Política 📢
Desguace del Estado: el Gobierno disolvió en total 21 organismos públicos
El Ejecutivo eliminó o transformó más de 20 entes del Estado nacional. Las funciones y el personal se redistribuyen en ministerios y agencias, y parte del patrimonio será liquidado.
El Gobierno nacional oficializó la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos a través del Boletín Oficial N° 35.702, como parte del plan de «reducción del gasto público». Las medidas afectan áreas clave como salud, transporte, agroindustria, seguridad vial e infraestructura, y forman parte del proceso de ajuste del Estado impulsado por el Ejecutivo. Las funciones de los organismos eliminados serán reasignadas a ministerios y secretarías, y el personal permanecerá en sus cargos hasta que se implementen las nuevas estructuras.
Organismos eliminados
Entre los entes disueltos se encuentran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), cuyas funciones pasarán al Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Transporte Automotor, Gendarmería Nacional y la nueva Agencia de Control de Concesiones.
En el área productiva, fueron eliminados el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), cuyas funciones quedan bajo control del Ministerio de Economía. También se disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME), que será absorbida por el Ministerio de Economía y la ANMAT.
En materia sanitaria se disolvieron las Delegaciones Sanitarias Federales, el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) —cuyas funciones pasan al ANLIS-Malbrán—, el Instituto Nacional de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares y el esquema hospitalario SAMIC, ahora dependiente del Ministerio de Salud.
En el ámbito agroindustrial, se eliminaron el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, cuyas funciones pasan a la Secretaría de Agricultura.
Transformaciones y fusiones
Algunos organismos fueron reconvertidos en unidades dependientes de ministerios. Es el caso del Instituto Nacional del Cáncer, que ahora integra la estructura del Ministerio de Salud, y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que pasa a ser una unidad de la Secretaría de Industria.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) fue transformada en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte se convirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con foco exclusivo en el área aeronáutica.
Se creó además la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de hospitales nacionales como el Posadas, el Sommer, el Carrillo, el INAREPS y el neuropsiquiátrico Bonaparte.
En el ámbito agroindustrial, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se integran a la Secretaría de Agricultura, en calidad de organismos dependientes. Lo mismo ocurre con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), ahora bajo la órbita de la Secretaría de Industria.
Diagnóstico oficial y reasignaciones
Según los fundamentos publicados, las medidas responden a un diagnóstico que reveló un “crecimiento desproporcionado” de los organismos descentralizados, que habrían pasado de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024. Se señalaron también irregularidades administrativas, duplicación de funciones y estructuras con bajo rendimiento.
El Gobierno dispuso que los bienes inmuebles, vehículos y activos sin uso de los organismos eliminados sean transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con la posibilidad de ser reasignados o vendidos. Las sumas líquidas disponibles pasarán directamente al Tesoro Nacional.
El Ejecutivo instruyó a los ministerios y secretarías a presentar propuestas de adecuación estructural en las próximas semanas, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios públicos bajo las nuevas jurisdicciones.
Puntos clave
- Se disolvieron o transformaron 21 organismos del Estado nacional.
- Las funciones serán reasignadas a ministerios y agencias.
- Se transfieren bienes inmuebles a la AABE y fondos al Tesoro Nacional.
- El Gobierno alega duplicación de estructuras y exceso de personal.
- Se creó la ANES para centralizar la gestión hospitalaria nacional.
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Investigación 🔎
La Justicia le cerró el paso a Spagnuolo: las pericias de los audios de la ANDIS seguirán adelante
El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido del exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, para frenar el análisis forense de 58 archivos de audio que son prueba clave en la causa por presuntas coimas. El magistrado concluyó que la defensa actuó de manera procesalmente incoherente: primero reclamó las pericias y luego intentó paralizarlas. La defensa anunció que apelará.
Los peritos forenses de la Gendarmería Nacional deberán continuar con el análisis de los audios aportados a la causa ANDIS, tal como estaba pactado. Así lo determinó el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, al rechazar el planteo de la defensa del exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien había cuestionado que el objeto de la pericia incluyera 58 archivos que, según alegaba, no formaban parte originalmente del expediente.
El rechazo es un golpe directo a la estrategia defensiva de uno de los procesados centrales en una causa que investiga un esquema de presuntas coimas en la contratación de prestadores de servicios de discapacidad durante la gestión libertaria. La defensa de Spagnuolo anunció que apelará la resolución.
El argumento del juez: coherencia procesal
En el escrito que fundamentó el rechazo, Lijo fue contundente: «La cuestión que ahora introduce la defensa no resulta novedosa ni responde a una modificación sobreviniente del objeto de la experticia.» El magistrado señaló que los 58 archivos cuestionados fueron identificados desde el inicio como «aquellos aportados oportunamente a la fiscalía instructora por el periodista Mauro Federico», quien los hizo llegar a la investigación. En ese marco, el juez enfatizó que «no existió, por ende, una modificación posterior de su objeto ni una decisión sorpresiva.»
Lijo además marcó la contradicción central de la estrategia defensiva: la defensa de Spagnuolo no había cuestionado la decisión de ordenar las pericias en su momento; por el contrario, intervino activamente en su producción, designó perito de parte y propuso puntos para profundizar el análisis. «Luego de reclamar la realización de estudios destinados a determinar la autenticidad e integridad de los audios, consentir la decisión que individualizó expresamente el material sometido a examen, designar perito de parte y proponer puntos dirigidos a profundizar su análisis, no resulta compatible con una actuación procesal coherente pretender ahora paralizar la experticia», remarcó el juez en su resolución.
Qué se investiga en los audios
Los archivos en cuestión son el corazón de la causa ANDIS. Se trata de grabaciones en las que se atribuye a Spagnuolo participación en conversaciones vinculadas a un presunto esquema de cobro de coimas a prestadores de servicios de discapacidad a cambio de favores en la administración del organismo. La pericia ordenada por Lijo apunta a determinar si los audios son auténticos o si fueron editados o adulterados, un punto que la defensa pretendía convertir en la vía de escape procesal.
Spagnuolo fue procesado en febrero de 2026 junto a otras 18 personas por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado y cohecho pasivo. El exfuncionario, que llegó al cargo durante la gestión del presidente Javier Milei, ya había intentado en instancias previas bloquear la producción de prueba pericial, incluyendo la negativa a aportar su propia voz como muestra comparativa para el análisis de autenticidad.
Una causa que toca el núcleo del poder libertario
La causa ANDIS no es un expediente aislado. Tramita en el mismo juzgado en el que el juez Lijo investiga el enriquecimiento ilícito del actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares. Ambas causas forman parte del mismo mapa judicial que el Gobierno libertario ha intentado neutralizar con recursos procesales, cuestionamientos sobre la legitimidad de las pruebas y presiones sobre los testigos, según consta en las propias resoluciones judiciales.
En ese contexto, el rechazo de Lijo al planteo de Spagnuolo tiene un peso que va más allá del expediente técnico: cada intento de la defensa de paralizar la pericia fue leído por el magistrado como una maniobra dilatororia que no resiste el escrutinio de la coherencia procesal. El camino hacia el juicio oral se despeja un poco más.
Puntos clave
- El juez Lijo rechazó el pedido de la defensa de Spagnuolo para frenar la pericia forense de 58 audios clave en la causa ANDIS.
- El magistrado señaló que la defensa había intervenido activamente en la producción de las pericias y no podía pretender paralizarlas de manera coherente.
- Los audios fueron aportados a la causa por el periodista Mauro Federico y están en el centro de la investigación por presuntas coimas a prestadores de discapacidad.
- Spagnuolo fue procesado en febrero de 2026 por asociación ilícita, fraude al Estado y cohecho pasivo, junto a otras 18 personas.
- La defensa anunció que apelará la resolución, aunque el magistrado ya descartó que exista novedad o sorpresa en el objeto pericial cuestionado.
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