Política 📢
¿Sin perdón posible? Carrió afirma que la condena a Cristina es “no indultable”
La líder de la Coalición Cívica invocó un fallo judicial de 2016 para sostener que los delitos por corrupción no pueden ser objeto de indulto.
Elisa Carrió volvió a meterse de lleno en el debate jurídico y político abierto tras la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. En una publicación en la red social X, la líder de la Coalición Cívica sostuvo este martes que la ex presidenta “no puede ser indultada” porque “los delitos que son imprescriptibles son no indultables”.
La ex diputada fundamentó su afirmación en un fallo de 2016 dictado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en la causa “Miralles”, al que definió como un “leading case” que habría sentado doctrina sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Carrió afirmó que ese antecedente convierte la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner en una pena “inamovible” desde el punto de vista jurídico: “Los delitos de corrupción son delitos contra la humanidad cuando se vuelven sistemáticos y afectan derechos fundamentales”, subrayó.
El fallo Miralles y su alcance legal
El fallo “Miralles”, al que se refirió Carrió, fue dictado el 6 de octubre de 2016 y llevó la firma del entonces juez Leopoldo Schiffrin, junto a sus colegas César Álvarez y Jorge Di Lorenzo. La resolución interpretó que los actos de corrupción estatal sistemática podían constituir crímenes de lesa humanidad si afectaban el goce de derechos humanos básicos, en línea con tratados internacionales.
Sin embargo, el alcance real de aquel pronunciamiento es objeto de controversia. No fue ratificado por instancias superiores ni replicado de forma sistemática por otros tribunales, por lo que su valor como doctrina vinculante resulta, al menos, discutible. El Código Penal argentino no considera imprescriptibles los delitos de corrupción en general, y la jurisprudencia más consolidada tampoco lo hace salvo en contextos excepcionales.
El contexto detrás de la declaración
Carrió decidió reforzar el eje de inhabilitación política de la vicepresidenta tras el fallo de la Corte Suprema, que el 10 de junio dejó firme la sentencia en la causa Vialidad por administración fraudulenta. Aunque la condena no incluye prisión efectiva por el momento, sí establece la imposibilidad de ejercer cargos públicos.
La jefa de la Coalición Cívica aprovechó su intervención para rendir homenaje al juez Schiffrin, fallecido en 2017, de quien destacó su trayectoria y su exilio durante la dictadura militar. “Nadie puede invocar amiguismo alguno”, dijo al recordar que el camarista fue desplazado del Poder Judicial durante el gobierno de Mauricio Macri.
Indulto e imprescriptibilidad: un debate abierto
El cruce entre imprescriptibilidad e indulto remite a debates históricos del derecho penal argentino. La Constitución Nacional en su artículo 99 inciso 5 prohíbe al presidente indultar delitos de lesa humanidad, pero no menciona explícitamente la corrupción como un tipo penal alcanzado por esa prohibición.
En este sentido, especialistas como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez han señalado en otras ocasiones que “la imprescriptibilidad no implica necesariamente la no indultabilidad”, a menos que una ley o la Constitución lo establezca de forma expresa.
La intervención de Carrió busca cerrar esa discusión con una interpretación extensiva del derecho penal internacional. Desde el kirchnerismo, en cambio, evitaron referirse a estas declaraciones y concentraron sus críticas en la supuesta persecución judicial y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner.
Geopolítica 🌎
Milei denunció a petroleras que operan en Malvinas y ordenó sumar una Base Naval al Presupuesto 2027
El Gobierno presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic por explorar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte con licencias británicas, violando la Ley 26.659. En simultáneo, Milei instruyó a Caputo para que el proyecto de Presupuesto 2027, que debe llegar al Congreso el 15 de septiembre, priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
Cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas fueron denunciadas penalmente por el Estado argentino. La presentación judicial apunta a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., todas ellas con actuación en la Cuenca Malvinas Norte bajo licencias otorgadas por el Reino Unido, en abierta violación de la legislación argentina vigente.
La acción fue impulsada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, según informó la Oficina del Presidente. La denuncia alcanza también a los directores, gerentes, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubieran intervenido en los hechos investigados.
La denuncia y la Ley 26.659
Según precisó el Ejecutivo, Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno consideró que esas actividades violan las disposiciones de la Ley 26.659, que prohíbe a cualquier persona física o jurídica la realización de actividades de exploración o explotación de recursos naturales en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.
La denuncia se extiende también a los accionistas de esas firmas, Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., como parte de una estrategia judicial que busca abarcar toda la cadena de responsabilidades corporativas involucradas en las actividades denunciadas.
«La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes», señaló la Oficina del Presidente. El Ejecutivo afirmó que continuará con las investigaciones y las acciones que considere necesarias ante actos que, según su posición, vulneren los derechos soberanos del país.
El Presupuesto 2027 y la Base Naval Integrada
En paralelo con la denuncia judicial, el presidente Javier Milei firmó una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que en la elaboración del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 se priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos destinados a la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos.
El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser remitido al Congreso el próximo 15 de septiembre. El Gobierno presentó ambas medidas como parte de una política destinada a fortalecer las capacidades del Estado para la defensa del territorio, la protección de los recursos naturales y el resguardo de los intereses estratégicos del país, aunque el anuncio se produce en un contexto donde el ajuste presupuestario sobre las fuerzas armadas y la infraestructura de defensa ha sido una constante de la gestión libertaria desde diciembre de 2023.
El respaldo inesperado de Israel y la lectura política
Un giro geopolítico sorpresivo acompañó los anuncios del Ejecutivo. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, le pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu «reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas» e «imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúa», según publicó en su cuenta de X.
«Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino», sostuvo Ben Gvir. El funcionario israelí añadió que «los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino».
El respaldo de Ben Gvir, figura de la ultraderecha israelí con fuerte alineamiento ideológico al gobierno de Milei, suma una voz internacional al reclamo soberano argentino, aunque la posición oficial del Estado de Israel no ha cambiado ni Netanyahu respondió públicamente al pedido de su ministro.
En la arena local, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, reaccionó en X con un escueto «Prepárense», en alusión a la declaración del ministro israelí.
Una jugada soberana en año electoral
La acumulación de gestos soberanistas en un mismo día no es casual. Con el proyecto de presupuesto a días de su presentación ante el Congreso y el calendario electoral de 2027 ya condicionando la agenda del Ejecutivo, la denuncia judicial y la instrucción sobre la Base Naval le permiten al Gobierno construir un relato de firmeza frente al Reino Unido. Sin embargo, la decisión de avanzar por esta vía recién ahora, cuando la Ley 26.659 lleva más de quince años vigente, abre interrogantes sobre los criterios que guiaron la política exterior argentina con las Islas durante los primeros años de la gestión libertaria, marcados más por el alineamiento con potencias occidentales que por cualquier confrontación con Londres.
Puntos clave
- El Gobierno denunció penalmente a cinco empresas, entre ellas Navitas Petroleum y Eco Atlantic, por explorar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte con licencias británicas.
- La denuncia fue presentada por el canciller Pablo Quirno con patrocinio del procurador Sebastián Amerio y se ampara en la Ley 26.659.
- Milei instruyó al ministro Caputo para priorizar la Base Naval Integrada en el proyecto de Presupuesto 2027, que deberá enviarse al Congreso el 15 de septiembre.
- El ministro israelí Itamar Ben Gvir pidió públicamente a Netanyahu reconocer la soberanía argentina sobre Malvinas e imponer sanciones al Reino Unido.
- La acumulación de gestos soberanistas se produce con el calendario electoral de 2027 ya gravitando sobre la agenda del Ejecutivo.
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