Comunidad 👥
Jujuy: persiste la lucha popular tras la represión de Morales
Tras el ataque de fuerzas policiales contra docentes, manifestantes resisten en protestas y cortes de ruta.
Comunidades originarias y organizaciones sociales que mantenían cortes de rutas en norte de Jujuy, en rechazo a la reforma parcial de la Carta Magna provincial que «limita el derecho a la protesta social», y fue recientemente aprobada por una Asamblea Constituyente, fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad locales.
En tanto, el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, defendió la prohibición de realizar cortes de rutas y calles, contemplados en el texto constitucional y consideró que la implementación de esa prerrogativa debería ser discutida «a nivel nacional».
Las manifestaciones contra la reforma -aprobada parcialmente el viernes por la madrugada- se llevaban adelante en distintas localidades, entre ellas, Purmamarca, donde los manifestantes establecieron un corte en el cruce de las rutas 9 y 52 durante toda la noche, soportando incluso temperaturas bajo cero.
Los pobladores que participaban de esta medida de acción directa denunciaron que a las 6 de la mañana de hoy, llegó un importante contingente de efectivos de la Infantería policial con el propósito de efectuar un desalojo de la ruta donde se desarrollaba la protesta.
Cuando amanecía, la Policía avanzó sobre los manifestantes y se inició una represión en el cruce de caminos que se encuentra en el ingreso a este poblado del norte jujeño, donde los efectivos no lograron concretar el despeje de las rutas.
Fuentes ligadas a los organizadores de la protesta indicaron que dos integrantes de la comunidades originarias de Coquena y de Collamboy resultaron detenidos y liberados luego de unas horas.
«Me llevaron a las piñas y patadas, tengo dolor en la rodilla y la cara. Era el precio que había que pagar por esta causa noble y justa. La nueva Constitución viola nuestros derechos», señaló Desiderio Olmos uno de los detenidos.
Los manifestantes, que había definido en un primer momento realizar un corte total, decidieron permitir en las últimas horas el paso de manera intermitente por lapsos que se habilitaban periódicamente.
«Durante toda la noche se dejó pasar cada una hora, pero hoy a la mañana Gerardo (Morales) mandó a reprimir y por eso las comunidades definieron el corte total. Antes de que llegara la Policía, la cosa estaba tranquila», expresó a Télam Armando Quispe, de la comunidad de Queta.
Quispe se refirió así a los momentos de tensión vividos en el corte y que motivaron a otros pobladores de la zona decidieron a sumarse esta mañana a la medida de fuerza.
Las filas de autos llegaron a alcanzar alrededor de cinco kilómetros, ello por el inicio del fin de semana largo, que atrae muchos visitantes a la región.
Alrededor de las 15 horas, autoridades del Gobierno provincial se acercaron hasta el lugar del corte, pero se retiraron con el unánime repudio de todas las comunidades y al grito de: «que renuncie Morales».
En tanto, los manifestantes quedaron en alerta por un posible nuevo intento de desalojo.
Ayer, al norte de Jujuy, la policía local ya había intentado avanzar con el desalojo de un corte total de la ruta nacional 9, en la localidad puneña de Abra Pampa, distante a 212 kilómetros de la capital provincial.
Las personas, en su mayoría docentes e integrantes de comunidades indígenas, replicaron mediante imágenes el enfrentamiento producido, tras el cual no abandonaron el reclamo, pero decidieron también abrir el paso por cada hora.
Otro de los cortes de ruta se registra desde ayer en la ciudad fronteriza de La Quiaca, sobre la ruta nacional 9, por parte también de comunidades originarias e integrantes de distintos espacios.
sobre lo acontecido en las últimas horas en Jujuy, desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), expresaron en una publicación en sus redes sociales: «Jujuy es democracia social, no una monarquía. Ni un paso atrás en los Derechos Indígenas conquistados».
En tanto, en solidaridad, desde el sector docente, que mantiene un paro por tiempo indeterminado desde hace dos semanas, también se convocó pasado el mediodía a una permanencia en el acceso sur a la capital provincial.
«Es para repudiar la represión de nuestros pueblos originarios, rodearlos de apoyo y seguir insistiendo en el aumento salarial y el respeto de nuestros derechos, que serán vulnerados por una Reforma inconstitucional, votada de espaldas al pueblo», indicaron desde el Cedems, uno de los principales gremios docentes en la provincia.
El espacio anoche concretó una nueva asamblea general en la que resolvió continuar la medida de paro con nuevas expresiones de reclamo en las calles, entre ellas, un banderazo a realizarse este 20 de junio, bajo la consigna «yo apoyo a los docentes» y el pedido de una recomposición que permita llegar a un piso de 200 mil pesos, con una mejora del salario básico.
Además, en torno a la reforma, resolvieron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad al Superior Tribunal de Justicia y declararán personas no gratas a los convencionales que votaron a favor de la modificación de la carta magna.
Respecto a la situación en Jujuy, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de la provincia de Buenos Aires salió hoy a rechazar el intento de restringir la protesta social a través de la reforma de la Constitución, y advirtió que se pretende «quitar los instrumentos elementales del pueblo en el ejercicio de su soberanía».
La CPM analizó en un comunicado que «la represión, la criminalización de la protesta y su prohibición son el peor camino» e hizo un llamado a los diferentes partidos políticos, gobiernos, funcionarios y legisladores «a cambiar de rumbo y retomar aquel consenso construido al calor de la memoria del horror: la democracia es la plena vigencia de los derechos humanos».
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió, por su parte, que la reforma apela a la «paz social» para «limitar el derecho a la protesta».
Detalló que se «mencionan estándares internacionales de derechos humanos» pero que «quedan en letra muerta: Ya que prevé que se sancione una ley para limitar las manifestaciones y deja abierta la puerta para que el gobierno y la policía decidan quiénes pueden y quiénes no pueden protestar».
«La idea de ´paz social´ limitada a la ausencia de conflicto en la calle sólo sirve para criminalizar y estigmatizar a quienes se manifiestan», planteó el Cels en su cuenta de Twitter.
Ayer organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y pueblos originarios jujeños confluyeron en una multitudinaria marcha de protesta contra la reforma parcial de la Constitución provincial aprobada en la madrugada.
La manifestación se acopló al plan de lucha que vienen manteniendo desde hace diez días los gremios docentes de la provincia.
«Gerardo Morales aprobó su reforma constitucional a espaldas del pueblo jujeño», fue la principal expresión de repudio en la jornada, que sumó el inicio de cortes de ruta y calles en diversas localidades.
Morales, por su parte, defendió hoy la reforma de la Carta Magna provincial al señalar que «la Constitución de Jujuy va a ser la primera que pone en debate un tema que tenemos que discutir a nivel nacional que es el corte de rutas y calles».
El postulante a la presidencia por el radicalismo explicó, por Radio Mitre, que se «mantiene el artículo 32 de la Constitución» respecto que «la manifestación es un derecho por el que no hay que pedir permiso, pero en tanto sea pacífica y sin armas».
Y precisó: «Lo que sí hemos agregado es un artículo que regule la manifestación en los términos de los parámetros de Naciones Unidas, que establece que está prohibido estigmatizar y criminalizar, pero prohíbe los cortes de ruta, cortes de calles y las usurpaciones de edificios públicos».
Ayer, se conoció que el Gobierno nacional, a través de la cartera laboral, pedirá que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la Constitución jujeña, según adelantó la ministra Kelly Olmos.
Entre las distintas críticas a lo aprobado, el Gobierno de Jujuy salió hoy a publicar en su web oficial lo referido al nuevo texto de la reforma con relación a las comunidades de los Pueblos Originarios.
Al respecto, argumenta que «Jujuy pasa a tener la única Constitución del país que reconoce el rango constitucional de la consulta previa e informada de las comunidades para la gestión de sus recursos naturales y sus intereses particulares».
Salud 🩺
El suicidio ya mata más jóvenes que los accidentes: récord histórico en 2025
El Sistema Nacional de Información Criminal confirmó 5.209 muertes por suicidio en 2025, un salto del 22,6% respecto al año anterior. La cifra convierte al suicidio en la principal causa de muerte entre los 15 y los 34 años, desplazando a los siniestros viales. El desfinanciamiento de la salud mental bajo la gestión Milei agrava un cuadro que ya no admite eufemismos.
El último reporte del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, registró 5.209 muertes por suicidio durante 2025, el mayor salto interanual desde que se mide la estadística: un 22,6% más que en 2024, cuando se habían contabilizado 4.249 casos. En términos de tasa poblacional, el índice trepó de 9,7 a 11,8 suicidios por cada 100.000 habitantes, el incremento más abrupto registrado en al menos nueve años de medición sistemática.
El informe, difundido por el Observatorio de Política Criminal, advierte que el suicidio en Argentina ya superó a los siniestros viales como la principal causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años, una franja que concentra el mayor dinamismo de la curva ascendente. El período 2017-2025 acumula un incremento del 57,6% en casos absolutos, o del 43,9% si se pondera el crecimiento demográfico.
La trasmutación de la violencia
El Observatorio de Política Criminal pone el dato en perspectiva con una lectura que incomoda al discurso oficial: la tasa de suicidios cuadruplicó en 2025 a la de homicidios. Mientras los suicidios registraron 11,8 casos por cada 100.000 habitantes, los homicidios dolosos marcaron 3,6 en el mismo período. El director del Observatorio, el abogado Ariel Larroude, lo describió con precisión: «Lo que tratamos de mostrar es que, si bien se puede ‘celebrar’ que Argentina bajó mucho los homicidios, hay una trasmutación de la violencia, que pasó de ser interpersonal a personal».
La lectura de Larroude no establece una relación de causalidad directa entre los datos, sino una fotografía del arquetipo de cómo está configurada la violencia en América Latina y en la Argentina actual. Una violencia que, lejos de desaparecer, se vuelca hacia adentro y obliga al Estado a intervenir con políticas de prevención que hoy brillan por su ausencia.
Los jóvenes, la franja más castigada
Aunque el reporte de 2025 del SNIC no desagrega los datos por edad, el análisis acumulado hasta 2024 confirma que el 45% de las 4.249 personas que se quitaron la vida ese año eran adolescentes y jóvenes de entre 15 y 34 años. En términos absolutos: 561 jóvenes de 20 a 24 años, 567 del tramo de 25 a 29, y 486 de entre 30 y 34. En el segmento de 15 a 19 años, el número se sostiene alrededor de los 380 casos anuales desde 2018, con un pico de 432 ese año.
Para Larroude, la franja de 20 a 34 es «la más complicada». El especialista señaló que los factores de riesgo combinan el triángulo clásico de ansiedad, depresión y aislamiento con el consumo problemático de sustancias y, de manera cada vez más pronunciada, «la falta de puestos de trabajo formal y la crisis de endeudamiento, lo que afecta a los jóvenes y a los adultos mayores». Según datos de la SEDRONAR que cita el informe, el consumo de marihuana y cocaína se triplicó en los últimos años en la población económicamente activa.
El mapa provincial: Entre Ríos y La Rioja en el extremo
El análisis por jurisdicción revela una desigualdad territorial que exige respuestas diferenciadas. Entre Ríos encabeza el ranking con una tasa de 20,8 suicidios por cada 100.000 habitantes en 2025 y un incremento del 81,1% respecto a 2017. Le siguen San Luis (18,9; +152,6% en el período), Salta (17,4; +26,6%), Santa Cruz (16; +24,4%) y Catamarca (14,2; +55,3%). En el otro extremo, las tasas más bajas se registran en Río Negro (6,5), Neuquén (7,8) y Corrientes (8).
El caso más estremecedor lo protagoniza La Rioja: pasó de 13 suicidios en 2017 a una tasa equivalente a 50 por cada 100.000 habitantes en 2025, un incremento del 284,6% que no tiene parangón en ninguna otra provincia. Los especialistas alertan que esas variaciones geográficas extremas también reflejan problemas en la recolección y armonización de datos entre ministerios, lo que agrava aún más el subregistro.
Presupuesto en caída libre, demanda en alza
El crecimiento exponencial de la demanda colisiona de frente con el vaciamiento del Estado como garante de salud pública. Según el informe del Observatorio de Política Criminal, 2025 fue uno de los años con más bajo porcentaje de ejecución presupuestaria en salud mental: apenas el 31,2%, por debajo incluso del 36% de 2017. El dato resulta más grave si se considera que la demanda de atención en salud mental registró un aumento sostenido en todas las jurisdicciones durante el mismo período.
Este medio ya documentó en mayo de 2026 que el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación acumuló una caída del 31% en términos reales entre 2023 y 2024, con un recorte adicional del 18,2% en 2025. El Hospital Laura Bonaparte, único establecimiento público nacional especializado en salud mental, acumuló un desfinanciamiento del 46% entre 2023 y 2026. En octubre de 2024 se cerraron su guardia, su internación y la atención de demanda espontánea. El Consejo Federal de Salud Mental no fue convocado desde el inicio de la gestión libertaria, y once provincias enviaron una carta de alerta que nunca recibió respuesta.
Larroude fue directo sobre lo que se necesita: «Estamos pidiendo que se declare la emergencia en salud mental para que estas jurisdicciones tengan intervención del Estado nacional y se les asignen más recursos: más psicólogos, más expertos en salud mental». La demanda no encontró eco en una administración que redujo el gasto primario total en un 31% real desde diciembre de 2023 y el gasto de capital en un 86% en el mismo período.
Datos que interpelan a un gobierno que mira para otro lado
El subregistro es otro problema estructural que el Estado nacional no enfrenta. El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) del Ministerio de Salud registró apenas 748 muertes por suicidio en 2025, una cifra que contrasta con las más de 5.200 del SNIC porque el suicidio recién se incorporó como evento de notificación obligatoria en 2023 y los sistemas provinciales aún no están plenamente integrados. Larroude señaló que el fenómeno también interpela al sistema de justicia: «Esto te obliga a intervenir como Estado».
La cifra de 5.209 muertes en 2025 equivale a más de 14 personas por día que se quitan la vida en la Argentina. Es un número que no figura en ningún discurso presidencial, que no genera ningún decreto de emergencia y que no produce ningún llamado urgente desde la Casa Rosada, donde la agenda está dominada por la narrativa del «equilibrio fiscal» y el «superávit». El ajuste tiene un costo humano que la macroeconomía no registra.
Si necesitás hablar con alguien o conocés a alguien que lo necesite: Centro de Asistencia al Suicida, línea 135 (CABA y GBA, gratuita, las 24 horas).
Puntos clave
- El SNIC confirmó 5.209 muertes por suicidio en 2025, el mayor salto interanual registrado: un 22,6% más que en 2024.
- El suicidio desplazó a los siniestros viales y es hoy la principal causa de muerte entre los 15 y los 34 años.
- La tasa de suicidios cuadruplicó en 2025 a la de homicidios: 11,8 versus 3,6 por cada 100.000 habitantes.
- Entre Ríos lidera el mapa provincial con 20,8 casos por cada 100.000 habitantes; La Rioja acumuló un aumento del 284,6% entre 2017 y 2025.
- La ejecución presupuestaria en salud mental fue del 31,2% en 2025, el nivel más bajo desde 2017.
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