La Cancillería argentina quedó envuelta en una fuerte controversia tras la publicación de una investigación del periodista Nicolás Pizzi en La Nación, que reveló los detalles de un viaje oficial a la isla caribeña de San Cristóbal y Nieves entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.

El desplazamiento, realizado en plena política de austeridad anunciada por el presidente Javier Milei, estuvo encabezado por Fernando Brun, secretario de Estado y número dos del canciller Gerardo Werthein. Lo acompañaron el Director Nacional de Cooperación Internacional, Mateo Estreme; el embajador en Barbados, Ciro Ciliberto; el Director de Integración Económica, Marcos Stancanelli, y el Subsecretario de Agricultura, Manuel Chiappe.

Un viaje oficial con alto costo

Según los documentos citados por La Nación y confirmados por fuentes de Cancillería, Brun viajó en clase business con un pasaje valuado en cerca de 10.000 dólares, en tanto que los demás funcionarios lo hicieron en clase económica. Además, cada integrante de la delegación percibió viáticos diarios superiores a 350 dólares y se alojó en el hotel “St. Kitts Marriott Beach Resort”, donde la tarifa puede alcanzar los 600 dólares por noche.

Desde el Palacio San Martín justificaron la participación argentina en la “Semana de la Agricultura del Caribe” con el argumento de “reforzar los vínculos políticos con los Estados del Caribe” y obtener apoyos en Naciones Unidas para la cuestión Malvinas.

Justificaciones oficiales y críticas internas

De acuerdo con el informe oficial, la delegación mantuvo una docena de reuniones bilaterales durante su estadía. Sin embargo, fuentes diplomáticas consultadas por La Nación calificaron el viaje como una “aventura diplomática” y cuestionaron la magnitud de la comitiva.

“Podríamos haber enviado al embajador de Barbados y algún funcionario de Agricultura”, sostuvo uno de los diplomáticos que pidió reserva de identidad, al tiempo que consideró que no existían antecedentes de un despliegue similar para un evento “de tercer orden”.

Además, la elección del destino generó malestar en el cuerpo diplomático: San Cristóbal y Nieves, con una población de poco más de 50.000 habitantes, figura entre los considerados paraísos fiscales y mantiene un intercambio comercial mínimo con la Argentina.

Un viaje incómodo en tiempos de ajuste

El escándalo se produce en medio de una política de restricción del gasto público impulsada por el Ejecutivo, que promueve la eliminación de viáticos, la reducción de planteles diplomáticos y el control estricto de los desplazamientos oficiales.

En ese contexto, la revelación del viaje a un destino caribeño de lujo desató críticas internas en la Cancillería y expuso las tensiones entre la retórica de austeridad del gobierno y las prácticas dentro del servicio exterior.