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La casta libertaria teme que el Gobierno de Milei pierda el sello “anticasta” a un año de las elecciones

En el entorno de Javier Milei detectan un rechazo generalizado a todos los dirigentes y advierten que los escándalos de corrupción que forzaron la salida de figuras como Manuel Adorni y José Luis Espert erosionaron el principal capital simbólico del proyecto libertario. La corrupción ya aparece como segunda preocupación en las encuestas, detrás de la economía, y el oficialismo busca oxígeno en una alianza con el PRO de Mauricio Macri.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni, Karina y el Gabinete.
El Gobierno admite que los escándalos de corrupción le rompieron el discurso “anticasta” a un año de las elecciones.

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, la Casa Rosada monitorea con creciente inquietud el estado de la opinión pública. «Detectamos un rechazo generalizado a todos los dirigentes. No es casualidad que ninguno de los políticos pase los 40 o 45 puntos de imagen positiva y en imagen negativa están todos por encima del 55%. Lo que quiere decir es que estructuralmente el rechazo a la política no desapareció», planteó una fuente oficial al tanto de los diagnósticos internos del Gobierno.

El dato que más preocupa en el entorno presidencial no es solo el nivel de desaprobación, sino la naturaleza del problema. Un estudio de la consultora Casa Tres reveló que, detrás de la economía, el principal problema que identificó la ciudadanía en su muestreo fue la corrupción, con un 16%, un indicador que comenzó a escalar en las encuestas con velocidad inédita desde el inicio de la gestión libertaria. Para un Gobierno que llegó al poder montado sobre el discurso de la «casta corrupta», la inversión del argumento representa un golpe político de fondo.

El caso Adorni como punto de quiebre

En Casa Rosada atribuyen buena parte del deterioro al impacto de los procesos judiciales que afrontaron figuras emblemáticas del espacio. Manuel Adorni, el entonces jefe de Gabinete, y José Luis Espert, uno de los principales referentes legislativos, debieron dar un paso al costado de sus compromisos con la administración libertaria ante el avance de causas judiciales. El caso Adorni, en particular, resultó devastador para la narrativa oficial.

Distintos relevamientos cuantificaron el daño. Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSCA) de la UBA, realizado sobre 4.711 personas del AMBA, comprobó que el 97% de los consultados conocía las denuncias contra Adorni y que el 66,5% consideró que detrás de ellas existen hechos «reales y graves» de corrupción. Más significativo aún: el 79,9% sostuvo que el episodio afecta directamente la promesa «anticasta» y «anticorrupción» con la que Milei llegó al poder, mientras que el 62,5% evaluó que la imagen del Gobierno empeoró tras el avance judicial del caso. El propio titular de Gabinete acumuló un 73,9% de imagen negativa y apenas un 17,5% de positiva, según la consultora Zentrix.

La consultora Zentrix también midió el estado general del Gobierno: la aprobación de gestión cayó al 33,1%, la imagen positiva presidencial se ubicó en el 35,2% frente a una negativa del 59,3%, y el 57,3% de la población consideró que existe corrupción generalizada en la administración. El 66,6% evaluó, además, que el Gobierno no está comprometido con prevenirla. Para un movimiento político que construyó toda su identidad sobre la denuncia de la corrupción ajena, esas cifras implican una contradicción estructural difícil de administrar.

El problema de las «fotos de la vieja política»

Dentro del esquema de análisis oficial existe, además, una segunda línea de preocupación que apunta a los comportamientos propios del funcionamiento partidario. Según las fuentes consultadas, los resabios de la vieja política, como las imágenes de reuniones partidarias dentro de la Casa Rosada, tampoco seducen al electorado «violeta» que se volcó hacia Milei en 2023 precisamente por ir a contramano de esas prácticas. «La acumulación de comportamientos que la sociedad detesta no nos beneficia», precisó una voz del entorno presidencial.

En ese marco, el oficialismo ubica al mandatario en torno a los 35 puntos de imagen positiva y descarta la posibilidad de que irrumpa un nuevo actor político con capacidad de desafiar ese piso. La lectura interna es que no hay margen para la aparición de un outsider con perfil similar al que Milei encarnó en 2023, lo que les otorga cierto colchón ante el escenario más adverso.

La apuesta por la alianza con el PRO

Con ese diagnóstico sobre la mesa, el Gobierno activó el jueves 13 de agosto una primera ronda formal de negociaciones con el PRO de Mauricio Macri. La apertura se produjo luego de que Macri retomara el contacto telefónico con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una conversación que ocurrió el lunes 10 de agosto y que habilitó el inicio de un diálogo entre ambas fuerzas.

Macri encomendó al titular del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y al secretario general del partido, Fernando de Andreis, que participaran del encuentro en la Casa Rosada. Del lado del oficialismo, asistieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el asesor político Eduardo «Lule» Menem, ambos enviados directos de Karina Milei. Ritondo confirmó la reunión y sostuvo que el PRO continuará «trabajando para blindar el cambio».

Desde el entorno del PRO aclararon que el diálogo, en esta etapa inicial, no contempla el armado de una alianza electoral ni la integración formal del partido al esquema de gobierno, sino restablecer canales de diálogo político, destrabar la cooperación legislativa y ordenar la convivencia en distritos clave como la provincia de Buenos Aires. En la Casa Rosada, en sintonía, bajaron el tono: «Es una primera reunión de equipos», remarcaron fuentes oficiales, y remarcaron que aún es prematuro hablar de candidaturas. No obstante, la proyección de fondo del oficialismo es que, ante la falta de unificación de la oposición y con un acuerdo eventual con el PRO consolidado, La Libertad Avanza podría aspirar a otros cuatro años de gobierno.

El acercamiento se produce, sin embargo, en un contexto que el propio Gobierno reconoce adverso. El discurso anticasta, que fue el principal diferencial de Milei en 2023 y el motor de una victoria electoral histórica, enfrenta hoy el desafío de convivir con causas judiciales por corrupción dentro de sus propias filas, con imágenes de reuniones partidarias en la Casa Rosada y con el avance de una negociación con el establishment político que durante años el mandatario prometió desarmar. La pregunta que el oficialismo no logra responder es cómo recuperar la mística de la ruptura sin romper con nadie.

Puntos clave

  • Un estudio de Casa Tres detectó que la corrupción es la segunda preocupación de la ciudadanía, con el 16%, detrás de la economía.
  • El 79,9% de los encuestados por el OPSCA-UBA consideró que el caso Adorni afecta directamente la promesa anticasta y anticorrupción del Gobierno.
  • Milei se ubica en torno al 35% de imagen positiva, según el diagnóstico oficial, con una desaprobación que supera el 55% en todos los relevamientos recientes.
  • Mauricio Macri habilitó el jueves 13 de agosto una primera ronda de negociaciones con La Libertad Avanza, con Ritondo y De Andreis como enviados del PRO frente a Santilli y Menem del oficialismo.
  • Desde ambos espacios descartaron que la reunión implique en esta etapa una alianza electoral, aunque la Casa Rosada proyecta que un acuerdo con el PRO podría ser clave para 2027.

Elecciones

Brasil va a segunda vuelta: el bolsonarismo sorprende y Lula deberá pelear el 25

Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta del 4 de octubre con el 47% contra el 45% de Lula, revirtiendo lo que marcaban las encuestas. El hijo del expresidente preso hereda la maquinaria del movimiento que intentó un golpe de Estado en 2022 y obliga al Partido de los Trabajadores a una segunda vuelta que promete ser la más disputada de la historia reciente de Brasil.

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Con el 47% de los votos contra el 45% de Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil del domingo 4 de octubre y obligó a una segunda vuelta que se disputará el 25 de octubre de 2026.

El resultado sorprendió a las consultoras, que en los días previos daban a Lula levemente por encima del senador. Ninguno de los dos alcanzó el 50% más uno de los votos válidos requerido para ganar en primera vuelta, y Brasil deberá decidir en un balotaje su próximo presidente.

El senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, compite bajo las siglas del Partido Liberal (PL) con el respaldo explícito de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2022.

Lula, en tanto, busca su cuarto mandato no consecutivo: gobernó Brasil entre 2003 y 2010, fue perseguido judicialmente en causas que el Tribunal Supremo revisó y terminó anulando, y regresó al poder en 2023.

Lo que las encuestas no vieron venir

Durante toda la campaña, la ventaja de Lula en la primera vuelta parecía consolidada. La encuesta Datafolha del 24 de septiembre, registrada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) bajo el número BR-00304/2026, ubicaba a Lula con el 40% y a Flávio Bolsonaro con el 36% en la primera vuelta estimulada. La consultora Nexus/BTG Pactual, en su última medición de agosto, atribuía al presidente el 39% frente al 33% del senador. Sin embargo, en la noche del 4 de octubre los resultados reales demostraron que el mapa electoral bolsonarista, profundamente arraigado en el norte, el centro-oeste y el sur del país, fue subestimado por la mayoría de los sondeos.

La encuesta Nexus de julio ya anticipaba el carácter polarizado del balotaje: Lula con el 40% y Flávio con el 34% en primera vuelta, pero empatados técnicamente en segunda con el 46% contra el 45% respectivamente. Ese empate técnico en el escenario de segunda vuelta se repitió en prácticamente todas las consultoras durante los últimos tres meses de campaña, lo que vuelve imposible anticipar con certeza el resultado del 25 de octubre.

Bolsa Familia, el campo de batalla ideológico

La campaña giró, entre otros ejes, alrededor de la política social. Lula recuperó el Bolsa Familia como bandera central de su gestión, un programa que durante su primer mandato sacó a 54 millones de personas de la pobreza y que la derecha intentó destruir bajo el gobierno de Michel Temer y luego de Bolsonaro padre. En esta campaña, el propio Lula recordó en reiteradas ocasiones que las críticas históricas al programa, que lo tacharon de fomentar la pereza y la dependencia, no resistieron el contraste con la realidad. «De todas las críticas, la más cruel es que el Bolsa Família iba a estimular la vagabundería», sostuvo en actos de campaña, recuperando una frase que pronunció a lo largo de décadas.

A pocos días de las elecciones, Lula anunció además un aumento del 15% en los pagos del programa de asistencia social, una decisión que la oposición leyó como un gesto electoral pero que, en términos electorales, no alcanzó para definir la primera vuelta a su favor. La derecha concentra sus críticas en que el programa no es una solución estructural, mientras el PT sostiene que sin ese piso de ingresos garantizados millones de familias brasileñas quedarían directamente al borde de la indigencia.

El mapa territorial y los puntos de quiebre

La geografía electoral confirma la fractura profunda de Brasil. Según los datos de la encuesta Medio/Ideia de mayo de 2026, Flávio Bolsonaro lidera en el norte con el 57% contra el 27% de Lula, y en el centro-oeste con el 60% contra el 28%. En el sur también está por encima: 50% contra 39%. El nordeste, históricamente el bastión lulista, le da al presidente el 58% frente al 34% del senador. El sudeste, que concentra la mayor parte del padrón electoral, aparecía en empate técnico antes de la votación.

Esta distribución territorial es el termómetro de la fractura de clase que atraviesa al gigante sudamericano. Las regiones más pobres, donde los programas de transferencia directa tienen mayor impacto sobre la vida cotidiana, tienden al lulismo; las regiones más ricas y con mayor presencia de sectores conservadores, al bolsonarismo. El resultado del 4 de octubre muestra que esa segunda geografía fue más eficaz de lo que las encuestas proyectaban.

El factor Bolsonaro padre y la internacionalización de la disputa

Jair Bolsonaro, preso y sin poder presentarse por su condena de 27 años, articuló desde la cárcel el apoyo a la candidatura de su hijo mayor. La sentencia fue ampliamente criticada por el gobierno de Donald Trump, con el propio presidente norteamericano afirmando que era «muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo» y el secretario de Estado, Marco Rubio, calificándola de «injusta». Esta internacionalización del caso convirtió a la elección brasileña en parte del tablero geopolítico de la disputa entre la derecha global y los gobiernos progresistas de América Latina.

Legisladores estadounidenses, en contraposición, le pidieron formalmente a Trump que no interviniera en el proceso electoral brasileño. La sombra de la interferencia exterior planeó sobre toda la campaña, y el resultado del 4 de octubre convierte la segunda vuelta en una cita electoral con consecuencias que van mucho más allá de las fronteras del país más grande de América del Sur.

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