La Justicia dispuso hoy las detenciones de cuatro integrantes del espacio Revolución Federal, entre ellos la de su su líder, Jonathan Ezequiel Morel, en el marco de la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por esa agrupación, consignaron hoy fuentes de la investigación.

Según indicaron los informantes, de los cuatro pedidos de detención, tres pudieron concretarse y una cuarta persona continuaba siendo buscada esta tarde.

Morel fue apresado en la ciudad entrerriana de Paraná, en tanto, en la provincia de Buenos Aires, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a otros dos integrantes del espacio, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.

La cuarta orden de detención pesa sobre Sabrina Basile, también miembro del grupo e hija de Alfio ‘Coco’ Basile, ex director técnico de Boca, Racing y la Selección nacional, quien esta tarde continuaba siendo buscada por efectivos de fuerzas federales.

La detenciones fueron ordenadas por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de un expediente que aún se encuentra bajo secreto de sumario y cuya investigación está delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.

A los acusados se les atribuyen los delitos de incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones y apología del crimen, según pudo constatar con fuentes judiciales.

En esta causa también actúa como querellante la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, dado que fue víctima directa de muchas de las amenazas y de los mensajes violentos blandidos por Revolución Federal.

Esta agencia tuvo acceso a la presentación con la que la expresidenta ingresó al expediente donde sostuvo que «no es posible descartar que los miembros de la organización investigada hayan sido partícipes del intento de asesinato» en su contra.

Esta causa tramita por separada de aquella en la que se investiga el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner que tuvo lugar el 1 de octubre pasado y por el cual están detenidas cuatro personas: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Agustina Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo.

Ese expediente tramita en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti, con intervención del fiscal Carlos Rívolo.

En su momento, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no habían elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes.

A la hora de dirimir la divergencia entre los dos jueces, el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran su trámite por separado.

En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la Justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título «¿Hay que pudrirla?».

En uno de los audios desgrabados que forman parte de aquella presentación se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la Vicepresidenta para hacerla «pasar a la historia», en referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se intentaría menos de una semana más tarde.

«Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje…», decía allí uno de los miembros de Revolución Federal.

En ese expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma «Caputo Hermanos», según trascendió la semana pasada de fuentes de la investigación.

Los pagos de la firma que estaría vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres por actividades de carpintería, detallaron las fuentes.

Ubeira había reclamado que se investigue el financiamiento de Revolución Federal y consideró que los aportes a esa entidad realizados por la familia del exministro Caputo «no son una casualidad».

«Habría que tener algún grado de romanticismo para creer que la presencia de la familia Caputo es casualidad en los aportes que reciben estas personas. Habían arrancado con una transferencia de un millón setecientos mil pesos, y después hay otra de siete millones de pesos. Si hay alguna explicación, que la den», señaló Ubeira en declaraciones radiales.