Lo que tenés que saber

• Un jubilado presentó un amparo para suspender por 60 días la quita de medicamentos gratuitos del PAMI.
• La medida afectó a millones de adultos mayores y redujo la cobertura de ciertos remedios.
• La solicitud busca frenar la resolución del Gobierno que limita la entrega de medicamentos solo a jubilados con ingresos menores a $390.000.
• El martes, el ministro de Salud, Mario Lugones, será interpelado por la Comisión de Acción Social y Salud en el Congreso.

Amparo judicial ante la quita de medicamentos

El primer paso en la defensa de los derechos de los jubilados afectados por la nueva resolución del Gobierno de Javier Milei sobre la cobertura de medicamentos gratuitos del PAMI ha sido dado a través de un amparo judicial. Un jubilado presentó una solicitud para que se suspenda la medida durante 60 días, con el fin de evitar que más personas se vean perjudicadas por el recorte en la cobertura de medicamentos.

El caso fue iniciado por Horacio Burgos, un jubilado que no pudo acceder a un remedio que costaba $48 mil para tratar su EPOC. Tras este hecho, Burgos decidió recurrir a la justicia con el apoyo de los abogados Valeria Carreras y Christian González D’Alessandro, quienes argumentan que la decisión del Gobierno afecta a todos los afiliados del PAMI, no solo a aquellos que enfrentan la imposibilidad de pagar sus tratamientos.

La defensa de los jubilados y el impacto de la medida

El amparo se presenta como una medida cautelar que pide suspender la resolución por un plazo de 60 días, destacando que cortar un tratamiento de salud puede empeorar la condición de los pacientes y generar consecuencias graves. Como explicó la abogada Valeria Carreras, «No se puede cortar un tratamiento de un día para el otro. El señor que representé en este caso, el día martes se volvió a su casa sin su paf porque valía $48 mil». La abogada enfatizó que al suspender tratamientos sin previo aviso, las enfermedades pueden agravarse y, en algunos casos, esto podría tener consecuencias fatales.

Carreras también denunció que el Gobierno está creando obstáculos burocráticos que complican el acceso a los beneficios del PAMI. Según su testimonio, los requisitos solicitados, como la presentación de información sobre la propiedad de bienes, vehículos o activos, buscan desincentivar a los jubilados y reducir los costos de la política pública, lo que genera una mayor carga para los más vulnerables.

La crítica de la Defensoría de la Tercera Edad

Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, apoyó el amparo pero señaló que el problema va más allá de la medida puntual. «Lo del amparo no me parece mal, pero creo que el problema es mucho más complejo y tiene que ver con la pérdida de descuentos sobre una cantidad importantísima de medicamentos que desconocemos cuántos y cuáles son», indicó Semino. Según él, en agosto pasado, el PAMI ya había eliminado 44 moléculas de su vademécum de descuentos, lo que representa una reducción significativa en el acceso a medicamentos.

Además, Semino subrayó que la selección de medicamentos excluidos del descuento se realiza de manera opaca, sin que los afiliados tengan información clara sobre qué fármacos serán afectados. En este contexto, la interpelación que recibirá el ministro de Salud, Mario Lugones, el próximo martes en el Congreso, será clave para conocer más detalles sobre la medida y su impacto en los jubilados.