El juez contencioso administrativo porteño Roberto Gallardo fue recusado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la causa de espionaje que investiga la utilización irregular de datos biométricos de millones de personas a través del sistema de reconocimiento facial de prófugos del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

El planteo lo hizo el Gobierno de CABA, quien le atribuyó al magistrado supuesta «pérdida de imparcialidad», en el marco de la causa en la cual Gallardo suspendió el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial de la cartera de Seguridad porteña a partir de una acción de amparo colectivo impulsada por el Observatorio del Derecho Informático Argentino (ODIA).

El pedido de apartamiento será resuelto ahora por los miembros de la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la CABA, Carlos Balbín, Fabiana Schafrick y Pablo Mantaras, detallaron fuentes judiciales.

El planteo, sin embargo, no implica la suspensión de medidas dispuestas por Gallardo, como los plazos de una intimación para que se informe el destino dado a datos biométricos recabados de manera irregular por el sistema o el inicio de una pericia encomendada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), precisaron las fuentes.

Al pedir su apartamiento, el gobierno porteño sostuvo que se encuentra «gravemente afectada la garantía de imparcialidad» de Gallardo, agregó que actúa con «absoluto secretismo, salvo para algunos medios» y que «ha demostrado una evidente falta de imparcialidad», según el escrito al que tuvo acceso Télam.

«El doctor Roberto Andrés Gallardo ha demostrado una evidente falta de imparcialidad, además del desatino con que condujo el actual proceso, que lleva a mi mandante a rechazar su artero accionar y requerir su apartamiento de la causa», agrega en su presentación Diego Farjat, apoderado del Gobierno de la Ciudad

Gallardo » ha excedido notoriamente sus facultades. Con su accionar ha demostrado un apartamiento manifiesto de las reglas del debido proceso», añadió el letrado.