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Vergonzoso y mentiroso, un senador libertario culpó a la oposición por el endeudamiento familiar: qué dicen los datos reales
El senador de La Libertad Avanza Agustín Monteverde atribuyó el 17,5% de mora crediticia a una «ofensiva desestabilizadora» del peronismo y otros bloques opositores. El argumento ignora el ajuste de ingresos, el tarifazo y la caída del consumo que los propios datos oficiales registran.
El economista y senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Monteverde, sostuvo en una entrevista que el aumento de la mora crediticia, que según el Banco Central ya trepa al 17,5%, fue principalmente el resultado de «la gigantesca ofensiva desestabilizadora de la oposición» previa a las elecciones de medio término. La afirmación, formulada con la solemnidad del análisis técnico, no resiste el contraste con los datos disponibles y configura uno de los ejercicios de reescritura de la realidad más llamativos que ha producido el bloque oficialista en lo que va del año.
El argumento y sus fisuras
Para Monteverde, la expansión del crédito desde diciembre de 2023 fue un fenómeno «muy positivo» que representó la «vuelta del acceso al crédito para las empresas y las familias». En ese esquema, la mora no sería la consecuencia de un modelo económico que comprimió los ingresos reales, sino el resultado de que la oposición «presentó proyectos disparatados dirigidos a quebrar la política central del Gobierno», lo cual habría generado «dolarización de carteras» y una suba de tasas que afectó la capacidad de pago.
El razonamiento tiene un problema de base: la mora creció en el mismo período en que el ajuste sobre los ingresos fue más profundo, no porque el Congreso haya debatido leyes. El Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad y la Fundación Friedrich Ebert, documentó que entre julio de 2024 y junio de 2026 la deuda real de las familias creció un 85,6%, mientras que la deuda en mora se disparó un 793,8%. Ese ritmo de deterioro no lo explica ningún proyecto de ley opositor; lo explica la imposibilidad de pagar.
Lo que Monteverde no dice
Los datos oficiales del INDEC y del Banco Central describen un escenario en el que el 61% de los argentinos tomó algún tipo de deuda en los últimos seis meses, pero no para comprar bienes durables, sino para pagar alimentos, servicios, alquileres u otras deudas previas. Ese circuito de endeudamiento de subsistencia no es el resultado de una maniobra política del peronismo; es la consecuencia directa de que los servicios públicos acumularon subas superiores al 525% desde diciembre de 2023, que el transporte trepó casi un 912% y que los salarios reales no recuperaron el terreno perdido con la devaluación inicial de la gestión libertaria.
El senador reconoció, casi al pasar, que «los agentes económicos estaban acostumbrados a que la inflación licuara buena parte de los pagos futuros» y que «esta vez eso no ocurrió». Pero omitió señalar que fue precisamente la política de su propio gobierno la que, mediante el tarifazo y la compresión salarial, redujo el poder adquisitivo de quienes tomaron esos créditos. En otras palabras: el Gobierno creó las condiciones para que millones de familias necesitaran endeudarse, y ahora culpa a la oposición porque no pueden pagar.
El espejo con otros gobiernos: una lógica que no cierra
La lógica de Monteverde abre una puerta incómoda. Con el mismo razonamiento, el expresidente Alberto Fernández podría haber argumentado que la corrida cambiaria de 2022 fue responsabilidad de la oposición macrista y de Javier Milei cuando, siendo diputado y candidato, declaraba públicamente que el peso no tenía valor alguno y que la moneda argentina era «una moneda de monopolio». O que la crisis que siguió a la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía fue azuzada por los sectores ligados al PRO y al mercado financiero. Pero esa clase de argumento fue siempre descartado por indefendible, porque la responsabilidad de la gestión económica recae sobre quien gobierna, no sobre quienes critican.
El propio Monteverde admitió en la misma entrevista que parte del problema es el Impuesto a los Ingresos Brutos y que su eliminación o suspensión «aliviaría mucho el impacto». Pero ese tributo existe desde hace décadas y no fue creado por ninguna «ofensiva desestabilizadora» reciente. Reconocer que es «realmente descabellado y sumamente distorsivo» mientras el oficialismo no hace nada para eliminarlo a nivel nacional revela la incoherencia del argumento.
El problema real: casi cinco millones de personas en mora
Más allá del relato, los números son concretos: en junio de 2026, 19.661.610 personas tenían deuda activa y 4.907.603 estaban en situación de mora, según el Mapa de la Deuda. La mora en los proveedores no financieros de crédito, los prestamistas a los que acceden los sectores más vulnerables que no califican para la banca formal, llegó al 31%, más del doble que la del sistema financiero tradicional. No es una estadística abstracta; es el retrato de familias que pagan la cuota de la tarjeta con otro crédito, que refinancian lo que no pueden pagar y que ven cómo la deuda crece mientras el ingreso real no recupera.
Monteverde, quien según trascendidos periodísticos es un economista que el presidente Javier Milei «conoce y escucha», ofrece como solución que los gobernadores eliminen o suspendan el Impuesto a los Ingresos Brutos. La propuesta, técnicamente razonable en abstracto, tiene el problema de que descarga sobre las provincias la responsabilidad de resolver una crisis generada por las políticas nacionales, y que llega tarde para los casi cinco millones de personas que ya no pueden pagar sus deudas hoy.
Puntos clave
- La mora crediticia trepó al 17,5% del crédito total al sector privado; la deuda en mora creció un 793,8% entre julio de 2024 y junio de 2026.
- El 61% de los argentinos tomó algún tipo de deuda en los últimos seis meses, principalmente para cubrir gastos básicos, no para consumo de bienes durables.
- Los servicios públicos acumularon subas superiores al 525% desde diciembre de 2023; el transporte, casi un 912%.
- Monteverde atribuye la mora a la «ofensiva desestabilizadora» de la oposición, esquivando el impacto del ajuste de ingresos y el tarifazo sobre la capacidad de pago.
- La mora en proveedores no financieros de crédito, los más usados por los sectores vulnerables, alcanzó el 31%, el doble que en la banca formal.
Buenos Aires
Oficios en la secundaria: PBA apuesta al trabajo mientras Milei vacía las técnicas
Con Proyecta PBA, estudiantes de 4°, 5° y 6° año podrán aprender y certificar oficios en los Centros de Formación Profesional sin dejar la escuela. Este año alcanzará a 4.000 jóvenes, mientras el Gobierno nacional desmanteló el fondo que sostenía la educación técnica en todo el país.
Electricidad, soldadura, carpintería, mecánica de motos, cuidados y animación 3D. Esos son algunos de los oficios que las y los estudiantes de las secundarias orientadas bonaerenses podrán aprender y certificar antes de recibir su título, en talleres y laboratorios reales, sin abandonar la escuela. Mientras la Casa Rosada recorta hasta la asfixia la formación técnica, la provincia de Buenos Aires decidió abrir las puertas de sus Centros de Formación Profesional a los adolescentes que están por egresar.
La iniciativa se llama Proyecta PBA y fue diseñada en conjunto por la Dirección de Educación Secundaria Orientada y la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), el organismo que conduce el sistema educativo del gobierno de Axel Kicillof. Está destinada a estudiantes de 4°, 5° y 6° año, que realizarán parte de sus actividades en los Centros de Formación Profesional (CFP) y en los Centros de Formación Profesional e Integral (CFPI) bajo una modalidad que la cartera educativa denominó «Aula Expandida».
Tres niveles: explorar, formarse y especializarse
El programa está organizado en tres niveles, con acreditación por módulos que pueden cursarse indistintamente durante cualquiera de los tres últimos años de la secundaria. Quienes se sumen asistirán una o dos veces por semana al centro de formación, bajo la responsabilidad institucional compartida de la escuela y del CFP o CFPI, y con cobertura de seguro.
El primer nivel está pensado como una instancia de Orientación Profesional: allí los jóvenes podrán explorar sus intereses, conocer distintos sectores productivos y acercarse a la oferta de la Formación Profesional. En el segundo nivel aprenderán y certificarán saberes vinculados a oficios concretos, y la DGCyE aclaró que la orientación de la escuela secundaria no condicionará la elección del trayecto formativo. El tercer nivel permitirá profundizar esos conocimientos con propuestas de especialización y acceder a nuevas certificaciones.
Cada módulo aprobado tendrá reconocimiento dentro del sistema de Formación Profesional, de modo que lo aprendido en la escuela pueda continuar después del egreso, con nuevas certificaciones y posibilidades de articulación con estudios superiores técnicos. La Provincia remarcó que Proyecta PBA no reemplaza la secundaria ni habilita una salida anticipada del nivel: la propuesta se incorpora a las Articulaciones Formativas y a la Formación Complementaria previstas en la actualización del Régimen Académico, y cada escuela firmará acuerdos de colaboración y planificación con su centro de formación para garantizar la continuidad pedagógica.
La escala del programa
La provincia de Buenos Aires cuenta con 169 Centros de Formación Profesional que ofrecen trayectos en 23 sectores profesionales, con certificaciones de validez nacional. Para este año, la DGCyE planificó 200 dispositivos de Orientación Profesional en 23 regiones educativas, con un alcance previsto de 4.000 estudiantes, y acreditó a 95 docentes orientadores en todo el territorio.
La proyección para 2027 es más ambiciosa: 6.000 estudiantes por ciclo en más de 400 trayectos, utilizando apenas el 10% de la capacidad horaria disponible en los CFP y CFPI. El dato revela que la red bonaerense de formación profesional tiene margen de sobra para crecer si existe la decisión política de ponerla al servicio de los jóvenes.
El contraste con la motosierra nacional
El lanzamiento no ocurre en el vacío. Desde que asumió Javier Milei, la educación técnico profesional se convirtió en uno de los blancos predilectos del ajuste. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP), creado por el artículo 52 de la Ley 26.058 con un piso de financiamiento equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional, fue el sostén durante dos décadas del equipamiento, los insumos, los talleres y la capacitación docente de escuelas técnicas y centros de formación de todo el país.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el FoNETP proyectado para 2026 registró una caída del 93% frente a lo ejecutado en 2023. Los datos de ejecución muestran el derrumbe año tras año: en 2023 se ejecutó el 50,5% de lo que correspondía por ley, en 2024 apenas el 9,4%, en 2025 el 10,8% y el Presupuesto 2026 redujo la cifra al 3,5%. A eso se sumó un recorte del 84,5% para el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), de acuerdo a un relevamiento de CTERA, y el SUTEBA estimó en 295.870 millones de pesos los fondos quitados a la educación técnico profesional en los primeros meses de gestión libertaria.
El Presupuesto 2026 incluyó además la derogación del artículo 52 que garantizaba ese fondo. La medida fue cuestionada en los tribunales: en abril de este año, la Justicia admitió un amparo colectivo contra la eliminación del FoNETP, en lo que representó un primer freno legal a la ofensiva oficial sobre los pisos mínimos de inversión en ciencia, tecnología y formación profesional.
Mientras el Gobierno nacional habla de «capital humano» y desfinancia los talleres donde ese capital se forma, la Provincia amplía la oferta con la infraestructura que ya tiene. Es la misma disputa de fondo que atraviesa toda la agenda educativa: un Estado que se retira y deja librada al mercado la inserción laboral de los jóvenes, frente a un Estado que planifica, articula y certifica.
Educación y trabajo, una misma política
La DGCyE definió a la Formación Profesional como una herramienta para que jóvenes y adultos puedan construir recorridos vinculados con el trabajo, continuar sus estudios y desarrollar nuevos proyectos a lo largo de la vida. Con Proyecta PBA, esa oferta llega a una franja etaria clave, la de los adolescentes que están por egresar y que muchas veces terminan la secundaria sin herramientas concretas para ingresar al mundo laboral.
En un país donde el desempleo juvenil y la precarización golpean con más fuerza a los sectores populares, un certificado de oficio obtenido en la escuela pública puede marcar la diferencia entre un primer empleo formal y la changa. La apuesta bonaerense es que ese recorrido no termine con el título secundario, sino que siga abierto hacia nuevas certificaciones y estudios superiores técnicos.
Lo que tenés que saber:
- Proyecta PBA permite a estudiantes de 4°, 5° y 6° año de las secundarias orientadas bonaerenses aprender y certificar oficios en los Centros de Formación Profesional sin dejar la escuela.
- El programa tiene tres niveles (orientación, formación en oficios y especialización) y los módulos acreditados tienen reconocimiento dentro del sistema de Formación Profesional.
- En 2026 se planificaron 200 dispositivos en 23 regiones para 4.000 estudiantes; para 2027 se proyectan 6.000 estudiantes por ciclo en más de 400 trayectos.
- La Provincia cuenta con 169 Centros de Formación Profesional que ofrecen trayectos en 23 sectores con certificación de validez nacional.
- Según el CEPA, el fondo nacional para la educación técnica proyectado para 2026 cayó un 93% frente a lo ejecutado en 2023, y el INET sufrió un recorte del 84,5%.
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