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La obsesión de JxC contra Camioneros: quieren proscribir al gremio
Es histórico el odio del macrismo, PRO, Juntos, en contra del gremio de Camioneros. Obcecadamente siguen la guerra contra los Moyano y piden que se le saque la personería gremial tras la detención de 2 de sus dirigentes.
Una veintena de diputados de Juntos presentó en el Congreso un pedido formal para solicitar al Poder Ejecutivo la cancelación de la personería gremial de Camioneros. Es por el conflicto que terminó con la detención de 2 de sus dirigentes en San Nicolás. El sindicato que encabezan Hugo y Pablo Moyano prepara una respuesta sindical a nivel internacional.
Con las firmas de Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Graciela Ocaña, Fernando Iglesias y Waldo Wolff entre otros, veinticuatro representantes de Juntos en la Cámara de Diputados presentaron proyecto de resolución para que el Congreso le solicite al Poder Ejecutivo Nacional que «tome las medidas necesarias para la cancelación de la personería gremial del Sindicato de Camioneros», detalló el sitio INFOGREMIALES.
Los fundamentos radican en la decisión judicial de detener a dos sindicalistas de Camioneros llamados Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola imputados por los supuestos delitos de extorsión y cohecho. Llamativo esfuerzo que no se realizó con ningún otro sindicato que haya contenido entre sus filas a dirigentes detenidos.
El breve texto del proyecto asegura que hay otros fundamentos pero que se expondrían en el recinto si se resolviere su tratamiento.
Por su parte, según pudo conocer InfoGremiales, Pablo Moyano se encuentra en Río de Janeiro en su calidad de vicepresidente de la Regional América Latina y Caribe de la ITF (Federación Internacional de Trabajadores del Transporte) donde la noticia causó fuerte impacto entre los sindicatos de todos los países de la región por lo que se prepara una respuesta sindical que trascenderá nuestras fronteras.
Los firmantes son Gerardo Milman, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Omar de Marchi, Graciela Ocaña, Fernando Iglesias, Karina Bachey, Alejandro Finocchiaro, Waldo Wolff, Álvaro Martínez, Federico Angellini, Mercedes Martínez, Federico Lujan Rey, Ana Clara Romero, Alfredo Schiavoni, Germana Figueroa Casas, Francisco Sánchez, José Núñez, Adriana Ruarte, Susana Laciar, Héctor Stefani, Alberto Asseff, María Sotolano y Florencia Klipauka.
Repudio a la ofensiva antisindical contra Camioneros
Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina manifestaron «la mayor solidaridad con las compañeras y compañeros del Sindicato de Choferes de Camiones y repudiamos de forma contundente la grotesca intentona de quitarle la personería gremial, efectivizada mediante el pedido formal presentado por la alianza Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación».
«Se trata del último paso en la renovada ofensiva antisindical contra Camioneros, que vino precedida por el fallo arbitrario y anticonstitucional del Juzgado de Garantías N°3 de San Nicolás que penalizó el accionar gremial de su Seccional San Nicolás en un conflicto por pago de salarios adeudados y reincorporación de seis trabajadores despedidos, ordenando la detención de su Secretario General, el compañero Maximiliano Cabaleyro, y el también sindicalista camionero Fernando Espíndola», explicaron en un comunicado.
Agregaron además que «la acción judicial exprés fue motorizada por el denominado «Movimiento Empresarial Antibloqueo«, un grupo de choque referenciado en Patricia Bullrich, presidenta del PRO. Se trata de la reanudación del lawfare con sus tres patas características, una en el Poder Judicial, otra en los medios masivos que se encargan de la propaganda contra los dirigentes gremiales y la tercera, en la coalición política que más desprecia a la clase trabajadora argentina».
En este sentido sostuvieron que «son los mismos sectores que ya estuvieron involucrados en similares operaciones como la conocida “GestaPRO” para armar causas contra sindicalistas bajo el gobierno de Cambiemos».
«Vienen por nosotros. Por el movimiento obrero que lucha«, sentenciaron. «Las y los trabajadores aceiteros y desmotadores tenemos memoria y recordamos cómo el Ministerio de Trabajo de la Nación bajo el gobierno de Mauricio Macri nos retuvo nueve meses la certificación de autoridades buscando poner de rodillas nuestra Federación y obligarnos a firmar paritarias a la baja«.
«Recordamos también que nuestros dirigentes fueron espiados por los servicios de inteligencia de forma ilegal durante ese mismo gobierno, como consta en expedientes que duermen el sueño de los justos en el mismo Poder Judicial que pisó el acelerador para detener a los compañeros camioneros. Ahora retoman el mismo camino. Quieren destruir a los sindicatos para bajar los salarios y atacar a los derechos de la clase trabajadora. El movimiento obrero argentino no lo va a permitir», sentenciaron.
Judiciales ⚖️
Pity Álvarez: la querella pidió 11 años y 2 meses y rechazó la legítima defensa
Fabián Améndola sostuvo que el músico “se acercó y lo remató” y que los últimos tres disparos ya no respondían a ninguna agresión. El fiscal general Sandro Abraldes alegará el miércoles 11 y la defensa, el viernes 13.
Cuatro disparos, tres de ellos a corta distancia, y una víctima que ya había caído cuando se efectuaron los últimos: esa es la reconstrucción con la que la querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para el músico Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz.
El pedido lo formuló el abogado Fabián Améndola, que junto con Fernando Burlando representa a la madre de una de las hijas de Díaz, en los alegatos de clausura que comenzaron a las 11:30 del viernes 6 de noviembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. Díaz murió de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, de Villa Lugano.
Un pedido con arresto domiciliario y salidas laborales
La querella calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y pidió que, si el tribunal dicta una condena, Álvarez la cumpla bajo arresto domiciliario y con salidas laborales. Améndola aclaró que no buscaban una condena ejemplificadora y recordó la paciencia con la que la familia atravesó las demoras de un proceso condicionado por la salud del acusado.
Para la querella no hubo legítima defensa, porque cuando Díaz cayó ya no existía una agresión real. Según Améndola, el músico “se acercó y lo remató”, comprendió y dirigió su acción, y no había peligro para él cuando efectuó los últimos tres disparos.
La acusación fiscal y la estrategia de la defensa
El fiscal general Sandro Abraldes sostiene una acusación por homicidio simple con dolo eventual, un delito con pena de 8 a 25 años de prisión, y le atribuye además portación ilegítima de arma de uso civil. Alegará el miércoles 11 de noviembre. El viernes 13 será el turno de los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, que buscarán probar que Álvarez actuó en legítima defensa o, de manera subsidiaria, que hubo un exceso en ella, figura que prevé entre uno y cinco años de prisión.
El relato de Álvarez ante el tribunal
Álvarez declaró por primera vez el lunes 2 de noviembre, durante unas cuatro horas, después de llegar en ambulancia desde la clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado de manera involuntaria desde el 2 de octubre. Dijo que se sintió acorralado por una persona peligrosa, que tenía el arma en el bolsillo y que apuntó al cuerpo de Díaz. Luego describió un “fogonazo blanco” en su cabeza y aseguró que no supo qué ocurrió durante unos segundos.
También pidió perdón a la familia de Díaz y propuso dar un recital para recaudar dinero destinado a las hijas de la víctima.
Dos lecturas que el tribunal deberá resolver
La distancia entre ambos relatos define el juicio: miedo y un vacío de segundos para el acusado, disparos sin peligro real para la querella. El debate comenzó el 10 de agosto de 2026, ocho años después del hecho, tras un proceso penal que estuvo suspendido durante años por planteos sobre la salud del músico.
Será el tribunal el que determine si corresponde homicidio simple, homicidio agravado por arma de fuego, legítima defensa o exceso en ella. Hasta que haya sentencia, rige la presunción de inocencia.
Lo que tenés que saber
- La querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para Pity Álvarez, con arresto domiciliario y salidas laborales, por la muerte de Cristian Díaz el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano.
- El pedido se formuló en los alegatos de clausura ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
- Para el abogado Fabián Améndola no hubo legítima defensa, porque los últimos tres disparos ya no respondían a una agresión.
- El fiscal general Sandro Abraldes acusa por homicidio simple con dolo eventual, con pena de 8 a 25 años, y alegará el miércoles 11.
- Los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro alegarán el viernes 13 y plantearán legítima defensa o su exceso.
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