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Movimientos Sociales

Mantienen más de 4 horas de corte de la Ruta 3 en La Matanza contra el DNU

Distintas organizaciones sociales y políticas que integran la denominada Multisectorial de La Matanza contra el DNU 70/2023 y el proyecto de ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos»

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Distintas organizaciones sociales y políticas que integran la denominada Multisectorial de La Matanza contra el DNU 70/2023 y el proyecto de ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» mantenían desde hace más de cuatro horas una protesta con un corte de la Ruta 3, en ese partido bonaerense, en contra de «la entrega de la soberanía» que implicaría la puesta en vigencia de ambas normas.

La multisectorial -conformada por organizaciones como la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la CTA, el sindicato de Canillitas, la Corriente Martín Fierro y agrupaciones de jubilados y pensionados de la Matanza- mantenían la protesta desde minutos antes de las 8, en la intersección de las vías del ferrocarril y la calle Germán Abdala, en la localidad de Isidro Casanova.

La protesta -que comenzó con una poco numerosa presencia policial y sin cortar el tránsito vehicular del metrobus sobre la ruta 3- contemplaba además la instalación de varias ollas populares, donde a partir del mediodía se compartirán distintos tipos de guisos para los militantes y vecinos participantes.

Minutos después de las 10, la seguridad fue reforzada en el lugar con la presencia de casi 100 efectivos tanto de la Policía Federal como de la Policía Bonaerense, pero sin que se registraran incidentes.

En ese mismo momento se sumaron a la protesta militantes y dirigentes de organizaciones de izquierda como los dirigentes del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni, y Vilma Ripol del MST, como así también el secretario general de ATE-Capital Federal, Daniel ‘Tano’ Catalano.

«Estamos otra vez en una jornada de protesta en la Ruta 3, con ollas populares, contra el ajuste brutal que el Gobierno ya está llevando adelante. Es algo que impacta salvajemente en las familias de los barrios populares y en los trabajadores formales que cobran por debajo de la línea de pobreza», señalaron desde la Multisectorial en un comunicado de prensa conjunto.

Además, denunciaron «la suspensión de las horas extras para trabajadores públicos y privados» en un contexto donde «la plata no alcanza porque todo vale el doble que hace un mes».

«Por este camino vamos también a la destrucción total de la industria nacional, de las PyMES, del comercio y del salario«, puntualizaron al tiempo que denunciaron «un plan siniestro del Gobierno por bajar la inflación sobre la base de demoler el poder adquisitivo» y «liquidar el consumo».

Economía 💲

Morosidad al 12,7% y 30.000 pymes cerradas: la otra cara del supuesto “éxito” económico que Milei vende al mundo

La CGT, las CTA, la UTEP y cámaras pymes tomaron las calles de Buenos Aires este jueves para reclamar contra el endeudamiento de las familias y el cierre de miles de pequeñas empresas. La movilización ocurrió el mismo día en que Javier Milei expuso en el lujoso hotel Alvear ante el Council of the Americas, mientras Luis Caputo insiste en que las deudas de los hogares son «un asunto entre privados».

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El Argentino Diario-Javier Milei en Davos.
La morosidad en créditos a familias trepó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,7% en junio de 2026, según el BCRA.

La imagen fue elocuente: mientras Javier Milei disertaba ante ejecutivos y representantes del capital internacional reunidos en el hotel Alvear para la edición 2026 del Council of the Americas, a pocas cuadras de allí la CGT, las dos CTA, la UTEP y decenas de cámaras pymes marchaban hacia el Ministerio de Economía y la Plaza de Mayo. El contraste no fue casual. Fue, en todo caso, la radiografía más precisa del país que el modelo libertario está construyendo: uno para los que tienen acceso al poder financiero y otro para los millones que acumulan deudas para pagar la luz, la nafta y la comida.

Una jornada, dos columnas y una misma crisis

Las columnas sindicales y sociales concentraron desde las 14 en Paseo Colón y Estados Unidos y en la esquina de Independencia y Paseo Colón, para converger luego frente al Palacio de Hacienda, en Hipólito Yrigoyen 250. El eje del reclamo fue el desborde del endeudamiento familiar: millones de hogares que tomaron créditos para afrontar gastos esenciales y que hoy no pueden pagar. La UTEP, conducida por Alejandro Gramajo, llamó a una «masiva movilización» y advirtió que la falta de acceso al crédito formal empuja a los sectores populares hacia el financiamiento informal. «La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar», señalaron en el comunicado de convocatoria.

Simultáneamente, referentes de cámaras pymes se concentraron en Plaza de Mayo en el marco del Día del Empresario Nacional. La convocatoria reunió a la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero (CIM), la Fundación Pro Tejer, la Cámara Económica Sanmartinense, PYME SUR, la Confederación General de la Producción y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín, entre otras organizaciones. El sector estima que unas 30.000 empresas dejaron de operar desde que asumió Milei y reclama que el Congreso avance con la Ley de Emergencia PyME impulsada por ENAC, que contempla medidas específicas para sostener la actividad productiva.

Los números del BCRA: la morosidad que el Gobierno llama «privada»

El reclamo callejero tiene sustento en datos inapelables. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento de los préstamos a familias trepó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. En menos de dos años, la morosidad se quintuplicó. En el segmento de fintech y billeteras virtuales, la situación es aún más crítica: un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense ubicó la mora en torno al 33% de los deudores. El mismo informe indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas activas.

Esos números no son solo estadísticas. Son familias que pidieron prestado para comprar alimentos, pagar una factura de gas o costear un turno médico. Son jubiladas, trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas que hoy están atrapados en una espiral de intereses que el Estado nacional se niega a desactivar.

La respuesta del Gobierno: que lo arregle el mercado

La postura oficial frente a esta emergencia social fue coherente con la filosofía del modelo. El 2 de agosto, en una entrevista en LN+, Milei rechazó cualquier forma de asistencia estatal y preguntó: «¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás». El ministro de Economía, Luis Caputo, definió el endeudamiento familiar como «un tema entre privados» durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó la implementación de un «plan platita» para los deudores en mora.

La lógica es conocida: el Estado ausente como virtud. El problema es que esa abstención no opera en el vacío, sino sobre un tejido social que acumula años de ajuste, tarifazos y pérdida de poder adquisitivo. Según datos del IIEP (UBA-CONICET), los servicios públicos acumularon subas superiores al 525% desde diciembre de 2023. El transporte subió cerca del 900%, el gas más del 700%. En ese contexto, endeudarse no fue una elección: fue la única estrategia de supervivencia disponible para millones de personas.

El Congreso, con cerca de 30 proyectos y sin dictamen

La problemática llegó al Poder Legislativo. Distintos bloques de la oposición presentaron cerca de 30 iniciativas. Entre las más relevantes, una propuesta de los diputados Diego Giuliano y Caren Teep plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante una línea de crédito de la ANSES destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas, con créditos de hasta $1,5 millones y cuotas que no superen el 30% del ingreso neto. Otra iniciativa propone condonar al menos el 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados con planes de hasta 60 meses. También se presentó la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE) y, en el Senado, un proyecto con quitas de intereses y financiación de largo plazo.

La Fundación Alameda y más de 40 organizaciones también lanzaron una campaña de recolección de firmas para impulsar una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas avanzó en el Congreso, donde el oficialismo mantiene capacidad de bloqueo suficiente para impedir la formación de dictámenes.

Council of the Americas: el otro país

Mientras todo esto ocurría en las calles, Javier Milei participó de la edición 2026 del Council of the Americas en el hotel Alvear, el espacio de encuentro anual entre el poder político y el capital financiero internacional. La elección del escenario no es menor: la gestión libertaria construyó su narrativa económica sobre la promesa de integración a los mercados globales y la confianza de los inversores externos. Ese relato se sostiene mientras las familias se endeudan a tasas usurarias para llegar a fin de mes y las pymes cierran por cientos cada semana. La contradicción no es un accidente: es el modelo.

Puntos clave

  • La morosidad en créditos a familias trepó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,7% en junio de 2026, según el BCRA.
  • En el segmento fintech, el 33% de los deudores está en mora, según la Defensoría del Pueblo bonaerense.
  • Las organizaciones pymes estiman que unas 30.000 empresas cerraron desde la asunción de Milei.
  • Hay cerca de 30 proyectos legislativos sobre endeudamiento familiar, ninguno con dictamen.
  • El Gobierno rechazó cualquier intervención estatal y calificó el problema como «un asunto entre privados».
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