CABA
El Gobierno porteño presentó ante la Corte Suprema la demanda por la coparticipación contra el Estado nacional
La presentación “promueve una acción de amparo, plantea la inconstitucionalidad y solicita una medida cautelar” en relación a la decisión de reducir de 3,5% al 2,32 % el coeficiente coparticipable de la ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó esta mañana ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda en la cual “promueve una acción de amparo, plantea la inconstitucionalidad y solicita una medida cautelar” en relación a la decisión del Estado nacional de reducir de 3,5% al 2,32 % el coeficiente de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.
En el escrito judicial del Gobierno porteño, presentado esta mañana a las 10.25 y al que accedió Télam, se solicita que “se restablezca en forma inmediata el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5 % originado en el Consenso Fiscal”.
Se pide que, “en consecuencia, se ordene el cese de los efectos del Decreto 735-PEN-2020 que, en forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales que se invocan”.
En otro de los puntos de la presentación, se solicita que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 735- PEN- 2020 (BO 10-9-2020) del Poder Ejecutivo Nacional, por ser ilegal y arbitrario en modo manifiesto, así como de todo acto administrativo o norma que se hubiera dictado o se dicte en el futuro como consecuencia del dictado de aquél”.
El texto presentado por la Procuración de la Ciudad, firmado por María Cristina Cuello y con el patrocinio del Procurador Gabriel Astarloa, pide que “se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que deben ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el porcentaje de coparticipación del 3,5%».
Asimismo solicita que se ordene «la restitución de los fondos ilegítimamente retraídos por aplicación del decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados hasta su efectiva percepción por parte de la Ciudad”.
“Como medida cautelar y con sustento en lo normado por la ley 26.854, solicitamos se ordene la inmediata suspensión de los efectos – ejecutoriedad – del Decreto 735- PEN- 2020 (BO 10-9-2020), así como de todos los actos administrativos que se hubieren dictado o se dicten en consecuencia”, se reclama en otra parte del escrito judicial.
En el texto presentado ante el máximo tribunal del país, que tiene una extensión de 97 páginas, se pide a la Corte que ordene «al Estado Nacional que se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado y/o que altere el coeficiente de la CABA o disminuya los recursos correspondientes a la transferencia de competencias federales».
En los argumentos del escrito ante la Corte, la administración de Horacio Rodríguez Larreta explica que «el coeficiente asignado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya fuera el original de 1,4%, el mayor del que gozó de 3,75%, e incluso su reducción a 3,5% -en vigencia hasta el dictado del decreto 735/20- fue siempre establecido mediante el inevitable acuerdo de la CABA con el Estado Nacional, y goza además de ratificación legislativa».
En este sentido, se citan cinco convenios firmados entre la Ciudad y el Estado nacional para establecer los porcentajes de coparticipación del distrito.
«Permitir que el Estado Nacional modifique en forma unilateral en perjuicio de la CABA constituye una clara violación al régimen federal, a la autonomía de la Ciudad y al principio de igualdad por evidenciar una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias», resume el escrito.
También se señala que «el decreto cuya inconstitucionalidad se plantea sería el primero que fija de modo unilateral la alícuota de participación automática de la CABA», y se explica que «todos los anteriores coeficientes desde 1988 fueron producto de acuerdos».
En la fundamentación de su demanda, el Ejecutivo porteño señala que «resulta absolutamente inexacto y carente de sustento fáctico, como bien surge de la propia lectura del acto cuestionado, que el impacto presupuestario real de las funciones de seguridad asumidas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires equivalgan a un 0,92%».
Esta aclaración surge porque en el último decreto que modifica el porcentaje de coparticipación de la Ciudad, el Gobierno nacional le reconoce al distrito el 1.40% que recibía históricamente más un 0,92%, que según la administración de Alberto Fernández es el agregado que debe recibir por hacerse cargo de los servicios de seguridad.
CABA
Con el techo por el piso: en CABA el ingreso laboral promedio apenas supera la línea de pobreza
El ingreso promedio de la ocupación principal en la Ciudad de Buenos Aires fue de $1.665.849 en el segundo trimestre de 2026, apenas $21.450 por debajo de los $1.687.299 que necesita una familia de cuatro integrantes propietaria de su vivienda para no caer en la pobreza. Los trabajadores informales perdieron casi 28 puntos frente a la inflación interanual.
En la Ciudad de Buenos Aires, trabajar ya no garantiza no ser pobre. El ingreso promedio de la ocupación principal alcanzó los $1.665.849 en el segundo trimestre de 2026, mientras que en septiembre una familia tipo de cuatro integrantes, propietaria de su vivienda, necesitó $1.687.299 mensuales para superar la línea de pobreza. La diferencia entre ambas cifras es de apenas $21.450: una brecha tan angosta que cualquier imprevisto, cualquier suba de tarifas o cualquier mes de bajo rendimiento laboral puede empujar a una familia a la otra orilla.
Los datos fueron publicados este jueves 8 de octubre de 2026 por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), como parte del informe de inflación y condiciones de vida de septiembre. Un análisis de Romina Piccirillo, candidata a secretaria gremial de la Lista 1 de la CTA Ciudad, advierte que la brutal caída del salario real forma parte de un proceso de vaciamiento del Estado que atraviesa universidades, administración pública, escuelas y empresas estatales.
La trampa de los números: trabajar no alcanza
La línea de indigencia para esa misma familia tipo se ubicó en $925.941 mensuales en septiembre. Es decir, para no caer en la indigencia hace falta ganar más de $925.000, y para no ser pobre, casi $1.690.000. El ingreso promedio laboral se encuentra en el límite exacto entre la subsistencia y la pobreza.
El ingreso total familiar promedio, que incluye todos los ingresos percibidos por los miembros del hogar, fue de $2.574.524. Ese número más abultado no cambia la fotografía de fondo: la mayoría de los trabajadores porteños depende de que múltiples integrantes del hogar aporten ingresos para mantenerse por encima de la línea de pobreza, lo que pone en evidencia que el ingreso individual es estructuralmente insuficiente.
Los formales pierden 9 puntos; los informales, casi 28
El IPCBA registró una variación interanual del 32,9% en septiembre de 2026 respecto del mismo mes del año anterior. Frente a ese nivel de inflación, los ingresos de los trabajadores formales, es decir, quienes tienen descuento jubilatorio, cayeron 9,1 puntos porcentuales en términos reales.
La situación de los trabajadores informales es considerablemente más grave. Entre los asalariados sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio quedó casi 27,7 puntos porcentuales por debajo de la inflación interanual. Esa brecha no es solo una diferencia estadística: es la expresión cotidiana de la desprotección de quienes trabajan sin cobertura social, sin aportes y sin ninguna red de contención ante el deterioro del poder de compra.
Empleados y agotados: el mercado laboral porteño en cifras
La tasa de actividad en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 64,5% y la desocupación se ubicó en el 7,2%. Pero la lectura superficial de esos datos esconde una realidad más compleja: tener empleo no es sinónimo de bienestar. El 26,3% de las personas ocupadas trabaja más de 45 horas semanales, y el 13,3% tiene más de una ocupación. La pluriempleo y la sobreocupación no son señales de dinamismo económico; son el síntoma de una economía que obliga a los trabajadores a multiplicar sus horas para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
«La pérdida de ingresos obliga a trabajar cada vez más horas para poder llegar a fin de mes. Por eso, discutir el salario también es discutir nuestro tiempo: cuánto tenemos que trabajar para vivir y cuánto tiempo nos queda para nuestra vida. Defender el salario es defender el derecho a una vida digna», planteó Piccirillo en su análisis.
El vaciamiento como política
Desde la CTA Ciudad, Piccirillo enmarcó el deterioro salarial en un proceso más amplio: «La brutal caída del salario es parte de un proceso de vaciamiento de lo público que atraviesa las universidades, el Estado, la administración pública, las escuelas y las empresas públicas.» La lectura sindical apunta directamente al modelo económico del gobierno de Javier Milei, cuya política de ajuste fiscal recortó en términos reales el gasto primario total un 31%, los programas sociales un 61% y los salarios públicos un 29% desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo publicados en mayo de 2026.
El cuadro que emerge de los datos del IDECBA no es el de una economía en recuperación, sino el de una Ciudad donde el ingreso laboral promedio roza la línea de pobreza, los informales pierden casi tres veces más poder adquisitivo que los formales, y una proporción creciente de trabajadores necesita emplearse en más de un trabajo para llegar a fin de mes.
Lo que tenés que saber:
- El ingreso promedio de la ocupación principal en CABA fue de $1.665.849 en el 2º trimestre de 2026, apenas por debajo de los $1.687.299 necesarios para superar la línea de pobreza de una familia de cuatro integrantes propietaria de su vivienda.
- Los trabajadores formales perdieron 9,1 puntos porcentuales de poder adquisitivo frente a la inflación interanual del 32,9%; los informales, casi 27,7 puntos.
- El 26,3% de los ocupados trabaja más de 45 horas semanales y el 13,3% tiene más de una ocupación.
- La tasa de actividad en CABA fue del 64,5% y la desocupación del 7,2% en el período analizado.
- La CTA Ciudad vincula el deterioro salarial con el vaciamiento del Estado impulsado por el gobierno de Milei, que recortó programas sociales un 61% y salarios públicos un 29% en términos reales desde diciembre de 2023.
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