DDHH
Agustín Rossi sostuvo que la «Mesa de Enlace» de retirados de las Fuerzas Armadas «nació para conspirar»
El ministro de Defensa señaló que esta situación «es intolerable en un Estado democrático», y consideró que «el nombre los ubica en una posición política y desestabilizante». Y a las declaraciones del funcionario se sumaron sectores políticos, sociales y sindicales que también repudiaron la iniciativa.
El ministro de Defensa señaló que esta situación «es intolerable en un Estado democrático», y consideró que «el nombre los ubica en una posición política y desestabilizante». Y a las declaraciones del funcionario se sumaron sectores políticos, sociales y sindicales que también repudiaron la iniciativa.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó que la denominada «Mesa de Encuentro Libertador General San Martín», lanzada el miércoles por un grupo de retirados de distintas fuerzas, «nació para conspirar» y es «intolerable en un sistema democrático».
«La Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, nació para conspirar. Se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las FFAA, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad», publicó anoche Rossi en su cuenta de Twitter.
«Si la Mesa de Enlace se va a ocupar de los salarios, las viviendas, el talento y los recursos humanos, implícitamente intentan descalificar a los jefes actuales de las Fuerzas que tienen esta responsabilidad primaria», analizó el funcionario.
Por otro lado, en declaraciones radiales realizadas esta mañana, Rossi sostuvo que esta situación «es intolerable en un Estado democrático», y entendió que «el nombre los ubica en una posición política y desestabilizante».
«Es extraño, por ser indulgente, lo que se está conformando. Está claro que es una fenomenal operación política, desde cómo aparecieron en los principales medios de comunicación, y con la propia autodenominación ‘mesa de enlace’. Los nombres no se ponen aleatoriamente», analizó.
Rossi mencionó que «el que convoca es el general Bossi, retirado, que es un conspirador nato, porque ya conspiró contra Néstor Kirchner y fue denunciado en ese momento». Además, estuvo en la ex Side durante el gobierno de la Alianza y «bregó por lograr que las Fuerzas Armadas se involucraran en inteligencia interna».
El ministro indicó que Bossi, que fue «durante muchos años presidente de la Sociedad Militar Seguros de Vida, seguramente es fuente de financiamiento de muchas de estas actividades, ya que es una mutual que tiene una enorme cantidad de recursos y que muchas veces se utiliza para una cantidad de operaciones que son operaciones políticas».
En un hilo de Twitter que publicó anoche, Rossi afirmó que Bossi «tuvo cargos de conducción en el Ejército durante el menemismo, periodo de mayor degradación del salario militar y florecimiento de los suplementos no remunerativos que el gobierno blanqueó ante la solicitud de los actuales jefes de las FFAA».
También, puntualizó que «en la Mesa de Enlace, están los que crearon los suplementos no remunerativos y los que no pudieron cambiarlos. Lamento verlo al Gral (Ricardo) Cundom en esa foto en representación de la Fundación Criteria, pantalla de empresa de seguridad del carapintada Tito».
Rossi apuntó también contra el «general (Claudio) Pasqualini, que fue hasta hace 10 meses jefe del Ejército» y agregó: «Tuvo la posibilidad de resolver alguno de los problemas que describe. No pudo, no quiso o no supo. ¿No sería prudente dejar que los que lo sucedieron intenten resolverlos?».
La presentación formal de la denominada «Mesa de Encuentro Libertador General San Martín» se realizó el miércoles en la sede de la Sociedad Militar Seguro de Vida, presidida por Daniel Reimundes, un militar retirado procesado por espionaje ilegal.
Allí, organizaciones que nuclean a personal retirado de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, y referentes de estas instituciones anunciaron la creación de la «Mesa de Encuentro Libertador General San Martín». Según indicaron, el objetivo será el de «representar ante la dirigencia política y la opinión pública al conjunto de los uniformados que cumplen servicio en todo el país».
Lo mismo hizo el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, quien afirmó: «En este hilo, @RossiAgustinOk explica que la autodenominada ´Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas´ no es ni más ni menos que un reducto de conspiradores con credenciales».
Durante la mañana de hoy se sumaron expresiones de rechazo así como una carta de los ex combatientes de Malvinas, quienes aclararon que no forman parte de ese grupo.
Lo mismo hizo la Mutual del Personal de Intendencias Militares (MUPIM) que, a través de una carta a Rossi, aseguró que no formará parte de la denominada «mesa de enlace» de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que la «mesa de enlace» busca «desestabilizar cuando estamos atravesando un momento difícil, con una pandemia y un país económicamente destruido», y acusó a sus miembros de seguir «soñando con el poder dictatorial».
A su turno, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, calificó a los integrantes de ese espacio como «dinosaurios» y se mostró esperanzado en que la actitud «no va a hacer mella en las fuerzas porque los integrantes de hoy tienen otra cabeza».
Desde la CGT, el secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, también rechazó el armado de la autodenominada mesa de enlace de militares retirados, por constituir «una velada amenaza al sistema democrático». «Respaldamos al #Presidente @alferdez como Comandante en Jefe y a @RossiAgustinOk como único interlocutor de la política de #Defensa de nuestro país», agregó.
El abogado, padre de unos de los submarinistas fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan en 2017, consideró que la conformación de una mesa de enlace militar integrada por oficiales retirados «tiene vinculación con la causa del ARA San Juan» ya que «por primera vez se convocó al Consejo de Guerra contra los altos oficiales de la Armada».
Proyecto en Diputados en defensa de la Democracia
Diputados nacionales de diferentes bloques, encabezados por legisladores del Frente de Todos, presentaron un proyecto para repudiar la creación de una mesa de enlace de las fuerzas armadas y de seguridad, al advertir que se proponen objetivos que «conspiran contra la plena disciplina de nuestras fuerzas a las instituciones de la democracia».
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Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei
El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.
175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.
Un consenso al que el país le dio la espalda
La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.
Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.
Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno
Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.
El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.
Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa
La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.
Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.
El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.
Lo que tenés que saber
- El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
- La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
- El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
- En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
- El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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