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Caputo: «Corregir subsidios a la energía y el transporte llevará tres años»
Explicó que esa corrección será gradual «a razón, aproximadamente, de un tercio por año» del total de los dos puntos del PBI que se destinan hoy a ese fin en un proceso que se extendería hasta diciembre de 2026.
El Gobierno planea una corrección paulatina de los subsidios a la energía y al transporte público de pasajeros que demandará tres años, en los que se aplicará una reducción equivalente a dos puntos del Producto Bruto Interno (PBI) con un «cambio de enfoque» que atenderá la demanda en vez de la oferta, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo.
«Los subsidios hoy, tanto de energía como de transporte, son dos puntos de producto», dijo Caputo en declaraciones al canal de cable La Nación+, en las que también aclaró que ese porcentaje es equivalente a US$ 10.000 millones.
El titular del Palacio de Hacienda explicó que esa corrección será gradual «a razón, aproximadamente, de un tercio por año» de ese total de 2 puntos del producto, en un proceso que se extendería hasta diciembre de 2026.
«Entonces, hoy estamos corrigiendo 0,7 de esos dos puntos, de los cuales 0,5 es de energía y 0,2 es de transporte», añadió, en lo que representaría, tomando los valores que el propio ministro expuso, un recorte de subsidios de cerca de US$ 2.500 millones anuales en energía (incluyendo electricidad y gas natural) y US$ 1.000 millones en transporte.
«Cambio de enfoque»
El «cambio de enfoque» anunciado por Caputo apunta a dejar de concentrar los subsidios en las empresas prestadoras de los servicios y dárselos a los usuarios, a los efectos de poder diferenciarlos según su capacidad económica.
Ese aspecto fue puesto de manifiesto la semana pasada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, para quien «es absolutamente injusto» que por un lado haya una discriminación con el Interior, donde «hoy hay gente que paga mucho más de lo que se paga en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y, por el otro, no se hagan distinciones entre usuarios socialmente vulnerable y otros de alto poder adquisitivo.
«Si yo salgo de Casa Rosada y me subo a un colectivo, aquel niño que hoy no tiene para alimentarse como corresponde me está pagando mi parte del boleto de colectivo que yo sí puedo pagar», puso como ejemplo en una conferencia de prensa.
En parte, ese cambio de paradigma comenzó a diseñarse a mediados del año pasado con la segmentación tarifaria del sector eléctrico, al establecer que los usuarios del Nivel 3 (consumos medios) tienen valores subsidiados hasta una demanda mensual de 400 kwh, pero que pagan la tarifa plena por los consumos que excedan ese tope.
En cuanto al transporte público, tanto en colectivos como en ferrocarriles, la identificación de los usuarios a través de la tarjeta SUBE podría facilitar esa política si se avanza en un entrecruzamiento de datos, pero se corre el riesgo que usuarios de alto poder adquisitivo utilicen plásticos de personas de menores recursos económicos.
El grueso de los subsidios a sectores económicos se concentra en el sector energético y, dentro de él, las mayores transferencias se derivan a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que distribuye las asistencias entre las compañías generadoras de energía eléctrica.
En cuanto a los subsidios al transporte, la mayor parte van a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), razón por la que las tarifas del autotransporte de pasajeros en esa región son notoriamente menores a la del resto del país y suelen generar reclamos de varias provincias.
Al respecto, según datos del el Ministerio de Transporte relevados por la consultora Politikon Chaco, entre enero y septiembre de este año, considerando solamente los fondos en concepto de Fondo Compensador y Compensaciones tarifarias, el total distribuido alcanza los $ 284.027 millones, de los que el 79,6% fueron al AMBA.
Ese porcentaje supera al 77% que obtuvo la región en el mismo período de 2022 y, según la consultora, «agrava la situación de desproporcionalidad que reclaman las provincias» que en el mismo período pasaron de una participación del 23% al 20,4%.
Desde esa perspectiva, Caputo consideró que «los subsidios no son tales» sino que en definitiva «son también usos de los recursos públicos para hacer política, un perjuicio para los que menos tienen».
Por ese motivo, remarcó que en la reducción de subsidios, a partir de reconocer que «hay diferentes sectores, se va a hacer una diferenciación entre los sectores que más lo necesitan y los que menos».
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Dos de cada tres argentinos se quedan sin plata antes del día 20: quiénes están peor
Un informe de Zentrix Consultora revela que cuatro de cada diez hogares no superan la primera quincena con sus recursos. La alimentación, la salud y las tarifas concentran buena parte del crédito, mientras crece el reclamo de regulación estatal ante la morosidad.
Dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes del día 20, mientras casi cuatro de cada diez hogares agotan sus recursos durante la primera quincena. Solo el 34% logra cubrir todo el mes y apenas el 9,8% consigue ahorrar, según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora.
El relevamiento también indica que el 56,2% de la población tomó deuda en los últimos seis meses y que el 81,8% considera que sus ingresos no le ganan a la inflación. Entre quienes recurrieron al crédito, el 55,1% lo destinó a alimentación y salud, el 21,3% a tarifas y servicios públicos y el 11,8% a bienes durables.
Clase baja, media y jóvenes: los sectores más afectados
- Clase baja: el 59,6% agota sus ingresos antes del día 15 y el 83,3% antes del día 20. Solo el 0,9% logra ahorrar y el 68,1% tomó deuda; de ese grupo, el 65,5% la destinó a necesidades básicas.
- Clase media: el 51,4% se queda sin dinero antes de fin de mes y el 47,1% se endeudó. El 45,6% utilizó el crédito para gastos primarios y el 29% para tarifas y servicios.
- Clase alta: el 20% agota sus recursos antes de fin de mes y el 61,9% puede ahorrar. El 36,5% tomó deuda y, entre ellos, el 63,4% la destinó a bienes durables.
- Menores de 40 años: el 72% se queda sin dinero antes del día 20, el 60,9% se endeudó y apenas el 3% logra ahorrar. Además, el 69,1% evalúa negativamente la situación económica del país.
En cuanto a la percepción salarial, desde marzo más del 81% de los encuestados sostiene que sus ingresos pierden frente a la inflación. El indicador llegó al 87,4% en julio.
Qué hacen los argentinos con el crédito y qué reclaman
Zentrix advirtió que financiar las deudas de un mes con los ingresos del siguiente alimenta un circuito de dificultades económicas. El informe señaló que “el ciclo se retroalimenta y la morosidad deja de ser un episodio para convertirse en un riesgo estructural de los hogares que usan la deuda como puente”.
Ante este panorama, el 67% considera que el Estado debe intervenir. El 36,1% entiende que se trata de un problema social general y el 30,9% cree que corresponde actuar incluso cuando se trata de una relación entre privados.
Sobre las posibles medidas, el 61,3% prefiere regular las condiciones de los créditos, el 23,6% propone refinanciar deudas a través del Banco Central y el 7,5% apoya la condonación por ley.
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