La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este miércoles su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la causa Vialidad.

“Es un asunto más político, desde nuestro punto de vista, y tiene nuestra solidaridad”, afirmó Sheinbaum durante una conferencia de prensa en Ciudad de México. Consultada por la posibilidad de emitir un pronunciamiento conjunto con otros mandatarios de la región, respondió: “No hemos estado en contacto en este momento, pero se lo plantearé al secretario de Relaciones Exteriores”.

Sheinbaum, referente del progresismo continental y sucesora política de Andrés Manuel López Obrador, fue la primera jefa de Estado en pronunciarse públicamente sobre el fallo que excluye a la ex presidenta de cualquier cargo electivo, en un contexto de fuerte debate sobre la judicialización de la política en América Latina.

Evo Morales: “Una reedición del Plan Cóndor judicial”

El respaldo no se limitó al ámbito gubernamental. El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, publicó en su cuenta de X un mensaje contundente: “La condena injusta de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua no es otra cosa que persecución política para proscribir a una lideresa del pueblo”.

“Vivimos una reedición del Plan Cóndor: ya no son los militares al servicio del imperio, ahora son jueces serviles a las oligarquías quienes ejecutan golpes judiciales contra quienes defienden la soberanía y los derechos de las mayorías”, agregó Morales, en un mensaje que fue replicado por varios dirigentes del MAS y sectores de la izquierda regional.

Rafael Correa y el Instituto Lula también denunciaron “lawfare”

Desde Brasil, el Instituto Lula —organismo presidido por el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva— emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación y repudio por la detención de Cristina Kirchner”, advirtiendo sobre “graves violaciones a los derechos fundamentales y al debido proceso”. Si bien Lula aún no se pronunció oficialmente, el gesto de la institución evidencia una postura crítica frente al accionar judicial argentino.

En Ecuador, Rafael Correa sumó su voz con un mensaje que aludió directamente a la estrategia de judicialización como método de persecución política: “¡Fuerza, Cristina! ¡Fuerza, Argentina! ¡Basta de lawfare! Derrótennos —si es que pueden— en las urnas”.

Correa, quien también enfrenta procesos judiciales en su país y se encuentra exiliado en Bélgica, es uno de los principales denunciantes del uso de la justicia con fines políticos en la región. Su mensaje se alineó con las advertencias de organismos internacionales como el CELAG y el Grupo de Puebla, que ven en el caso de Cristina Kirchner una nueva expresión del “golpe blando” que afecta a líderes progresistas del continente.

Un fallo con impacto continental

La reacción internacional revela el peso simbólico de la figura de Cristina Kirchner en la política latinoamericana, así como la preocupación creciente por el fenómeno del lawfare, ya denunciado en los casos de Lula en Brasil, Correa en Ecuador y Morales en Bolivia. La ratificación de su condena se inscribe en un contexto regional donde las élites judiciales son cada vez más cuestionadas por su aparente alineamiento con intereses conservadores y corporativos.

Aunque por el momento no se concretó un pronunciamiento conjunto de mandatarios como Sheinbaum, Lula, Boric o Petro, el respaldo público de referentes políticos y ex presidentes consolida la idea de que la condena a la ex presidenta argentina trasciende las fronteras nacionales y forma parte de una disputa más amplia entre proyectos políticos enfrentados.