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Energía

Amenazan con cortes de luz en verano

El sector energético advierte por un colapso del sector y, en la empresa, funcionarios enfrentados se acusan por corrupción.

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¿Llegará el cambio al sector energético? o ¿tendremos un verano hiper caluroso sin luz en las grandes ciudades como sucede desde la caída de la Convertibilidad? Cortes de suministro a industrias, a hogares, en barrios de la CABA repletos de edificios.

Ascensores que no funcionan, escaso suministro de agua potable en veranos tórridos, son todos escenarios conocidos que podrían volver a ocurrir durante el segundo verano mileista si el Presidente no toma nota, de manera urgente, de los desajustes que se produjeron en el sector por la desregulación en la importación de combustibles y las internas que estallaron, de manera increíble, entre funcionarios y asesores que, en definitiva responden a las máximas autoridades del Palacio de Hacienda.

Lo primero que hay que señalar es el replanteo que están llevando adelante los ejecutivos de las compañías generadoras de electricidad con advertencias de analistas del sector cercanos a ellas acerca de un inminente colapso de la producción energética.

El sistema eléctrico parece tener un idioma propio pero lo fundamental es distinguir a las compañías generadoras de energía, por ejemplo, una planta de energía hidroeléctrica, de la de transporte, que se ocupan de las líneas de alta tensión y del traspaso de la energía eléctrica desde la red de transporte hasta los puntos de consumo, proceso denominado distribución y compuesto por empresas como Edesur, Edenor o Edelap; entre otras.

Todas las empresas del sector operan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que está gestionado por CAMMESA (“Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista”), una sociedad con participación del Estado.

Es en Cammesa donde la desregulación libertaria ha provocado enormes internas y replanteos.

La idea central de Javier Milei es la de eliminar la intermediación de Cammesa, que recibe la producción de la electricidad y luego la comercializa a las distribuidoras. Además de terminar con la intermediación de los contratos por la adquisición de combustibles para generar electricidad.

Este cambio de reglas comenzó con la Resolución 150/24 que va en contra de toda intermediación de Cammesa en el sistema. Alli, se señala que «el Estado tiene que hacer las reglas y controlar que estas se cumplan y son las empresas privadas las que tienen que interactuar entre sí. Comprando y vendiendo energía, comprando combustible, la logística de esos combustibles. El objetivo es que todo consumidor pueda elegir las mejores condiciones que le convengan».

Pues bien, se acaban las instrucciones regulatorias para Cammesa pero el sector de generación de energía no tiene demasiados indicios de como va a funcionar, correctamente, la totalidad del sistema si todos los costos recaerán sobre sus espaldas. Y, las malas noticias se trasladarán sin dudas hacia los consumidores finales con incrementos en sus boletas de luz.

Con esta resolución, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, elimina los fondeos para importar energía pero no terminó con el monopolio que posee CAMMESA, por una resolución anterior, la Nª 95 que no fue derogada, por la que la empresa en cuestión tiene la misión de la importación de combustible para poner en marcha la generación de energía.

Este descuido en el proceso desregulador del sector eléctrico llevó a que el vicepresidente de Cammesa, Mario Cairella, que reporta directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, le pida a su superior directo y secretario de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo, que lo instruya, pero, por escrito, en lo que respecta a la importación de combustibles y su respectivo fondeo.

Un enfrentamiento gigantesco entre funcionarios de un mismo gobierno que se potenció cuando Chirillo comenzó por quitarle funciones a la gerencia de contratos de Cammesa y el despido de su gerente Luciano Condó a comienzos de marzo. Chirillo buscaba eliminar definitivamente el rol de la compañía Cammesa como contrante de nuevos proyectos de generación y quitarla como intermediaria en la compra de combustible para las centrales termoeléctricas.

Sin embargo, uno de sus funcionarios leales en Cammesa, el gerente general, Jorge Garavaglia, propuso en una reunión de directorio, la incorporación de la abogada sanjuanina, Andrea Polizzotto, de pasado reciente en la secretaría de Energía del gobierno del Frente de Todos, para hacercse cargo de los contratos remanentes de la oficina que dejo vacante Luciano Condó.

Señales que los ejecutivos de empresas del sector no saben como interpretar pero que posibilitaron una denuncia grave por corrupción de uno de los asesores de Chirillo contra el vice de Cammesa, Mario Cairella.

Para Fernando Luis Olaizola, un colaborador de Chirillo, las críticas sobre su jefe provienen de funcionarios que se enriquecieron haciendo de intermediarios entre Cammesa y las empresas, según dejo trascender en una opinión publicada en el medio especializado en la materia, econojournal.com.ar

Olaizola escribió, «Cómo les cuesta a algunos «soltar la teta»… se sabe que en los últimos 20 años (desde 2003) tanto en la «Gerencia de Contratos» como la «Gerencia de Combustibles» de Cammesa se «perdieron en el camino» algunos miles de millones de dólares que fueron a las manos porosas de algunos funcionarios y sus amigos.!! Chirillo sólo les está «cortando el business» y obvio todos los viejos enquistados saltan como leche hervida, sobre todo Ruichoto, que redactó este artículo y se lo pasó al VP Cairella que vino a defender la suya, todos funcionarios millonarios que siguen operando en la prensa para seguir robando.! Pronto desfilaran por Comodoro Py.! Viva la libertad.!

En su prédica y denuncia libertaria, Olaizola describe con el mote de “Ruichoto”, al funcionario Jorge Ruisoto, director de Auditorías de Cammesa.

El escándalo interno no ha hecho más que comenzar con cruces que amenazan con capítulos por escribirse en la Justicia federal luego del receso invernal. Lo cierto es que para los atribulados argentinos, al revés de la amenaza invernal que se cernía sobre las tierras imaginarias de Games Of Thrones, el verano está llegando.

Economía 💲

El agua no se vende: movilización y amparo contra la entrega de AySA

Con la apertura de sobres de la licitación pospuesta al 15 de septiembre, organizaciones sociales se concentraron hoy frente al Ministerio de Economía para rechazar la privatización de la empresa que abastece de agua potable a 15 millones de personas en el AMBA. Mekorot, la empresa israelí que asesora el proceso, y decretos que habilitan cortes por falta de pago son el núcleo del rechazo.

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El Argentino Diario-AySA.
Postergaron la apertura de sobres de la licitación de AySA al 15 de septiembre; organizaciones marcharon igual al Ministerio de Economía.

Esta mañana, a las 9.30, organizaciones sociales, ambientales y vecinales de todo el AMBA se concentraron frente a la sede del Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250, bajo la consigna «No a la privatización de AySA». La movilización coincidía con la fecha originalmente fijada para la apertura de sobres de la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), pero el Gobierno debió correrse: la apertura fue postergada al 15 de septiembre debido a pedidos de prórroga formulados por las propias empresas que participan del proceso. La postergación no apaciguó el rechazo social. Lejos de eso, el movimiento de resistencia salió a las calles con más argumentos.

Una licitación sin precio base y con asesor israelí

La privatización de AySA se enmarca en la Ley Bases (N° 27.742) y fue impulsada por la Resolución 704/2026 del ministro Luis Caputo, que lanzó el proceso en mayo de 2026. El esquema prevé vender el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación y colocar el 39% restante en bolsa; el 10% quedaría en manos de los trabajadores. La concesión es por 30 años, prorrogable por 10 más, sin precio base fijado por el Estado. Es decir, el Gobierno no estableció un piso mínimo para entregar el control del agua de millones de personas.

Lo que agrava el cuadro es la presencia de Mekorot, la empresa estatal israelí, en el proceso. Según consta en la respuesta a un pedido de acceso a la información pública firmado por el licenciado Raúl Soria, AySA firmó un Acuerdo Marco con esa firma el 28 de octubre de 2024 y un Contrato de Consultoría el 4 de noviembre de 2024 por 12 meses. Mekorot asesora técnicamente el proceso licitatorio y promueve, en palabras de su propio coordinador de Proyectos Especiales, Diego Berger, concebir al agua como un bien escaso al que debe asignársele un valor alto. Las organizaciones que integran la campaña «Fuera Mekorot» señalaron además que esa firma fue denunciada por instrumentar la provisión de agua a la población palestina como parte de la política israelí de apartheid.

Los decretos que habilitan lo que antes era prohibido

Los manifestantes señalaron una trama regulatoria que acompaña el proceso de transferencia y que ya tiene efectos concretos sobre los usuarios. Los decretos DNU 493/25, 494/25 y 805/25 habilitaron cortes del servicio de cloacas y agua por falta de pago; autorizaron un aumento mensual acumulativo del 3% en las tarifas; y redujeron las exigencias en los controles de calidad del agua. Desde el inicio de la gestión Milei, las tarifas de AySA acumularon una suba cercana al 300%, mientras se paralizaron las obras de extensión y mantenimiento de la red y se cerraron las sedes de atención al público en los distritos del AMBA. Más tarifas, menos controles, más riesgos para la salud: esa es la ecuación que las organizaciones denuncian como el resultado visible del proceso privatizador en curso.

La batalla judicial: amparos frenados y una Cámara que debe resolver

El proceso privatizador enfrenta una resistencia legal que el Gobierno ha maniobrado sistemáticamente para neutralizar. Existen dos denuncias de inconstitucionalidad paralizadas por falta de designación de jueces. Más relevante: el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires presentó un amparo para suspender los cortes de servicio por falta de pago, pero el Gobierno apeló y la resolución final quedó en manos de la Cámara Federal de La Plata. Ese amparo, mientras tanto, debe renovarse cada tres meses para mantener su vigencia.

En paralelo, el Juzgado Federal N° 3 de Lomas de Zamora rechazó in limine una acción de amparo ambiental colectivo presentada por el Foro Hídrico de Lanús, FARN, la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y otras entidades, después de que el fiscal Sergio Mola emitiera dictamen en contra. La justicia desestimó los planteos sobre la opacidad del pliego, la falta de audiencias públicas y la restricción de la información técnica a un Data Room confidencial al que solo acceden las corporaciones interesadas, excusándose en formalismos procesales.

El Senado, el campo popular y las exigencias en la calle

En el Senado, la oposición logró instalar el debate. El senador Wado de Pedro (Unión por la Patria) impulsó una moción de preferencia para darle prioridad al tratamiento de un proyecto que declara a AySA «de interés público y estratégico para el desarrollo humano» en los términos del artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, e impide la transferencia de las acciones estatales. La moción se aprobó por 35 votos contra 33. La iniciativa debe aún superar el debate en comisión y el pleno, en un Congreso donde el Ejecutivo cuenta con los votos suficientes para bloquear cualquier avance que contrarie su agenda de desguace.

Las organizaciones que encabezaron la movilización de hoy exigieron, además de frenar la privatización, la reapertura de las oficinas de atención al público, la reactivación del plan de obras paralizadas y la rescisión del contrato con Mekorot. La consigna que sintetizó el espíritu de la jornada es tan simple como contundente: «El agua no se vende, la vida se defiende.»

Puntos clave

  • La apertura de sobres de la licitación fue postergada al 15 de septiembre por pedidos de prórroga de las propias empresas interesadas.
  • AySA abastece de agua potable y saneamiento a más de 15 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del AMBA.
  • Mekorot, empresa israelí, asesora el proceso de privatización desde un contrato firmado en noviembre de 2024.
  • Los DNU 493/25, 494/25 y 805/25 habilitan cortes por falta de pago y reducen los controles de calidad del agua.
  • El amparo del Defensor del Pueblo bonaerense, apelado por Milei, aguarda resolución en la Cámara Federal de La Plata.
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