Judiciales ⚖️
Amparo judicial contra la quita de medicamentos del PAMI
La solicitud busca frenar la resolución del Gobierno que limita la entrega de medicamentos solo a jubilados con ingresos menores a $390.000.
Lo que tenés que saber
- Un jubilado presentó un amparo para suspender por 60 días la quita de medicamentos gratuitos del PAMI.
- La medida afectó a millones de adultos mayores y redujo la cobertura de ciertos remedios.
- La solicitud busca frenar la resolución del Gobierno que limita la entrega de medicamentos solo a jubilados con ingresos menores a $390.000.
- El martes, el ministro de Salud, Mario Lugones, será interpelado por la Comisión de Acción Social y Salud en el Congreso.
Amparo judicial ante la quita de medicamentos
El primer paso en la defensa de los derechos de los jubilados afectados por la nueva resolución del Gobierno de Javier Milei sobre la cobertura de medicamentos gratuitos del PAMI ha sido dado a través de un amparo judicial. Un jubilado presentó una solicitud para que se suspenda la medida durante 60 días, con el fin de evitar que más personas se vean perjudicadas por el recorte en la cobertura de medicamentos.
El caso fue iniciado por Horacio Burgos, un jubilado que no pudo acceder a un remedio que costaba $48 mil para tratar su EPOC. Tras este hecho, Burgos decidió recurrir a la justicia con el apoyo de los abogados Valeria Carreras y Christian González D’Alessandro, quienes argumentan que la decisión del Gobierno afecta a todos los afiliados del PAMI, no solo a aquellos que enfrentan la imposibilidad de pagar sus tratamientos.
La defensa de los jubilados y el impacto de la medida
El amparo se presenta como una medida cautelar que pide suspender la resolución por un plazo de 60 días, destacando que cortar un tratamiento de salud puede empeorar la condición de los pacientes y generar consecuencias graves. Como explicó la abogada Valeria Carreras, «No se puede cortar un tratamiento de un día para el otro. El señor que representé en este caso, el día martes se volvió a su casa sin su paf porque valía $48 mil». La abogada enfatizó que al suspender tratamientos sin previo aviso, las enfermedades pueden agravarse y, en algunos casos, esto podría tener consecuencias fatales.
Carreras también denunció que el Gobierno está creando obstáculos burocráticos que complican el acceso a los beneficios del PAMI. Según su testimonio, los requisitos solicitados, como la presentación de información sobre la propiedad de bienes, vehículos o activos, buscan desincentivar a los jubilados y reducir los costos de la política pública, lo que genera una mayor carga para los más vulnerables.
La crítica de la Defensoría de la Tercera Edad
Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, apoyó el amparo pero señaló que el problema va más allá de la medida puntual. «Lo del amparo no me parece mal, pero creo que el problema es mucho más complejo y tiene que ver con la pérdida de descuentos sobre una cantidad importantísima de medicamentos que desconocemos cuántos y cuáles son», indicó Semino. Según él, en agosto pasado, el PAMI ya había eliminado 44 moléculas de su vademécum de descuentos, lo que representa una reducción significativa en el acceso a medicamentos.
Además, Semino subrayó que la selección de medicamentos excluidos del descuento se realiza de manera opaca, sin que los afiliados tengan información clara sobre qué fármacos serán afectados. En este contexto, la interpelación que recibirá el ministro de Salud, Mario Lugones, el próximo martes en el Congreso, será clave para conocer más detalles sobre la medida y su impacto en los jubilados.
Judiciales ⚖️
La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica
Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.
El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.
Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.
Qué dijo el juez
Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.
El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.
La Cámara Federal cerró dos puertas
Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».
Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.
Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto
La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Lo que tenés que saber
- El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
- Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
- La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
- El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
- Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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