El 11 de junio, un día después de que la Corte Suprema confirmara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el diputado nacional José Luis Espert pronunció una frase que encendió el escándalo. Durante una charla en la Universidad Católica Argentina (UCA), el legislador libertario recordó un tuit propio del año 2012 que dirigió a Florencia Kirchner, hija de la entonces presidenta. Sin reparos, dijo ante el auditorio: “¿Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta?”.

La reacción fue inmediata. Varios asistentes abuchearon al legislador, quien terminó por abandonar la sala ante el repudio generalizado. El episodio, lejos de tratarse de un exabrupto aislado, generó un repudio transversal que volvió a instalar en la agenda pública el problema del discurso de odio en el ámbito político.

El proyecto de expulsión y sus fundamentos

Una semana después, un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto para solicitar la expulsión de Espert de la Cámara baja. El texto, encabezado por Juan Manuel Pedrini y respaldado por otros catorce legisladores del bloque, invocó el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a cada Cámara a excluir a uno de sus miembros por “inhabilidad moral sobreviniente”.

“No se trató de una opinión o de una crítica política. Se trató de una agresión verbal violenta, con contenido misógino y simbólico, dirigida a una ciudadana sin cargo público y fuera del ámbito parlamentario”, indicaron en los fundamentos.

Los diputados señalaron además que Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, “lesionó gravemente la legitimidad simbólica del cuerpo” y “habilitó discursivamente la reproducción de discursos de odio que degradan la democracia”.

Un límite institucional al odio político

Desde el bloque de Unión por la Patria afirmaron que el accionar de Espert “no puede ser minimizado como un exceso verbal”, sino que representa una conducta incompatible con los estándares éticos que deben regir la labor parlamentaria. “El machismo que impregnan sus palabras no puede ser desestimado”, insistieron.

También subrayaron que “este Congreso tiene la posibilidad de enviar un mensaje claro: no todo vale en política”. Aclararon que no se trata de “un acto de censura ni de revancha política”, sino de una defensa de la ética pública y del funcionamiento democrático.

Los firmantes del proyecto de resolución fueron Aldo Leiva, Eugenia Alianiello, Andrea Freites, Daniel Gollán, Martín Soria, Nancy Sand, Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Hilda Aguirre, Jorge Romero, Carlos Cisneros, Agustina Propato, Ana María Ianni y Jorge Araujo Hernández, además de Pedrini.

El antecedente que marca jurisprudencia política

Aunque no son frecuentes los pedidos de expulsión por conductas extralegislativas, en 2017 la Cámara de Diputados votó por amplia mayoría la expulsión de Julio De Vido, acusado de múltiples delitos de corrupción durante su paso por el Ministerio de Planificación. La diferencia, en este caso, radica en que no hay condenas judiciales contra Espert, sino un planteo ético-político a partir de declaraciones públicas que se encuadran dentro de lo que la ONU tipifica como “violencia simbólica y de género”.

En este sentido, el Observatorio de las Violencias contra las Mujeres “Ni Una Menos” sostuvo en un comunicado que “los discursos violentos pronunciados desde lugares de poder refuerzan la cultura de la impunidad y deben ser sancionados institucionalmente”.

Desde el oficialismo libertario no hubo hasta el momento un pronunciamiento oficial en defensa de Espert. Tampoco el presidente de la Cámara, Martín Menem, convocó aún a ninguna comisión para tratar el pedido de expulsión.