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Política 📢

Rutas nacionales: el Gobierno llama a audiencias públicas para avanzar con la privatización

El nuevo esquema eliminará los subsidios estatales y dependerá de inversión privada.

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El Gobierno nacional convocó formalmente a una serie de audiencias públicas para avanzar en la segunda etapa del proceso de privatización de más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, que actualmente están bajo la administración estatal de Corredores Viales S.A.. La convocatoria fue oficializada a través de la Resolución 827/2025 de la Dirección Nacional de Vialidad, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Segunda etapa de la Red Federal de Concesiones

El nuevo esquema se inscribe dentro del desarrollo de la Red Federal de Concesiones (RFC), una iniciativa que busca transferir al sector privado la operación y mantenimiento de los principales corredores viales del país. La Etapa II del programa incluye 8 tramos distribuidos en el centro del país, abarcando rutas estratégicas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.

Entre las trazas incluidas figuran las autopistas Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 5 y 7, y los accesos a los puertos del Paraná en la zona de Rosario.

Calendario de audiencias

Las audiencias públicas se celebrarán entre el 11 y el 13 de junio y están abiertas a toda persona interesada, mediante inscripción previa a través del sitio web de Vialidad Nacional. La participación es libre y gratuita hasta el 9 de junio.

Las tres audiencias confirmadas son:

  • Miércoles 11 de junio, 10:00 hs: Tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur. Lugar: Centro Cultural Municipal Poeta Enrique Uzal, San Miguel del Monte, Buenos Aires.
  • Jueves 12 de junio, 10:00 hs: Tramos Pampa, Mediterráneo y Puntano. Lugar: Complejo Deportivo Municipal General San Martín, Junín, Buenos Aires.
  • Viernes 13 de junio, 10:00 hs: Tramos Portuario Sur y Portuario Norte. Lugar: Auditorio Municipal Rafael de Aguiar, San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires.

Un sistema sin subsidios

Desde el Gobierno aseguraron que el nuevo sistema no incluirá subsidios estatales y remarcaron que se creó “para generar competencia, transparencia y mejores resultados para los usuarios”. Según el Ejecutivo, el modelo anterior era “deficitario” y no ofrecía “beneficios reales”.

“El desarrollo de la RFC es posible gracias a que se generaron las condiciones para que los capitales privados inviertan en la operación y mantenimiento de estas trazas, lo que reduce el gasto para el Tesoro nacional”, afirmaron fuentes oficiales.

Supervisión estatal

A pesar de la privatización operativa, Vialidad Nacional seguirá siendo el organismo encargado de supervisar y controlar los contratos de concesión. La entidad actuará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte y tendrá como objetivo garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas.

El Ejecutivo subrayó: “Reforzamos el compromiso con un sistema vial moderno, seguro y eficiente, promoviendo la integración territorial y el crecimiento económico del país”.

Legislativo

Discapacidad: el Senado debate hacer permanente la ley que Milei vetó

Con aval de todo el arco político, la Cámara alta trata la norma que reemplaza a la emergencia que el Presidente vetó en 2025. Conserva la pensión del 70% de la mínima, la compatibilidad con el empleo y un piso presupuestario en términos reales.

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Sesión del Senado por la ley de discapacidad

La emergencia en discapacidad que Javier Milei vetó, que el Congreso le impuso por dos tercios y que el Gobierno después congeló está a un paso de convertirse en política permanente. Esta vez, con la firma del propio oficialismo, que necesita cerrar el frente antes de que la emergencia venza el 31 de diciembre.

El Senado sesiona desde las 11 con un temario extenso cuyo eje es la sanción definitiva de la «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad», que reemplaza el esquema transitorio de la Ley 27.793 por un régimen estable. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsó la sesión después de que el proyecto obtuviera el 4 de noviembre dictamen sin cambios en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, con el respaldo de LLA, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y los bloques provinciales. En Diputados, la iniciativa había sido aprobada por 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.

Qué garantiza el proyecto

La pensión no contributiva por discapacidad queda fijada en el 70% del haber jubilatorio mínimo y se actualiza por la movilidad previsional. El acceso sigue atado al Certificado Único de Discapacidad (CUD). La norma permite que los titulares tengan un empleo formal o se inscriban en el monotributo sin perder automáticamente el beneficio, mientras sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si los superan, la pensión se suspende, y puede rehabilitarse cuando el trabajo termina o el ingreso vuelve a estar por debajo del tope.

El texto establece un nomenclador único y obligatorio de prestaciones básicas para obras sociales, prepagas y el Estado, actualizado por movilidad jubilatoria y con estudios periódicos de costos, y garantiza la cobertura de salud de los pensionados a través del programa Incluir Salud. En materia de financiamiento, el crédito presupuestario del Ministerio de Salud para el sistema no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. También prevé una reducción del 50% de ciertas contribuciones patronales durante tres años para quienes contraten por tiempo indeterminado a trabajadores con discapacidad.

Para los prestadores, que arrastran meses de atraso, el Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar las deudas verificadas en un plazo de 90. La Secretaría Nacional de Discapacidad quedará a cargo de auditorías permanentes con cruces de datos entre ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS, aunque el proyecto incorpora garantías: ante una irregularidad, el beneficiario tendrá 60 días para responder y podrá pedir la rehabilitación provisoria mientras se revisa su caso.

Del veto a la ley permanente

La Ley 27.793 declaró la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026. Milei la vetó en su totalidad y el Senado rechazó ese veto por 63 votos contra 7, en la primera derrota de ese tipo que sufrió el Gobierno en la Cámara alta. La norma fue promulgada, pero el Ejecutivo suspendió su ejecución, lo que profundizó la crisis de prestadores, transportistas y centros terapéuticos.

El mismo oficialismo que vetó la emergencia y la dejó sin aplicar termina apadrinando una ley que conserva casi todo su contenido. La urgencia tiene fecha: el período de sesiones ordinarias cierra el 30 de noviembre y, sin una ley nueva, el sistema quedaría sin marco legal al terminar el año.

El resto del temario

La sesión incluye además la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un pedido de los Estados Unidos, y el proyecto de propiedad privada, que vuelve de Diputados con cambios, junto con la ley Joaquín. El peronismo intentó sumar sobre tablas el proyecto de prevención de la ludopatía. «Tenemos una explosión del tema de plataforma de juego en las redes», advirtió el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, que cuestionó la publicidad de apuestas como un «cebo para los jóvenes». Bullrich rechazó el tratamiento inmediato y propuso llevarlo a un plenario de comisiones la semana próxima.

Lo que tenés que saber

  • El Senado trata la ley que vuelve permanente el sistema de la emergencia en discapacidad, que vence el 31 de diciembre.
  • La pensión no contributiva queda en el 70% de la jubilación mínima y es compatible con ingresos de hasta dos salarios mínimos.
  • El presupuesto para el sistema no podrá caer en términos reales respecto del año anterior.
  • Las deudas con prestadores deberán tener cronograma en 30 días y pagarse en 90.
  • Milei había vetado la Ley 27.793; el Congreso insistió y el Gobierno suspendió su ejecución.
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