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Buenos Aires

Kicillof reafirmó el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” frente al intento de Milei de borrarlo

El gobernador bonaerense se diferenció de la administración libertaria, que retomó en sus comunicaciones oficiales el término “Día de la Raza”. En la provincia de Buenos Aires, seguirá vigente la denominación impulsada por Cristina Fernández de Kirchner en 2010.

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El Argentino Diario-Axel Kicillof-Día de la Diversidad Cultural.

⬛ En una nueva disputa política y simbólica entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof reafirmó este 12 de octubre que su gobierno mantendrá el nombre de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, tal como lo estableció en 2010 el Decreto 1584/2010 firmado por Cristina Fernández de Kirchner. La aclaración llegó luego de que el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, comenzara a referirse a la fecha como “Día de la Raza”, una denominación abandonada hace más de una década por su carga colonial y eurocentrista.

“En la provincia de Buenos Aires no cambiamos de idea, vamos a seguir defendiendo la diversidad y el respeto por los derechos de todas las comunidades que forman parte de nuestra identidad”, publicó Kicillof en sus redes sociales, junto a una placa institucional conmemorativa del feriado.

Un cambio simbólico, no legal

La decisión del Gobierno nacional de volver a utilizar el término “Día de la Raza” se expresó en comunicados oficiales, piezas audiovisuales y publicaciones en redes de distintos ministerios, pero no fue acompañada por ningún decreto o resolución que modifique la normativa vigente.
De hecho, la Resolución 139/2025, publicada por el Ejecutivo para trasladar el feriado de este año al viernes 10 de octubre, mantiene legalmente la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

En ese sentido, fuentes del ámbito jurídico consultadas señalaron que cualquier cambio en el nombre del feriado debería formalizarse mediante un nuevo decreto presidencial, ya que el de 2010 sigue plenamente vigente. Por lo tanto, el uso del término “Día de la Raza” por parte del Gobierno libertario es, por ahora, una decisión discursiva y política, no normativa.

El trasfondo histórico

Hasta 2010, la fecha se conmemoraba oficialmente como el “Día de la Raza”, en referencia al encuentro entre Europa y América tras la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Sin embargo, la denominación fue cuestionada por organismos de derechos humanos y comunidades originarias, que denunciaron su carácter discriminatorio y colonial.

Fue entonces cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó el cambio a “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, con el propósito de promover una mirada crítica sobre la historia, el reconocimiento de los pueblos originarios y el respeto por las identidades diversas que conforman el país.

Un nuevo capítulo en la disputa cultural

El gesto del gobierno de Milei —que se suma a otras decisiones de fuerte contenido simbólico, como la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad o la reducción de programas de derechos humanos— fue interpretado por diversos sectores sociales y académicos como un retroceso en materia de memoria y reconocimiento cultural.

Desde el gobierno bonaerense, en cambio, se remarcó que la continuidad del nombre original establecido por Cristina Kirchner expresa una política de Estado en defensa del pluralismo y la inclusión, en línea con las resoluciones adoptadas también por la ONU y otros organismos internacionales.

A pesar de la controversia, el feriado largo se mantuvo sin modificaciones prácticas, lo que permitió impulsar la actividad turística en distintos municipios bonaerenses, una medida que el propio Kicillof valoró por su impacto económico regional.

Puntos clave

  • El Gobierno nacional volvió a usar el término “Día de la Raza” en sus comunicados oficiales.
  • La provincia de Buenos Aires ratificó que seguirá con la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.
  • No existe un nuevo decreto que modifique el nombre del feriado; el decreto de Cristina Fernández de Kirchner (2010) sigue vigente.
  • Kicillof sostuvo que su gestión “no cambió de idea” y que defenderá la diversidad cultural.
  • El cambio nacional fue discursivo y simbólico, sin efectos legales hasta el momento.

Buenos Aires

El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección

Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.

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La golpearon en video, al agresor lo identificaron, y la Justicia todavía no actuó.

Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.

La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.

El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial

La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.

«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión

La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.

El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.

Lo que tenés que saber:

  • Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
  • La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
  • La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
  • La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
  • La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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