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Investigación 🔎

El hermano de Adorni dice que por “error” puso un cero de más en su declaración jurada

Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza e investigado por presunto enriquecimiento ilícito, presentó un escrito ante el juez Daniel Rafecas en el que afirma que el monto de $130 millones consignado como deuda en su declaración jurada de 2024 fue un error de tipeo: debía decir $13 millones. La explicación, acercada al expediente hace un mes, busca desactivar uno de los ejes centrales del pedido de indagatoria formulado por el fiscal Guillermo Marijuán. Rafecas debe decidir si acepta la justificación o convoca al legislador a declarar.

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El "error de tipeo" de Francisco Adorni: cómo un cero de más se convirtió en el eje de una causa judicial.

El diputado bonaerense Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, alegó ante la Justicia federal que un cero de más en su declaración jurada de 2024 generó una lectura equivocada de su situación patrimonial. En un escrito presentado hace aproximadamente un mes en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni sostuvo que la cifra de $130 millones consignada como deuda inicial corresponde, en realidad, a $13 millones, y que esa diferencia explica la aparente reducción patrimonial que motivó el pedido de indagatoria del fiscal Guillermo Marijuán.

El error que lo beneficia

Según surge del expediente, la mecánica del presunto error funciona así: en la declaración jurada anual de 2024, Francisco Adorni registró una deuda inicial de $130 millones y una deuda al cierre del período de $60 millones. Para el fiscal Marijuán, esa diferencia implicaba que el legislador había cancelado unos $70 millones sin justificación. Sin embargo, Adorni presentó su propia declaración jurada de inicio de período, donde la deuda figuraba en $13 millones, no en $130 millones. Con esa base, argumentó que la multiplicación por diez fue un error involuntario de carga. «La explicación es materialmente plausible: reproduce exactamente la cifra anterior multiplicada por diez», escribió en el escrito. «También es coherente con la falta de lógica económica del resultado», agregó.

La defensa del diputado fue más allá del planteo técnico. En el mismo escrito, Adorni advirtió que convertir la rectificación de un error en evidencia de ocultamiento «genera un incentivo perverso: quien advierte una equivocación quedaría penalmente mejor situado si la mantiene». El juez Daniel Rafecas, que tiene a su cargo la causa, debe resolver en las próximas semanas si convoca al legislador a prestar declaración indagatoria o si acepta la explicación presentada.

Las otras correcciones que complican el cuadro

El «error de tipeo» no es la única modificación que Francisco Adorni introdujo en sus declaraciones juradas. En la correspondiente a 2025, el legislador incorporó en una rectificación $24,5 millones en efectivo, de los cuales $21 millones atribuyó a una herencia. La acumulación de correcciones posteriores a la apertura de la causa refuerza la sospecha judicial sobre la consistencia de sus declaraciones originales.

La investigación que pesa sobre Francisco Adorni se centra en varios ejes: la cancelación en tiempo brevísimo de un crédito hipotecario millonario; la compra de una camioneta de alta gama; y la contradicción entre los montos declarados en concepto de herencia y las declaraciones juradas de su hermano Manuel. Además, la Justicia tomó en cuenta que, por su rol en el Consejo de la Magistratura bonaerense, Francisco Adorni no puede alegar desconocimiento de los procedimientos formales para justificar las irregularidades.

El escándalo Adorni: un expediente familiar

La causa de Francisco Adorni no es un hecho aislado dentro del universo judicial que rodea a la familia. Su hermano, el exvocero presidencial y exjefe de Gabinete Manuel Adorni, también atraviesa una investigación por enriquecimiento ilícito en el juzgado del juez Ariel Lijo. En ese expediente, el fiscal Gerardo Pollicita le exigió que explique la evolución de su patrimonio luego de que, en junio de este año, el entonces funcionario corrigiera sus propias declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporara activos por alrededor de US$500.000 que no había declarado originalmente.

El patrimonio de Manuel Adorni bajo investigación supera los 840.000 dólares y abarca desde refacciones de lujo en un country de Exaltación de la Cruz, pagadas con $245.000 en efectivo sin factura, hasta viajes en primera clase de su esposa Bettina Angeletti y el uso del avión presidencial para traslados privados. La investigación también apunta a posibles contratos irregulares con la Televisión Pública y vínculos con la denominada Causa $Libra.

Que dos hermanos de la misma familia, ambos funcionarios del gobierno de Javier Milei, acumulen simultáneamente causas judiciales por enriquecimiento ilícito y rectificaciones sucesivas de sus declaraciones juradas no es un detalle menor. Para la oposición, el patrón es claro: el problema no es un cero de más; el problema es la plata que no está explicada.

Puntos clave

  • Francisco Adorni alega un error de tipeo que habría convertido $13 millones en $130 millones en su declaración jurada de 2024.
  • El fiscal Guillermo Marijuán ya pidió su indagatoria; el juez Daniel Rafecas debe resolver si la acepta.
  • En la declaración jurada de 2025, Adorni incorporó $24,5 millones en efectivo, $21 millones atribuidos a una herencia.
  • Su hermano Manuel también corrigió declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporó activos por US$500.000 no declarados.
  • La Justicia investiga a Francisco Adorni por la cancelación acelerada de un crédito hipotecario y la compra de una camioneta de lujo.

Goles! ⚽

Campana ya no es refugio: el fallo de la Corte rompe la estrategia de la AFA

Durante casi un año, las defensas de la conducción de la AFA empujaron para concentrar sus causas en el juzgado federal de Campana. La Corte habló de una «grosera» violación de las reglas de competencia y devolvió a Rafecas la causa de la mansión de Pilar, aunque el juez podría irse pronto a Casación.

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Sede de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema no solo cambió de juez la causa por la mansión de Pilar: le puso nombre a lo que pasó durante casi un año. Los supremos dijeron que el traslado del expediente a Campana afectó «de manera severa e inequívoca» la garantía del juez natural y lo calificaron como una «grosera» violación de las reglas de competencia. Con esa frase se cayó la pieza central de una estrategia que la conducción de la AFA venía empujando desde fines de 2025: reunir sus causas en un solo juzgado, lejos de los tribunales porteños especializados en delitos económicos.

El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja del fiscal ante Casación Mario Villar y dejó sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que en agosto había enviado la investigación al juzgado de Adrián González Charvay con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y la disidencia de Alejandro Slokar. La Corte les reprochó, además, no haber analizado los argumentos de Villar. El expediente vuelve al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, de Daniel Rafecas.

El juzgado que querían los acusados

La pelea por la competencia nunca fue un tecnicismo. El 30 de diciembre de 2025, último día hábil del año, González Charvay pidió quedarse con la causa que tramitaba el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que ya venía avanzando con medidas de prueba, y lo hizo pese a la opinión contraria de un fiscal. Con ese movimiento, la instancia de revisión pasaba a ser la Cámara Federal de San Martín. Según reconstruyó el diario La Nación, el juez de Campana tuvo después el expediente de la mansión durante seis meses sin avanzar sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

En paralelo, Campana fue absorbiendo otras causas sensibles para la entidad: la que había abierto el juez federal Luis Armella, que allanó a la empresa de Javier Faroni y las sedes de la AFA, y la de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Tapia y Toviggino. En esta última, en octubre, González Charvay sobreseyó a familiares y socios del tesorero porque no quedaba ningún fiscal impulsando la acusación, sin analizar la prueba reunida. La unificación en Campana era la estrategia de las defensas, resistida una y otra vez por fiscales y querellantes.

El propio juez la defendió en público: sostuvo que no pueden existir tres o cuatro magistrados investigando los mismos hechos. Pero no todos le dieron la razón. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que procesó a Tapia y a Toviggino por la retención de aportes, rechazó un pedido de González Charvay para quedarse con otra causa por lavado y consideró «prematura» esa unificación.

Por qué la causa es porteña

El argumento para llevar todo a Campana era que la quinta está en Villa Rosa, partido de Pilar. La Corte lo desarmó: sostuvo que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos a través de sociedades, cambios societarios y operaciones con bienes, no solo la compra de un inmueble, y que Pilar «no era en modo alguno el centro de dirección» de esa actividad. Varias de las sociedades tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde también está la sede de la AFA, sobre la calle Viamonte. El tribunal mencionó además una presunta red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025.

La causa se inició con una denuncia de la Coalición Cívica en diciembre de 2025 y busca determinar si fondos de la AFA se desviaron para comprar la quinta, atribuida a Toviggino, y si Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares registrales a través de Real Central SRL, actuaron como testaferros. En el allanamiento del 12 de diciembre de 2025 se secuestraron 54 vehículos de alta gama y de colección. La tasación judicial valuó la propiedad, de unos 105.000 metros cuadrados, en US$ 16.954.000 y los autos en US$ 3.861.100.

Un regreso con fecha de vencimiento

Rafecas, el juez que ordenó aquel allanamiento, retoma ahora la investigación sobre el origen de los fondos y la titularidad real de los bienes. Pero su permanencia no está garantizada: el presidente Javier Milei envió al Senado su pliego para un cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal y, si lo aprueban, la causa quedará en manos de un juez subrogante. Después de casi un año de idas y vueltas, el expediente vuelve al punto de partida con el riesgo de cambiar de manos otra vez.

Lo que tenés que saber

  • La Corte anuló el fallo de la Sala I de Casación (Borinsky y Barroetaveña, con disidencia de Slokar) que había enviado la causa a Campana.
  • Calificó el traslado como una «grosera» violación de las reglas de competencia que afectó la garantía del juez natural.
  • El juzgado de Campana había absorbido otras causas de la AFA, como la de Santiago del Estero y la que allanó a Faroni.
  • La tasación judicial valuó la quinta en US$ 16.954.000 y los 54 autos secuestrados en US$ 3.861.100.
  • Rafecas retoma la causa, pero Milei lo propuso para la Casación Nacional y podría dejar el juzgado.
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