El economista y senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Monteverde, sostuvo en una entrevista que el aumento de la mora crediticia, que según el Banco Central ya trepa al 17,5%, fue principalmente el resultado de «la gigantesca ofensiva desestabilizadora de la oposición» previa a las elecciones de medio término. La afirmación, formulada con la solemnidad del análisis técnico, no resiste el contraste con los datos disponibles y configura uno de los ejercicios de reescritura de la realidad más llamativos que ha producido el bloque oficialista en lo que va del año.

El argumento y sus fisuras

Para Monteverde, la expansión del crédito desde diciembre de 2023 fue un fenómeno «muy positivo» que representó la «vuelta del acceso al crédito para las empresas y las familias». En ese esquema, la mora no sería la consecuencia de un modelo económico que comprimió los ingresos reales, sino el resultado de que la oposición «presentó proyectos disparatados dirigidos a quebrar la política central del Gobierno», lo cual habría generado «dolarización de carteras» y una suba de tasas que afectó la capacidad de pago.

El razonamiento tiene un problema de base: la mora creció en el mismo período en que el ajuste sobre los ingresos fue más profundo, no porque el Congreso haya debatido leyes. El Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad y la Fundación Friedrich Ebert, documentó que entre julio de 2024 y junio de 2026 la deuda real de las familias creció un 85,6%, mientras que la deuda en mora se disparó un 793,8%. Ese ritmo de deterioro no lo explica ningún proyecto de ley opositor; lo explica la imposibilidad de pagar.

Lo que Monteverde no dice

Los datos oficiales del INDEC y del Banco Central describen un escenario en el que el 61% de los argentinos tomó algún tipo de deuda en los últimos seis meses, pero no para comprar bienes durables, sino para pagar alimentos, servicios, alquileres u otras deudas previas. Ese circuito de endeudamiento de subsistencia no es el resultado de una maniobra política del peronismo; es la consecuencia directa de que los servicios públicos acumularon subas superiores al 525% desde diciembre de 2023, que el transporte trepó casi un 912% y que los salarios reales no recuperaron el terreno perdido con la devaluación inicial de la gestión libertaria.

El senador reconoció, casi al pasar, que «los agentes económicos estaban acostumbrados a que la inflación licuara buena parte de los pagos futuros» y que «esta vez eso no ocurrió». Pero omitió señalar que fue precisamente la política de su propio gobierno la que, mediante el tarifazo y la compresión salarial, redujo el poder adquisitivo de quienes tomaron esos créditos. En otras palabras: el Gobierno creó las condiciones para que millones de familias necesitaran endeudarse, y ahora culpa a la oposición porque no pueden pagar.

El espejo con otros gobiernos: una lógica que no cierra

La lógica de Monteverde abre una puerta incómoda. Con el mismo razonamiento, el expresidente Alberto Fernández podría haber argumentado que la corrida cambiaria de 2022 fue responsabilidad de la oposición macrista y de Javier Milei cuando, siendo diputado y candidato, declaraba públicamente que el peso no tenía valor alguno y que la moneda argentina era «una moneda de monopolio». O que la crisis que siguió a la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía fue azuzada por los sectores ligados al PRO y al mercado financiero. Pero esa clase de argumento fue siempre descartado por indefendible, porque la responsabilidad de la gestión económica recae sobre quien gobierna, no sobre quienes critican.

El propio Monteverde admitió en la misma entrevista que parte del problema es el Impuesto a los Ingresos Brutos y que su eliminación o suspensión «aliviaría mucho el impacto». Pero ese tributo existe desde hace décadas y no fue creado por ninguna «ofensiva desestabilizadora» reciente. Reconocer que es «realmente descabellado y sumamente distorsivo» mientras el oficialismo no hace nada para eliminarlo a nivel nacional revela la incoherencia del argumento.

El problema real: casi cinco millones de personas en mora

Más allá del relato, los números son concretos: en junio de 2026, 19.661.610 personas tenían deuda activa y 4.907.603 estaban en situación de mora, según el Mapa de la Deuda. La mora en los proveedores no financieros de crédito, los prestamistas a los que acceden los sectores más vulnerables que no califican para la banca formal, llegó al 31%, más del doble que la del sistema financiero tradicional. No es una estadística abstracta; es el retrato de familias que pagan la cuota de la tarjeta con otro crédito, que refinancian lo que no pueden pagar y que ven cómo la deuda crece mientras el ingreso real no recupera.

Monteverde, quien según trascendidos periodísticos es un economista que el presidente Javier Milei «conoce y escucha», ofrece como solución que los gobernadores eliminen o suspendan el Impuesto a los Ingresos Brutos. La propuesta, técnicamente razonable en abstracto, tiene el problema de que descarga sobre las provincias la responsabilidad de resolver una crisis generada por las políticas nacionales, y que llega tarde para los casi cinco millones de personas que ya no pueden pagar sus deudas hoy.

Puntos clave

• La mora crediticia trepó al 17,5% del crédito total al sector privado; la deuda en mora creció un 793,8% entre julio de 2024 y junio de 2026.
• El 61% de los argentinos tomó algún tipo de deuda en los últimos seis meses, principalmente para cubrir gastos básicos, no para consumo de bienes durables.
• Los servicios públicos acumularon subas superiores al 525% desde diciembre de 2023; el transporte, casi un 912%.
• Monteverde atribuye la mora a la «ofensiva desestabilizadora» de la oposición, esquivando el impacto del ajuste de ingresos y el tarifazo sobre la capacidad de pago.
• La mora en proveedores no financieros de crédito, los más usados por los sectores vulnerables, alcanzó el 31%, el doble que en la banca formal.