Política 📢
El Protocolo de Bullrich es como un estado de sitio permanente
El comunicado de Unidad Popular a la polémica medida anti piquetes.
Unidad Popular, al igual que todo el arco político, organizaciones sociales y de DDHH repudiaron el «Protocolo Antipiquetes» anunciado por Bullrich a través del siguiente comunicado:
El protocolo que ayer anunciara la Ministra Bullrich, constituye un verdadero avasallamiento del orden institucional, pasando por encima de los derechos más elementales, intentando cercenar no solo el derecho a la protesta social, sino también atropellando el orden jurídico de nuestro país, pretendiendo asumir el Ejecutivo funciones que son propias de los Poderes Legislativo y Judicial.
Resulta por demás evidente que el modelo propuesto por los supuestos Libertarios solo cierra con una brutal represión y frente a eso resuelven intentar limitar y castigar precisamente las libertades populares decretando en un protocolo prácticamente una suerte de estado de sitio permanente.
En este sentido desde Unidad Popular compartimos el análisis elaborado por el Comité de acción jurídica de la Federación Internacional de DDHH, que analiza en detalle los alcances represivos de esta normativa:
1.El protocolo de Bullrich constituye un intento de golpe de estado, bajo la excusa de la seguridad. Otorga facultades al Poder Ejecutivo que son propias y exclusivas del Poder Judicial.
2. Solo el Poder Judicial puede ordenar la intervención policial, sea federal o provincial. No puede el Poder Ejecutivo intervenir por su cuenta en temas de supuesta seguridad, sin orden judicial previa.
3. En el protocolo, Bullrich decreta por sí y ante sí que el Ejecutivo puede detener personas, incautar vehículos y propender a multas y sanciones administrativas sin derecho a defensa alguno. Profiere de esa manera una amenaza abstracta contra la población en su conjunto, lo que constituye, en sí mismo un delito.
4. El protocolo instala el espionaje interno, previo, posterior y permanente sobre las organizaciones sindicales, sociales y políticas, arrogándose la facultad desde el Ejecutivo de perseguirlos en su legítimo derecho de peticionar y reclamar, sea en la calle o en el interior de empresas o en sus puertas. Algo que no solo garantiza la Constitución sino los reiterados dictámenes de la CIDH, de cumplimiento vinculante para el Estado Argentino.
5. Otro ítem ilegal aberrante es pretender privatizar el costo de su propio accionar policial, queriendo cobrar a sindicatos y organizaciones sociales el trabajo ilegal que ella misma ordena.
6. El golpe de estado se consuma en cada pliegue de su accionar. La supuesta flagrancia del art. 194 del Código Penal no es sino una maniobra para confundir. Desde el fallo Natera Gatti en adelante, el máximo tribunal penal de la Nación, la Cámara de Casación, tiene establecido que no existe el delito del art. 194 cuando se marcha y obstruye el tránsito, sea donde sea, porque se trata del ejercicio legítimo de un derecho.Bullrich se subleva contra lo decidido por el Poder Judicial, pretendiendo aplicar el Código Penal. Lo hace a sabiendas, porque cualquier penalista conoce la jurisprudencia en el tema, aún sus anónimos asesores en la materia.
7. El protocolo viola los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional, que prohíben reglamentar derechos al Poder Ejecutivo. Solo una ley puede reglamentar el ejercicio de un derecho. Bullrich se subleva aquí abiertamente contra el Poder Legislativo, pretendiendo colocarse por encima de la ley.
8. El intento es actuar ante el hecho consumado, aparentando una legalidad inexistente. En los hechos utiliza el método de la dictadura militar, que quitó los derechos invocando un supuesto «orden nuevo». Es decir, actúa de prepo contra la Constitución y la división de poderes, colocando al Ejecutivo por encima de todo, como lo hizo Videla.
9. En este cuadro de insubordinación a las libertades democráticas, deberá ser el poder judicial quien fulmine este intento golpista, declarando ilegal e inconstitucional el ukase de Bullrich.
10. Las organizaciones sindicales, sociales y partidos políticos dirimirán este intento fascista en las calles, donde fuera gloriosamente derrotada la «legislación» del general Videla.
«Desde Unidad Popular acompañaremos, compartiremos y convocaremos a todas aquellas acciones y posicionamientos que en un marco de unidad y masividad de los movimientos populares, promuevan el mantenimiento y la ampliación de la legalidad institucional vigente, para defender los Derechos conquistados y limitar en todos los planos el avance de políticas que solo promueven el autoritarismo, la desigualdad y el saqueo».
Por Claudio Lozano, Leticia Quagliaro y Horacio Fernández.
Gremiales
Fate: el SUTNA rechaza el desalojo y convoca para este lunes
La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la planta de Fate en San Fernando, ocupada por 920 trabajadores desde el 18 de febrero. El SUTNA calificó la medida de «disparate jurídico», anunció que apelará y convocó a una concentración para este lunes frente a la fábrica.
Veinticuatro trabajadores imputados por usurpación, una planta de 44 hectáreas que lleva siete meses ocupada, y una nueva orden judicial de desalojo: así está el conflicto de Fate, la fábrica de neumáticos de Virreyes, partido de San Fernando, que el lunes 21 de septiembre volverá a ser el centro de una nueva jornada de resistencia obrera.
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso presentado por Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa, en el marco de una denuncia por usurpación contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El tribunal consideró que las instancias de conciliación obligatoria habían sido agotadas y que la continuidad de la ocupación ya no podía encuadrarse como herramienta para destrabar el conflicto laboral.
«Un disparate jurídico»: la respuesta del SUTNA
El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, no tardó en responder. El viernes, en conferencia de prensa frente a la planta, calificó el fallo de «disparate jurídico» y cuestionó de fondo la intervención del fuero penal en una disputa que, a su criterio, es estrictamente de naturaleza laboral. «El desalojo es un hecho de violencia sobre los trabajadores que son víctimas de un lockout y están protegiendo sus puestos de trabajo. Después de dar toda una explicación sobre que no se puede meter la Justicia penal en un ámbito laboral, los jueces terminan diciendo que hay que avanzar en un desalojo», señaló Crespo.
El gremialista también anunció que el sindicato apelará la medida y presentará recursos ante la Casación para evitar que el fallo quede firme. «Obviamente, el sindicato va a apelar y va a presentar los recursos para Casación para que no quede firme este tipo de disparate», afirmó. Además, convocó a organizaciones obreras, políticas y sociales a concentrarse este lunes frente a la planta y reclamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intervenga en el conflicto.
Siete meses de lockout: la historia de un cierre que el SUTNA llama ilegal
El conflicto se inició el 18 de febrero de 2026, cuando Fate anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y sin cumplir con los acuerdos de no despidos. Desde entonces, integrantes del SUTNA mantienen la ocupación del predio. El sindicato sostiene que la paralización de la producción constituyó un lockout patronal ofensivo, orientado a redirigir inversiones de la empresa hacia los sectores de energía y aluminio, y que la permanencia de los trabajadores en la planta tiene por objetivo resguardar la maquinaria, evitar el vaciamiento y reclamar la conciliación obligatoria.
El caso tuvo, además, un antecedente judicial que el SUTNA recuerda: en marzo, la misma Sala II había revocado una primera orden de restitución dictada por el juez de Garantías Esteban Rossignol, argumentando que las negociaciones laborales aún estaban abiertas y que debía privilegiarse la conciliación. Ahora, con ese argumento agotado por el tribunal, el escenario se invirtió. La nueva resolución activó además la imputación formal de 24 personas por la permanencia en el predio.
La CGT y el reclamo de paro general activo
El miércoles 16 de septiembre, el SUTNA se reunió con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la central obrera. El sindicato llevó al encuentro el planteo de la necesidad de poner fin al lockout patronal y planteó la conveniencia de convocar a un paro general activo. «El triunfo de los trabajadores de Fate sobre este ilegal lockout patronal significaría un enorme paso para el movimiento obrero en estos momentos tan oscuros, trayendo esperanza a toda la clase obrera», sostuvo el gremio en un comunicado posterior a la reunión.
El SUTNA también denunció lo que califica como «criminalización» de la protesta: el intento de elevar a juicio a trabajadores que, desde su perspectiva, se limitan a defender sus puestos frente a una acción patronal que consideran ilegal. «Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha, que se volvió una pelea de todo el pueblo trabajador que resuena en los diarios de todo el mundo. Fate no se cierra», concluyó Crespo en su intervención del viernes.
Este lunes, a partir de las 10, la concentración frente a la planta de San Fernando reunirá a representantes gremiales del SUTNA junto a organizaciones sociales y políticas. El sindicato tiene prevista además una conferencia de prensa en el lugar.
Lo que tenés que saber
- La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, haciendo lugar al recurso del propietario Javier Madanes Quintanilla.
- El SUTNA rechazó la medida, la calificó de «disparate jurídico» y anunció que apelará ante la Casación para impedir que el fallo quede firme.
- 24 personas fueron imputadas por usurpación en el marco de la causa penal vinculada a la ocupación de la planta.
- El conflicto se inicia el 18 de febrero de 2026, con el cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis.
- Este lunes 21 de septiembre, organizaciones obreras, sociales y políticas se concentrarán frente a la planta a las 10 horas para rechazar el desalojo.
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