Gremiales
Las razones del segundo paro general
En un comunicado la CGT y las dos CTA que difundieron por redes sociales expresaron, “Transitamos un grave momento como país y como sociedad. Un gobierno nacional que, implementa un ajuste brutal».
La CGT y las dos CTA explicaron en un comunicado conjunto las razones del paro general que se cumple hoy, por 24 horas, en todo el país, y que tiene como principal reclamo la “defensa de los derechos laborales, sociales, previsionales y del modelo sindical, y por un salario digno”.
El siguiente es el texto del comunicado que difundieron por redes sociales en las últimas horas:
“Transitamos un grave momento como país y como sociedad. Un gobierno nacional que, en nombre de una mal entendida ´libertad de mercado‘, implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados.
Estamos frente a un gobierno nacional que promueve quita de derechos laborales y sociales, que redefine el rol del estado, cerrando y achicando a su mínima expresión importantes dependencias e instituciones que brindan asistencia a nuestra población, generando de esta forma ciento de miles de despidos de servidores públicos. Que decreta la paralización de la obra pública generando un descomunal desempleo. Que lleva adelante un brutal desfinanciamiento de la seguridad social, de la salud pública; de las universidades, de la educación, de la ciencia y la cultura, poniendo en riesgo la vida de nuestros mayores y la población en general, afectando directamente a la calidad educativa, la capacidad de investigación del país y nuestra identidad cultural. Que promueve peligrosas políticas de privatización de empresas públicas y de entrega de los recursos del patrimonio nacional.
Precios liberados en alimentos, en medicamentos, en energía y en los servicios esenciales y salarios disminuidos en su poder de compra. Paritarias intervenidas por el ministro de Economía que impide la adecuada actualización de los salarios; recesión y aumentos incesantes que generan caída en los niveles de actividad económica y los índices de consumo básicos, que en la práctica representan una fenomenal transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados y privilegiados de la economía.
Un 31% de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios al transporte, un 76% en transferencias a las provincias, un 18% en recorte a las universidades y un 13% en programas sociales; son solo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables.
Nos preocupa la política ambiental del gobierno que niega el cambio climático y cómo está afectando nuestros recursos y a las comunidades que dependen de ellos. Podríamos agregar un permanente aliento a los discursos de odio que el gobierno propone y fomenta afectan a minorías étnicas, disidencias de género, personas con discapacidad, etc., que genera una permanente situación de violencia y enfrentamiento entre argentinos.
Un gobierno sin diálogo social, que sólo se vincula con los representantes de intereses amigos, que agrede y deshecha a los trabajadores y a sus organizaciones, menosprecia a los jubilados y pensionados que no pueden esperar, se desentiende de la atención de los más vulnerables, discrimina a las y los hacedores de la economía popular, mientras se deteriora gradualmente el valor capital de las pequeñas y medianas empresas y comercios, profundizando así el grave cuadro de pobreza estructural e indigencia que devasta nuestra comunidad.
Frente a este escenario urgente, una vez más, el movimiento obrero organizado desde la Confederación General del Trabajo (CGT RA), la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) junto a todo nuestro pueblo, está unido y de pie.
Las y los trabajadores reafirmamos nuestro compromiso y nuestro derecho a participar en el diseño de la sociedad a la que aspiramos. En ese desafío convocamos y ponemos a consideración pública de todos los actores sociales e institucionales, la construcción de un programa de consenso multisectorial, que nos permita avanzar hacia una Agenda de diálogo para una Argentina del Desarrollo, la Producción y el Trabajo, solidaria, inclusiva y con igualdad de oportunidades.
Es una jornada de resistencia y reclamo, por las necesidades que deben ser atendidas y reparadas.
El movimiento sindical de la Argentina en defensa de la democracia, los derechos laborales y el salario digno convoca a la huelga general el 9 de mayo”.
CABA
Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle
La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.
Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.
El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.
«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano
La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.
El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.
El nuevo pliego: tecnología como respuesta política
Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.
La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.
Lo que tenés que saber:
- La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
- El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
- Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
- El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
- La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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