DDHH
Organismos de DDHH realizaron un «Pañuelazo» en «defensa de la democracia»
Bajo la consigna «ahora más que nunca Nunca Más», miles de personas portaron pañuelos blancos intervenidos con consignas en defensa de los DDHH y del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Plaza Miserere, Congreso, Constitución y Plaza de Mayo.
Organizaciones de derechos humanos realizaron este jueves un «pañuelazo» para «defender la democracia», bajo la consigna «ahora más que nunca Nunca Más» en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires donde se repartieron pañuelos blancos intervenidos con consignas en defensa de los derechos humanos y del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
La actividad se desarrolló por la tarde en cuatro puntos de encuentro de la ciudad de Buenos Aires: Plaza Miserere, Congreso de Tucumán, la estación Constitución y Plaza de Mayo.
En los distintos puntos estuvieron presentes referentes de organismos de derechos humanos, funcionarios, familiares y víctimas de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar.
Entre ellos, el diputado Nacional del FdT, Leopoldo Moreau; la diputada porteña del FdT y nieta recuperada, Victoria Montenegro; el secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano; y los nietos restituidos Pedro Sandoval, Paula Eva Logares y Guillermo Pérez Roisinblit, entre otros.
Moureau advirtió que es «muy importante» hacer este tipo de iniciativas porque «lo que está en riesgo es la democracia».

«En democracia se pueden perder elecciones, pero en una elección no se puede perder la democracia. Porque (Javier) Milei y (Victoria) Villarruel son el antisistema que lleva a la práctica una metodología terrorista incentivando amenazas a sus adversarios políticos, vandalizando universidades y locales partidarios», denunció el diputado sobre la fórmula de La Libertad Avanza.
Y sostuvo: «Hay que decirlo con todas las letras, quieren restaurar en la Argentina el terrorismo de Estado, el mismo que las Madres de Plaza de Mayo hace muchos años atrás combatían aquí dando vuelta a la pirámide».
Integrantes de los organismos de derechos humanos imprimieron pañuelos blancos con la inscripción «Son 30.000» y «30.000 presentes» y también fueron relatando sus historias para «generar conciencia de lo mucho que costó conseguir esta democracia» entre los transeúntes que fueron acercándose a los distintos puntos de encuentro.
«Entregamos pañuelos que representan la lucha de las Madres y Abuelas, pilares de estos consensos que hemos sabido alcanzar en estas cuatro décadas, esta democracia que tanto nos costó conseguir», expresó Pérez Roisinblit ante los presentes en Plaza de Mayo.

El nieto restituido refirió a esta agencia que «hay mucha gente que todavía está buscando a sus desaparecidos» y valoró como uno de los resultados «más asombrosos de la historia argentina que de una noche tan oscura como lo que fue la última dictadura militar, haya nacido un movimiento tan importante que nos ha colocado incluso a nivel internacional a la vanguardia de los derechos humanos».
«Es necesario que de una vez por todas podamos seguir adelante pero siempre mediando la memoria, la verdad y la justicia», sostuvo Pérez Roisinblit.
En tanto, Logares señaló que aquellos dirigentes que reivindican la dictadura y niegan los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, «en el fondo están reivindicando también el plan económico y social que se llevó adelante y que quieren volver a implementar ahora».
«Me parece muy fuerte y terrible todo lo que se dice. Yo puedo hablar en primera persona de mi historia, no se puede negar lo queyo viví así como no se pueden negar los testimonios de un montón de víctimas que participaron en los más de 300 juicios de lesa humanidad que ya tienen sentencia en este país», expresó la nieta restituida a esta agencia, quien aún busca el paradero de sus padres, Mónica Grinspon y Ernesto Logares, secuestrados junto a ella cuando se encontraban exiliados en Uruguay.

En esta misma línea, el sobreviviente de Campo de Mayo Alejandro Méndez sostuvo que le genera «mucha bronca y desconcierto» el resurgimiento de discursos negacionistas «en una sociedad con una historia como la Argentina».
«Creo que es una avanzada de la derecha que viene trabajando esto desde hace tiempo, pero todavía no han triunfado, podemos sostener nuestra democracia», expresó Méndez.
Daniel Catalano destacó que el «pañuelazo» es «una respuesta a los agravios que vienen sufriendo los organismos y nuestra historia de parte del negacionismo que representa hoy Milei y Villarruel».
«Hay una sociedad movilizada y una micromilitancia muy fuerte frente a la propuesta que está haciendo hoy la ultraderecha que, de verdad, asusta. No es joda que digan que si gobiernan lo tienen que hacer desde la tiranía, es una definición categórica de todo aquello que uno no quiere como modelo de gobierno», dijo el secretario de ATE Capital a Télam.

De esa «micromilitancia» dio cuenta Juan Marinelli, integrante del colectivo de jóvenes «Indisciplinadxs», presente hoy en Plaza de Mayo, que tras las PASO se autoconvocaron y comenzaron a hacer encuestas en las calles de distintos puntos del país que se volvieron virales en las redes sociales.
«Estamos hoy acá y llevamos adelante el proyecto de Indisciplinadxs porque teníamos el miedo en el cuerpo y la necesidad de salir a hacer algo. Es característico de la democracia argentina la reivindicación de Memoria, Verdad y Justicia de las Abuelas y las Madres y queremos seguir defendiendo en el tramo final de la campaña lo que más queremos, nuestra democracia», expresó Marinelli a esta agencia.
Durante la jornada los participantes de las actividades en los distintos puntos porteños fueron subiendo a sus redes sociales sus imágenes con pañuelos bajo el hashtag «AhoraMásQueNuncaNuncaMás».
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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