Gremiales
La CGT denunció “avance antidemocrático” tras la detención de Grabois
La central sindical repudió la intervención policial en el Instituto Juan Domingo Perón y advirtió sobre un “modus operandi ilegal” del Gobierno nacional.
La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este lunes la detención del dirigente social Juan Grabois y del estudiante universitario Valentín Peralta Ramos, ocurrida el sábado durante un operativo policial en el Instituto Juan Domingo Perón. En un comunicado difundido por sus redes, la central obrera calificó el hecho como parte de un “avance antidemocrático” por parte del Gobierno y denunció la ausencia de una orden judicial que avalara la intervención.
“La detención fue sin orden judicial que respalde ese acto”, subrayó el Consejo Directivo Nacional, que acusó a las autoridades nacionales de actuar con “un modus operandi ilegal y antidemocrático”.
La CGT responsabilizó al Ejecutivo por violar el debido proceso
Según el documento, el accionar del Gobierno vulneró los derechos fundamentales de los detenidos y el principio constitucional del debido proceso. “El Presidente de la Nación y la ministra de Seguridad no pueden solicitar detenciones a gusto y arbitrariedad”, señaló la CGT. Y agregó: “Existe un Poder Judicial que debe hacer respetar el derecho constitucional que asiste a toda persona”.
La crítica apuntó a la intervención directa del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y al operativo desplegado para desalojar el edificio del Instituto, que había sido disuelto por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 280/2024.
El trasfondo: cierre del Instituto Perón y disputa por el patrimonio
El hecho se produjo un mes después de que el Gobierno nacional dispusiera el cierre del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, organismo creado en 1994 con el objetivo de preservar el legado del expresidente. La medida incluyó el despido de sus trabajadores y el traslado del patrimonio histórico a la órbita del Archivo General de la Nación.
La CGT ya había manifestado su rechazo el 9 de mayo, cuando advirtió sobre “el riesgo de destrucción o pérdida de documentación clave para comprender la historia del peronismo y la Argentina del siglo XX”. La central obrera volvió a insistir en que ese acervo histórico y cultural debería quedar bajo su custodia.
Grabois, la denuncia y el debate institucional
Grabois ingresó al edificio acompañado por militantes del Frente Patria Grande, en un acto simbólico de resistencia ante el cierre del Instituto. La Policía Federal actuó de inmediato y procedió a la detención del dirigente y de Peralta Ramos. Ambos fueron liberados horas después, aunque Grabois denunció que la represión fue “una muestra de la brutalidad estatal del gobierno libertario”.
El hecho generó un fuerte rechazo en distintos sectores del movimiento sindical, académico y político, que cuestionaron el uso de la fuerza pública sin autorización judicial. En redes sociales, legisladores de Unión por la Patria y referentes del campo intelectual también denunciaron una “intimidación contra la memoria histórica”.
Gremiales
Furlán negó irregularidades ante Ercolini y volvió a pedir su sobreseimiento
El extitular de la UOM entregó un escrito en Comodoro Py en el que sostuvo que el hecho investigado no se cometió y que la contratación de USEM fue aprobada por unanimidad. Pidió además que se levanten la inhibición de sus bienes y el bloqueo de las cajas de seguridad.
La Justicia investiga si la UOM cedió el manejo de los fondos del gremio a una empresa ligada a una empleada del propio sindicato. Abel Furlán respondió este miércoles que «el hecho investigado no se cometió».
Furlán, extitular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), concurrió a los tribunales de Comodoro Py con su abogado, Alejandro Rúa, y entregó un escrito ante el juez federal Julián Ercolini en el que pidió su sobreseimiento. Está investigado por una presunta «maniobra de administración infiel» de los fondos de la UOM y de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (OSUOMRA).
El contrato con USEM
Los contratos con USEM S.A. se firmaron el 27 de febrero de 2023, por diez años, y le encomendaron a la empresa la gestión operativa de fondos, cuentas bancarias y pagos del sindicato y de su obra social; Furlán los firmó como secretario general. La hipótesis judicial apunta a que USEM está ligada a María Soledad Calle, empleada del sindicato, dueña del 50% de la firma y directora suplente.
La defensa del acuerdo
En el escrito, Furlán afirmó que «no hubo nada irregular ni delictivo» y que no surgió «ningún perjuicio patrimonial ni desatención de los intereses de los afiliados, ni administración fraudulenta o desleal, ni fraude». Explicó que la UOM había firmado antes contratos de fideicomiso con el Banco Nación y de administración con Donington S.A., por 20 años, y que en 2022, ante el vencimiento, el Consejo Directivo pidió evaluar la renovación. Sostuvo que la contratación de USEM «no fue una decisión personal, clandestina ni carente de antecedentes» y que se aprobó por unanimidad. Sobre la fundación de la empresa 82 días antes de la firma, dijo que «que una sociedad haya sido organizada para atender una necesidad concreta no demuestra simulación».
Lo que dispuso el juez y lo que viene
La defensa pidió que se deje sin efecto la inhibición general de bienes y el bloqueo de las cajas de seguridad que dispuso el juzgado. No es la primera vez que Furlán reclama su sobreseimiento: sus abogados ya lo habían pedido en septiembre con el mismo argumento. Ercolini firmó la citación a indagatoria el 6 de noviembre; la declaración de Furlán, prevista para el martes 17, se pospuso un día. Calle fue citada para el 24 de noviembre y otras cuatro personas declararán en diciembre.
Furlán ya no conduce el gremio: el 22 de mayo, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la elección nacional del 18 de marzo, en la que había sido reelecto, e intervino la UOM con Alberto Biglieri como interventor.
Lo que tenés que saber
- Abel Furlán declaró ante el juez Julián Ercolini y pidió su sobreseimiento: sostuvo que «el hecho investigado no se cometió».
- Está investigado por una presunta administración infiel de los fondos de la UOM y de la OSUOMRA.
- La causa apunta a los contratos con USEM S.A., firmados el 27 de febrero de 2023 por diez años.
- Pidió que le levanten la inhibición de bienes y el bloqueo de las cajas de seguridad.
- La indagatoria de María Soledad Calle está fijada para el 24 de noviembre.
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