El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un esquema por el que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES financiará a los bancos mediante licitaciones de plazos fijos de largo plazo, con el objetivo de ampliar la oferta de préstamos para la compra de viviendas. El plan llega después de meses de caída sostenida en los créditos hipotecarios y en medio de serias dudas jurídicas y financieras sobre su implementación.

Toto Caputo anunció este miércoles en una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda un programa para movilizar fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES con destino al crédito hipotecario privado. Bajo el esquema presentado, el FGS licitará depósitos a plazo fijo de largo plazo entre las entidades financieras, que solo podrán aplicar esos recursos a préstamos para la adquisición de viviendas. Los bancos participantes obtendrían fondeo a 2, 3 o 5 años, a una tasa referenciada en UVA más un margen de entre 2% y 3%, resolviendo así el llamado «descalce de plazos»: la dificultad estructural de las entidades para prestar a décadas cuando sus depósitos se renuevan cada 30 días.

El FGS como prestamista de última instancia

El propio Caputo reconoció en el anuncio que el bajo volumen de créditos hipotecarios tiene como origen el problema de fondeo de los bancos: «reciben depósitos a corto plazo y tienen que prestar a largo plazo». Para resolver esa brecha, el Gobierno ideó un esquema que viene siendo analizado desde el 13 de agosto, cuando el ministro lo anticipó en una conferencia anterior. La idea central es que el organismo previsional coloque sus recursos en las entidades financieras a varios años, aportando la liquidez que el propio mercado privado no genera.

El FGS, según el último informe oficial de la ANSES, administraba a junio de 2026 una cartera valuada en 79.232 millones de dólares. Sin embargo, solo una fracción menor está disponible en condiciones de ser rápidamente movilizada: los depósitos a plazo fijo representan apenas el 1,6% del total, unos 1.247 millones de dólares. La mayor parte de los activos, el 77,7%, está invertida en títulos públicos nacionales.

Un plan con contradicciones propias del Gobierno

La utilización del FGS para estimular el crédito hipotecario choca de frente con la doctrina que el propio Gobierno libertario proclamó desde el inicio de su gestión. El presidente Javier Milei sostuvo en reiteradas oportunidades que el financiamiento debe ser responsabilidad del sector privado y no del Estado. En ese espíritu, el Decreto 1039/2024 modificó el régimen de inversiones habilitadas para el FGS y eliminó expresamente la posibilidad de que el organismo otorgue créditos directamente a los ciudadanos, una práctica que el Gobierno libertario suspendió a fines de 2023. Ahora, con el mercado inmobiliario en retroceso, el mismo Ejecutivo que frenó esos créditos apela al mismo fondo para apuntalar al sistema bancario privado, aunque por la ventana de la intermediación financiera.

El anuncio llega además con nudos legales y operativos todavía sin resolver. Según trascendió antes de la conferencia de prensa, dentro del propio Ejecutivo existían dudas sobre los aspectos jurídicos del mecanismo: la legislación vigente permite que hasta el 30% de los activos del FGS se coloque en depósitos a plazo fijo en entidades financieras, pero eso no implica que ese monto esté disponible ni que corresponda aplicarlo a este programa. Restan definir la tasa que recibirá el FGS a cambio de inmovilizar sus recursos, qué bancos participarán, los montos a licitar y los plazos concretos.

El mercado que el plan busca rescatar

El contexto que empuja el anuncio es inequívoco: el mercado hipotecario viene cayendo de manera sostenida. En la provincia de Buenos Aires, durante julio de 2026 se registraron apenas 1.450 actos hipotecarios, un 33% menos que en el mismo mes de 2025. Las compraventas totales de inmuebles también retrocedieron un 9% interanual en ese período. A nivel nacional, el primer semestre cerró con 11.607 altas hipotecarias, contra 20.035 del mismo período del año anterior, una caída superior al 42%. La reactivación prometida en 2025, que llegó a generar expectativas en el sector inmobiliario, se diluyó ante el endurecimiento de las condiciones crediticias: tasas más altas, plazos más cortos y salarios reales que no acompañaron.

El programa presentado este miércoles es, en buena medida, una respuesta de urgencia ante la evidencia de que la prometida lluvia de créditos privados no llegó por sí sola. El Gobierno recurre así a los ahorros previsionales de los trabajadores para apuntalar un mercado que, según su propia narrativa, debería funcionar sin intervención estatal.

Puntos clave

• El FGS de la ANSES administraba activos por 79.232 millones de dólares a junio de 2026, de los cuales solo el 1,6% está colocado en plazos fijos.
• Los actos hipotecarios en la provincia de Buenos Aires cayeron un 33% interanual en julio de 2026.
• El Decreto 1039/2024 eliminó los créditos ANSES directos a ciudadanos; ahora el Gobierno usa el mismo fondo para financiar a los bancos privados.
• El esquema prevé licitaciones de plazos fijos a 2, 3 y 5 años con tasa UVA más un margen de entre 2% y 3%.
• Persisten dudas jurídicas y financieras internas sobre la viabilidad e implementación del programa.