Mientras Insaurralde renunció sin blindaje, Adorni acumula causas y los Milei cierran filas

★ El escándalo patrimonial que envuelve al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, tiene un espejo ineludible en la política argentina reciente: el caso del ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Comparar ambos episodios no es un ejercicio retórico. Es una radiografía del doble estándar con que el poder trata sus propios casos de corrupción.

El yate y el departamento: los orígenes de dos escándalos

En septiembre de 2023, la modelo Sofía Clerici publicó en sus redes sociales fotos y videos en los que se la veía junto a Insaurralde a bordo del yate «Bandido» en Marbella, España, durante un viaje que según la investigación judicial tuvo un costo estimado de 50.000 dólares por cinco noches. Insaurralde era en ese momento jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires y estaba en licencia de la intendencia de Lomas de Zamora.

En aquel momento no existía una causa judicial abierta por enriquecimiento ilícito. No había allanamientos. No había peritos de la Corte Suprema reconstruyendo su patrimonio. No había un fiscal federal solicitando el levantamiento de su secreto bancario. Solo había fotos en un yate de lujo que Insaurralde no podía justificar con su sueldo de funcionario.

Eso fue suficiente. En menos de 24 horas, Insaurralde presentó su renuncia. El gobernador Axel Kicillof la aceptó «de forma inmediata», la formalizó con el decreto 2023-1815 y fue más allá: anunció un proyecto de ley para disolver la propia Jefatura de Gabinete provincial. «Las explicaciones se tendrán que dar en los ámbitos correspondientes», fue el mensaje del gobernador. Sin ambigüedades. Sin operativos de blindaje. Sin Kicillof en el palco del Congreso para dar apoyo moral a su funcionario investigado.

La causa que no para de crecer

El caso Adorni es de una escala judicial muy superior al momento en que Insaurralde renunció. El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito en una causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y que lleva semanas acumulando evidencia.

El expediente documenta la compra de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito, por un valor declarado de 230.000 dólares, de los cuales 200.000 fueron financiados por cuatro mujeres con perfil de jubiladas y empleadas públicas, cuyo poder adquisitivo no condiría con el monto prestado. La inmobiliaria interviniente afirmó que el valor real del inmueble era de 345.000 dólares, es decir 115.000 dólares más que lo que el funcionario declaró haber pagado.

A eso se suma la casa en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa Bettina Angeletti, que Adorni no informó a la Oficina Anticorrupción en tiempo y forma; solo la declaró cuando la Justicia ya le reclamó toda su documentación patrimonial. Un testigo clave, Pablo Martín Feijoo, amigo del funcionario, declaró ante Pollicita que Adorni le debe 65.000 dólares no documentados por refacciones que costeó de su bolsillo. En noviembre vence además el pago de 200.000 dólares correspondientes al financiamiento de la compra de Caballito, más otros 70.000 dólares con intereses otorgados por dos agentes policiales.

La Justicia ordenó allanamientos en tres inmobiliarias vinculadas a la operación de Caballito y decretó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni y su esposa. Los vuelos privados a Nueva York, Punta del Este y Aruba también forman parte del expediente. Y sobre todas estas causas materiales pesa además la imputación en la querella del abogado Martín Romeo por el fraude con la criptomoneda $LIBRA, donde Adorni figura como «legitimador» del esquema según registros del iPhone del intermediario Mauricio Novelli analizados por la DATIP.

El blindaje que Insaurralde nunca tuvo

Frente a ese cuadro, la respuesta del presidente Javier Milei no fue pedir explicaciones ni aceptar una renuncia. Fue lo opuesto.

Milei confirmó públicamente que el miércoles 29 de abril concurrirá junto a todo su gabinete al Congreso para presenciar el informe de gestión de Adorni. «Sí, claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete», declaró en diálogo con Neura. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, articuló el operativo político completo para blindar la sesión: formato cerrado, cinco minutos por legislador, sin reunión previa de Labor Parlamentaria, cierre a cargo del propio bloque oficialista.

La sesión del 29 fue negociada entre el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Levitt, y el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán, en el salón Delia Parodi del Palacio Legislativo. El formato la convierte en una tribuna controlada, no en una instancia de rendición de cuentas genuina.

Y mientras la causa avanzaba, la Oficina Anticorrupción (OA) publicó el viernes 25 de abril en el Boletín Oficial la Resolución 3/2026, firmada por su titular Gabriela Carmen Zangaro, prorrogando el plazo para que los funcionarios presenten sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales del período 2025. El vencimiento original era el 30 de mayo. La prórroga lo corrió hasta el 31 de julio de 2026, dos meses después, en el momento de mayor exposición judicial del jefe de Gabinete.

El organismo justificó la medida en la necesidad de contar con la información fiscal del año anterior, cuyos vencimientos operan en junio. Especialistas en integridad pública advirtieron, sin embargo, que la «interdependencia técnica» no justifica demorar el acceso público a información sensible sobre funcionarios que están siendo investigados por la Justicia.

La comparación con el peronismo bonaerense de 2023 es inobjetable: cuando Insaurralde protagonizó su escándalo, nadie desde el gobierno provincial maniobró para retrasar plazos, blindar sesiones ni construir un cerco político alrededor del funcionario. Todo lo contrario.

La causa Insaurralde, mientras tanto, sigue su curso

El contraste con el tratamiento judicial también es ilustrativo. La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Insaurralde tramita en el Juzgado Federal de Quilmes ante el juez subrogante Luis Armella, con los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco al frente, y cuenta con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la ONG Poder Ciudadano como querellantes.

En febrero de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de la defensa de Insaurralde y confirmó que la UIF continuará como parte querellante. En marzo, arrancó el peritaje contable a cargo de expertos de la Corte Suprema, que abarca 83 puntos de análisis y se extenderá por unos cuatro meses. El trabajo de los contadores busca establecer si el patrimonio de Insaurralde, su exesposa Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici se corresponde con los ingresos declarados. Si el peritaje determina que no, los fiscales podrán avanzar con la indagatoria.

El expediente ya reconstruyó al menos dos lotes y una casa de unos 800 metros cuadrados en un barrio privado de San Vicente, una vivienda en Lomas de Zamora, dos automóviles de alta gama, alrededor de 75 viajes al exterior por más de 70.000 dólares y unos 600.000 dólares que aparecen en el expediente sin respaldo documental.

El doble estándar que el «anti-casta» no puede ocultar

La paradoja política es de una contundencia que ningún relato libertario puede disimular. El presidente que construyó toda su identidad pública sobre el combate a «la casta» y sus privilegios sostiene hoy, con la maquinaria del Estado completa, a un funcionario investigado por operar exactamente dentro de esa misma lógica que prometió erradicar. La misma administración que intentó privatizar el Banco de la Nación Argentina usa sus instituciones de control para dilatar plazos. El mismo Gobierno que cerró la sala de prensa de la Casa Rosada para «transparentar» la comunicación oficial blinda a su jefe de Gabinete con un formato de sesión diseñado para evitar preguntas incómodas.

Insaurralde renunció cuando solo había fotos en un yate, mientras Adorni llega al Congreso con una causa judicial activa, propiedades no declaradas, secreto bancario levantado, testigos que hablan ante la Justicia y el presidente en el palco para darle aplausos.

Puntos clave

• Insaurralde renunció en menos de 24 horas tras la difusión de imágenes en un yate de lujo; no existía entonces una causa judicial por enriquecimiento ilícito ni allanamientos en curso.
• Adorni enfrenta una causa con allanamientos, secreto bancario levantado, testigos ante la Justicia, propiedades no declaradas y su nombre en la querella por el fraude con $LIBRA, y Milei lo sostiene con todo el aparato político.
• El miércoles 29 de abril, Milei confirmó su presencia en el Congreso junto a todo su gabinete para «acompañar» al funcionario investigado durante su informe de gestión.
• La Oficina Anticorrupción prorrogó el vencimiento para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales del 30 de mayo al 31 de julio de 2026, mediante la Resolución 3/2026, en el momento de mayor exposición judicial de Adorni.
• La causa por enriquecimiento ilícito contra Insaurralde sigue su curso con un peritaje contable en marcha desde el 3 de marzo; si los resultados confirman la brecha patrimonial, los fiscales Mola y Velasco podrán pedir la indagatoria.