia unidad de las centrales sindicales, los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos contra esta política de ajuste salvaje contra el conjunto de la población.
«CTERA estará de pie, defendiendo la Educación Pública, a las y los trabajadores de la educación, a nuestros jubilados y a la comunidad educativa», concluyó el comunicado.
Rechazo generalizado a las medidas del Gobierno
La CGT señaló que las medidas anunciadas por el nuevo gobierno «son un ataque a los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino».
La CTA, por su parte, consideró que las medidas «son un ajuste brutal que va a traer más pobreza y exclusión».
Los movimientos sociales también se sumaron al rechazo a las medidas. La Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) señaló que las medidas «son un ataque a los sectores populares».
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) consideró que las medidas «son un ajuste salvaje que va a afectar a todos los trabajadores».
Economía 💲
Negocio redondo: Milei confisca el salario, las fintechs de sus amigos cobran la deuda
Un informe de ATE Capital revela que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5%. La mora crediticia se multiplicó 3,4 veces y ya alcanza al 18,63% de los trabajadores estatales, que debieron recurrir a fintechs y financieras con tasas usurarias para pagar alimentos, alquiler y servicios.
Casi uno de cada cinco empleados del Estado argentino está en mora con alguna entidad financiera. No por especulación ni por mal manejo del dinero, sino porque el salario que percibe no alcanza para cubrir los gastos básicos del mes.
Ese es el dato central del informe «Endeudados por Milei», elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal (ATE Capital) y difundido en septiembre de 2026, que cruza datos salariales del sector público con la evolución de la mora crediticia registrada por el Banco Central entre 2023 y 2026.
El documento, coordinado por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, establece una correlación directa entre la política salarial del gobierno de Javier Milei y el colapso financiero personal de cientos de miles de trabajadores. El propio Presidente lo reconoció públicamente: «El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo».
40,5% de caída real del salario en dos años y medio
El informe construye una línea de tiempo precisa. En noviembre de 2024, con una inflación acumulada del 166% desde el inicio de la gestión y aumentos salariales otorgados del 87%, el poder adquisitivo de los estatales ya había caído un 29,7% y la mora se ubicaba en el 5,7%. En diciembre de 2025, la brecha se amplió: inflación acumulada del 259,2% contra un incremento salarial del 121,2%, lo que implicó una pérdida del 38,4% del salario real y una mora del 14,4%. En junio de 2026, el cuadro llegó a su punto más crítico: inflación acumulada del 319,8%, aumentos del 149,8% y un salario real que se redujo al 59,5% del valor que tenía al inicio de la gestión. La mora trepó al 18,63%.
La quita acumulada en dos años y medio, señala el informe, supera a la que sufrieron los trabajadores estatales durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, período que ya había sido considerado uno de los más duros para el empleo público en la historia reciente.
Del banco a la fintech: el circuito de la usura
La caída del salario real empujó a los trabajadores estatales fuera del sistema bancario tradicional y hacia alternativas financieras de mayor costo. El Banco Nación concentra 24.407 estatales en mora (8,56% de sus clientes del sector), pero las cifras más alarmantes se registran en las plataformas no bancarias: Tarjeta Naranja tiene 16.766 casos con una tasa de mora del 23,75%; MercadoLibre, 16.349 (13,19%); Naranja Digital, 9.653 (31,86%); y Moni Online presenta el caso más extremo, con 3.531 estatales en mora sobre un total de 5.832 clientes de ese segmento, lo que equivale al 60,53% de incobrabilidad.
Catalano fue contundente al señalar el mecanismo: «El ajuste brutal del gobierno sobre el salario de los estatales no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario. Terminamos cayendo en las plataformas que, oh causalidad, pertenecen a amigos del gobierno que hacen un negocio usurario amparado en la desregulación que el propio Milei impulsa. De un lado nos roban confiscando el salario, del otro nos esperan con tasas usurarias. Negocio redondo».
El informe también destaca que el 80,7% de quienes están en situación irregular ya no registra simples atrasos, sino que se encuentra en las categorías de riesgo alto o irrecuperable (Situaciones 4 y 5 del BCRA), lo que hace imposible la regularización o refinanciación de esas deudas con los ingresos actuales.
Fuerzas de seguridad y provincias del norte, los más golpeados
El informe revela una concentración del problema en los sectores de Seguridad y Defensa: el Ejército encabeza el ranking con una mora del 30,1%; el Servicio Penitenciario Federal registra el 28,5%; la Policía Federal, el 24,2%; Gendarmería, el 24,1%; Prefectura, el 21,9%; la Fuerza Aérea, el 21,8%; el Estado Mayor Conjunto, el 21,4%; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el 20,7%. Los organismos civiles se ubican, en general, por debajo del 20%.
La distribución territorial también expone una brecha brutal entre el interior del país y la Ciudad de Buenos Aires. En el norte y la Patagonia la mora supera el 25%: La Rioja lidera con el 29,38%, seguida por Formosa (28,69%), Santa Cruz (28,55%), Corrientes (26,50%), Salta (26,33%), Misiones (26,26%), Neuquén (25,88%), Santiago del Estero (25,51%) y Catamarca (25,12%). En el centro del país, Buenos Aires tiene el 19,35%; Córdoba, el 19,19%; Santa Fe, el 16%; y CABA, el 9,56%. En la Capital la tasa de mora es menos de un tercio que en La Rioja.
El mayor volumen de mora en términos absolutos se concentra en los trabajadores con cargas familiares de entre 36 y 55 años: 5.088 agentes civiles de la franja etaria de 36 a 45 años y 4.730 de 46 a 55 años están en situación irregular.
Las exigencias del gremio
Frente al cuadro documentado, ATE Capital formuló un conjunto de demandas: reapertura libre de las paritarias para recomponer el 40,5% de poder adquisitivo arrebatado, actualización de la canasta de referencia del IPC, condonación de las deudas generadas en condiciones de emergencia salarial, y establecimiento de topes legales a las tasas que las entidades no bancarias aplican sobre los haberes estatales. El reclamo apunta directamente a la política de ingresos del Gobierno, a la que el propio Catalano calificó como «confiscatoria».
- El salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
- La mora crediticia en el sector se multiplicó 3,4 veces, pasando del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026.
- El 80,7% de los estatales en mora está en riesgo alto o irrecuperable según las categorías del BCRA.
- Moni Online registra el 60,53% de incobrabilidad entre sus clientes estatales; Naranja Digital, el 31,86%.
- Las fuerzas de Seguridad y Defensa concentran las tasas más altas de mora, con el Ejército encabezando la lista en el 30,1%.
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