El Juzgado Federal de Oberá ordenó correr traslado al Poder Legislativo de la Nación para que responda en un plazo de once días hábiles la demanda presentada por la Comunidad Mbya Guaraní Tape Mirí. 

La acción judicial exige al Congreso el cumplimiento de sus obligaciones de acceso a la información ambiental, transparencia y participación ciudadana —incluyendo la consulta previa indígena— antes del avance legislativo del proyecto de ley conocido como «Súper RIGI» (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias). 

El juez federal Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga dispuso tramitar la causa como un «proceso sumarísimo» bajo el expediente FPO 39913/2026. La letrada patrocinante de la comunidad, Dra. Bárbara Beatriz Bertola, fundamentó la urgencia de esta vía procesal para evitar que «las demoras tornen ilusoria su tutela» y reservó el derecho de accionar contra la validez de las normas que se dicten omitiendo estas instancias obligatorias. 

De acuerdo con la presentación judicial, el Estado Nacional está incumpliendo de forma deliberada con sus compromisos constitucionales y convencionales. La demanda aclara que no se cuestiona la conveniencia política o económica de la ley, sino la omisión sistemática de los informes técnicos, las evaluaciones estratégicas de impacto y los mecanismos de consulta pública que deben preceder de manera obligatoria a regulaciones de esta magnitud en materia de recursos naturales, energía y transformaciones territoriales.

En paralelo, el tribunal envió a despacho para resolución el pedido de intervención como AmicusCuriae (Amigo del Tribunal) presentado por el especialista Sr. Eduardo Dvorkin, bajo el patrocinio de la Dra. Clea Maguire. El experto aportó un informe científico enfocado en las graves incidencias y el impacto que tendrían en el sistema energético y ambiental determinadas actividades promovidas por el Súper RIGI, con especial énfasis en la instalación de mega data centers. 

La resolución judicial ya fue notificada electrónicamente mediante el sistema LEX100, otorgando formalmente el plazo de gracia ampliado por la distancia para que el Poder Legislativo comparezca en los estrados federales de Misiones.

Bárbara Bertola, letrada patrocinante de la comunidad, dijo: «Solicitamos el trámite urgente porque las demoras legislativas y procesales pueden tornar ilusoria la tutela de los derechos. El Estado no puede avanzar a ciegas con el Súper RIGI sin garantizar antes el acceso a la información y la participación de la comunidad en la formación de las leyes».

Carlos Gutierrez, del Centro Cultural 25 de mayo, quien presentó una demanda similar en los Tribunales de la Capital Federal – Expediente Nro.CAF 038794/2026 – Juzgado ContenciosoAdministrativo Federal 8 Situación Actual: EnDespacho Carátula: GUTIERREZ MORCHIO, CARLOS ALFREDO c/ EN s/AMPARO LEY 16.986 y que se encuentra en curso, manifestó: “Antes de su tratamiento, el Senado Nacional debería tomar los recaudos necesarios de participación ciudadana e información pública para cumplir con las obligaciones constitucionales y convencionales vigentes en el país”. Ello debido al gran impacto ambiental que tendrá el SUPER RIGI para toda la sociedad argentina, especialmente en materia de agua y energía”