La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, más que duplicó en un año su Fondo Rotatorio, la caja de gastos operativos de la Casa Rosada: pasó de $471 millones a $1.135 millones. En el listado de tarjetas corporativas figuran la propia secretaria general, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el asesor presidencial Eduardo «Lule» Menem. Ante un pedido de acceso a la información pública, el Gobierno entregó la nómina de tarjetas pero guardó silencio sobre lo que se gastó con ellas.

La Resolución 35/2026, firmada por la propia Karina Milei el 29 de enero y publicada en el Boletín Oficial el 2 de febrero, fijó el Fondo Rotatorio 2026 de la Secretaría General de la Presidencia en $1.135.112.226,90. El año anterior, ese mismo fondo ascendía a $471.581.570,04: un salto de casi $664 millones, un aumento del 141% en doce meses. La misma norma autorizó gastos individuales de hasta $50 millones por operación y eximió de ese tope a tres categorías: servicios básicos, viajes presidenciales y débitos por embargos.

La lista de tarjetas que el Gobierno sí mostró

Ante un pedido de acceso a la información pública formulado por la Agencia NA, la Secretaría General informó, con corte al 10 de junio de 2026, la existencia de 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios activos de la plataforma «Corporativa Nación» del Banco Nación.

La documentación oficial identifica a los titulares, las terminaciones de los plásticos y las áreas de asignación. Karina Milei figura bajo «Secretaría General Privada» con una tarjeta recargable terminada en 8888. Victoria Villarruel aparece dos veces dentro del Fondo Rotatorio: una con terminación 7961 bajo el subagrupador «Viáticos y Eventuales» y otra con terminación 7755 bajo «Anticipos». Eduardo «Lule» Menem, asesor presidencial, figura bajo «SS. Gestión Institucional» con una tarjeta terminada en 8045 y como Administrador Centro de Costo de esa subsecretaría. También aparece Santiago Oría, director de Realización Audiovisual, ligado al dispositivo comunicacional presidencial, con un plástico terminado en 6086.

Los que administran la caja también tienen tarjeta

El punto que más tensión genera en la documentación es la coincidencia entre quienes administran y controlan el Fondo Rotatorio y quienes figuran como titulares de tarjetas dentro del mismo sistema. La Resolución 35/2026 designó a Gabriela Carla Winnik, titular de la Dirección General de Administración, como responsable del Fondo; y a Marcelo Nicolás Luque Mariño, coordinador de Movimiento de Valores, como subresponsable. Ambos figuran también con tarjetas corporativas de crédito vigentes: Winnik con terminación 6011 y Luque Mariño con terminación 6128. Es decir, los funcionarios a cargo de controlar la caja son simultáneamente usuarios del sistema que deberían fiscalizar.

Lo que el Gobierno ocultó: consumos, proveedores, rendiciones

El pedido de información no reclamaba solo un listado de titulares. Requería resúmenes mensuales, consumos, comercios, proveedores, CUIT, rubros, montos, moneda, imputación presupuestaria, comprobantes, facturas, vouchers, rendiciones, autorizaciones y expedientes GDE. La Secretaría General respondió con la nómina de tarjetas. No informó si esas tarjetas tuvieron movimientos, en qué se usaron, por qué montos ni con qué finalidad.

La paradoja la plantea la propia documentación oficial: el convenio con el Banco Nación por la Tarjeta Corporativa Nación Prepaga, que Presidencia acompañó como parte de la respuesta, establece expresamente que la plataforma de administración permite consultar en línea consumos, transferencias, identificación de comercios, detalle de transacciones, movimientos de cuentas, reportes y liquidaciones. La herramienta técnica para rendir cuentas existe y está descripta en los propios documentos remitidos por Presidencia. Aun así, esa trazabilidad no fue entregada.

El instructivo que obliga a rendir y el sumario que no se muestra

El instructivo interno de cajas chicas, también remitido por Presidencia, fija un circuito de control obligatorio: los gastos deben realizarse con Tarjeta Corporativa del Banco Nación, exige comprobantes válidos a nombre de la Secretaría General, constancias de AFIP, justificación del gasto y firmas digitales. Las rendiciones deben tramitarse mediante expediente electrónico GDE bajo el trámite «Caja Chica Rendición» e incluir relación de gastos, resumen de la Tarjeta Corporativa, comprobantes digitalmente firmados, detalle e-SIDIF e informe de la unidad requirente. La regla es clara: si hubo gastos, debían quedar registrados. Presidencia no entregó ni una cosa ni la otra.

La respuesta oficial también reconoció la existencia de un sumario administrativo vinculado al uso de tarjetas corporativas. La única precisión brindada fue que concluyó con una propuesta de cierre y la determinación de que no existió perjuicio fiscal. Sin embargo, no se informó qué hechos se investigaron, qué tarjeta o funcionario estuvo involucrado, qué monto se analizó ni si hubo algún tipo de reintegro o regularización. Inexistencia de perjuicio fiscal no equivale necesariamente a inexistencia de una conducta observada: sin expediente, no hay forma de verificarlo.

El doble discurso del ajuste que no se ajusta a sí mismo

La contradicción que emerge de los documentos oficiales es difícil de soslayar. La gestión de Javier Milei hizo del recorte del gasto público su principal bandera política; bajo esa retórica aplicó ajustes del 31% en el gasto primario, del 66% en transferencias a provincias, del 61% en programas sociales y del 20% en financiamiento universitario. Mientras tanto, la Secretaría General de la Presidencia, conducida por la hermana del Presidente, más que duplicó en un año su propia caja de gastos flexibles y se negó a mostrar en qué se utilizó. La pregunta que los propios documentos dejan planteada es simple: si el Banco Nación tiene la información, si el instructivo interno obliga a rendirla y si los expedientes GDE deben existir, ¿por qué Presidencia no abrió la cuenta?

Puntos clave

• La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, incrementó su Fondo Rotatorio un 141%, de $471 millones a $1.135 millones, mediante la Resolución 35/2026.
• En el circuito de tarjetas corporativas figuran Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el asesor presidencial Eduardo «Lule» Menem, entre otros funcionarios.
• Los funcionarios designados para administrar y controlar el Fondo Rotatorio, Winnik y Luque Mariño, también son titulares de tarjetas corporativas de crédito del mismo sistema.
• Ante el pedido de acceso a la información pública, Presidencia entregó la nómina de tarjetas pero no los consumos, proveedores, montos, comprobantes ni rendiciones exigidas.
• El Gobierno reconoció un sumario administrativo por uso de tarjetas que concluyó sin determinar perjuicio fiscal, pero no entregó el expediente que permitiría verificar qué ocurrió.