Martín Romeo, uno de los querellantes en la causa por la criptoestafa de $LIBRA, anunció públicamente que presentará una denuncia por encubrimiento contra el fiscal federal Eduardo Taiano, quien conduce la investigación judicial que involucra al presidente Javier Milei y a su entorno más cercano. La acción se suma a una denuncia penal anterior presentada por legisladores opositores, que ya habían acusado al fiscal por idénticas conductas procesales.

«Decidimos que el siguiente paso desde nuestra querella es iniciar la denuncia por encubrimiento contra el fiscal Eduardo Taiano en el marco de la causa LIBRA. El fiscal se ha comportado como un abogado defensor más que como un servidor público. En casi dos años de causa, no ha indagado ni recibido a ninguna de las partes, ha ocultado pruebas y perseguido a periodistas por realizar sus tareas e investigar», escribió Romeo en su cuenta de X el 13 de junio de 2026.

Romeo, especialista en criptomonedas que perdió una suma significativa al invertir en el token que Milei difundió en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025, también advirtió: «Creemos que personajes como Eduardo Taiano lastiman nuestra democracia y nuestro país, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, como lo venimos haciendo con LIBRA».

Un historial de denuncias y cuestionamientos

La acción anunciada por Romeo no es la primera que enfrenta Taiano desde que asumió la conducción del expediente. El 1 de abril de 2026, un grupo de diputados nacionales de la oposición que integraron la comisión parlamentaria investigadora del caso presentó una denuncia penal formal ante el procurador general Eduardo Casal, acusando al fiscal de «mal desempeño» y violación de los deberes de funcionario público.

La acción penal llevó las firmas de Mónica Frade y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Sabrina Selva, Juan Marino, Itai Hagman, Julia Strada y Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria); y Esteban Paulón (Provincias Unidas). El escrito acusó a Taiano de «demoras injustificadas en la producción de pruebas» y de «retención y ocultamiento» de las mismas a la parte querellante.

Entre los cuestionamientos concretos, los legisladores señalaron que el secuestro de los dispositivos electrónicos del trader Mauricio Novelli y de Sergio Morales se concretó recién el 6 de marzo de 2025, semanas después del estallido del escándalo. Más aún: el informe pericial completo del celular de Novelli, terminado el 7 de enero de 2026, no fue puesto a disposición de las partes querellantes sino hasta el 13 de marzo, luego de que trascendiera públicamente que la fiscalía lo retuvo durante meses. Eso equivale a que el expediente convivió con prueba central sin incorporar durante más de cuatro meses.

La paradoja Volosín: premura para perseguir, parálisis para investigar

Uno de los episodios que mayor repudio generó contra Taiano fue la citación de la abogada y periodista Natalia Volosín, quien había difundido documentación clave del expediente, entre ella un borrador de contrato confidencial suscripto entre el empresario estadounidense Hayden Davis y el presidente Milei dos semanas antes del lanzamiento de la criptomoneda. Según ese documento, el tuit presidencial tenía una tarifa proyectada de 1,5 millones de dólares como parte de un acuerdo global de 5 millones.

Los diputados denunciantes señalaron una contradicción reveladora: Taiano no había mostrado diligencia alguna durante meses para avanzar sobre los imputados principales, pero «fue diligente en orientar su pesquisa» para citar a Volosín en cuanto ella expuso la retención de prueba. La Academia Nacional de Periodismo emitió un comunicado advirtiendo sobre un posible intento de vulnerar el secreto profesional y la protección constitucional de fuentes. Finalmente, Taiano dejó sin efecto la citación, pero el daño sobre su imagen institucional ya estaba consumado. La propia Volosín había graficado la irregularidad con una metáfora precisa: guardar el informe pericial en un cajón era como encontrar el arma en una causa por homicidio y no incorporarla al expediente.

La causa y el escándalo que la originó

La causa judicial nació el 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en su cuenta de X el contrato inteligente del token $LIBRA. El precio se disparó y luego se desplomó en minutos, dejando damnificados por cientos de millones de dólares en una operatoria que los especialistas caracterizaron como un «rug pull» clásico del ecosistema cripto. Un informe preliminar de la Dirección de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina concluyó que el contrato inteligente del token se hizo público por primera vez a través del propio tuit presidencial, contradiciendo la versión oficial de que Milei lo había «copiado de internet» donde ya circulaba libremente.

Las pericias tecnológicas también revelaron que el celular de Novelli, el trader que ofició de nexo entre Milei y Davis, contenía comunicaciones que apuntaban a una coordinación previa entre el entorno presidencial y los organizadores del esquema. Pese a ello, Taiano no avanzó con llamados a indagatoria ni formalizó imputaciones en lo que ya lleva más de dieciséis meses de investigación.

Un fiscal cuestionado con respaldo judicial

Desde diciembre de 2025, la querella de Romeo ya había solicitado formalmente el apartamiento de Taiano de la causa. El juez de instrucción Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido y respaldó al fiscal, decisión que fue leída por la oposición como una señal de lo que la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade calificó como una imparcialidad afectada: «Estamos disconformes con los tiempos de la investigación, con pruebas que no fueron agregadas en tiempo oportuno».

El diputado Ferraro, presidente de la comisión investigadora, fue más directo en la denuncia de abril: Taiano «retuvo prueba relevante, demoró peritajes clave y desvió el foco de la investigación hacia cuestiones accesorias, en lugar de avanzar sobre los responsables políticos y penales». La conclusión de los firmantes fue contundente: «No vamos a naturalizar ni el encubrimiento ni la parálisis del fiscal. La causa $LIBRA no puede terminar en impunidad».

Con la nueva denuncia que prepara la querella de Romeo, el cerco judicial sobre la actuación de Taiano se estrecha. La investigación más sensible para el Gobierno libertario acumula frentes al mismo tiempo que muestra escasísimos avances sustantivos: sin indagatorias, sin imputaciones formales y con el fiscal a cargo enfrentando acusaciones penales de sus propias partes procesales.

Puntos clave

• El querellante Martín Romeo anunció una denuncia por encubrimiento contra el fiscal Eduardo Taiano en el marco de la causa $LIBRA.
• En abril de 2026, ocho diputados opositores ya habían presentado una denuncia penal por mal desempeño y retención de prueba ante el procurador Eduardo Casal.
• El informe pericial del celular de Mauricio Novelli fue retenido por la fiscalía durante más de cuatro meses antes de ser puesto a disposición de las partes.
• Taiano intentó citar como testigo a la periodista Natalia Volosín después de que ella expusiera públicamente la retención de prueba, y luego anuló la citación ante el escándalo.
• A más de dieciséis meses del inicio de la causa, no hay indagatorias ni imputaciones formales sobre los presuntos responsables de la criptoestafa.