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Quieren tapar el escándalo Adorni con el caso Cirio: ella factura, él pagó lujos en efectivo

El informe patrimonial de la PROCELAC incorporado a la causa contra Martín Insaurralde reveló que Jésica Cirio percibió 693.000 dólares de la firma Zumba Fitness LLC y unos 71 millones de pesos de tres empresas del juego, ingresos canalizados mediante facturas mensuales. El contraste con la causa Adorni, donde se investigan pagos millonarios en efectivo y sin comprobantes, expone la selectividad de la agenda mediática y judicial.

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Facturas versus efectivo: el contraste entre la causa Cirio y el patrimonio trucho de Adorni.

La modelo y conductora Jésica Cirio recibió casi 700 mil dólares y más de 70 millones de pesos por parte de casas de juego y firmas vinculadas al fitness, según el informe patrimonial elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que dirige el fiscal Diego Velasco. El documento fue incorporado a la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que atraviesa su ex esposo, el ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.

Los números del informe de la PROCELAC

Las transferencias en dólares desde el exterior provinieron de la empresa Zumba Fitness LLC, con base en Miami, y sumaron 693.000 dólares entre 2016 y 2023. Cirio representaba a esa firma en el país y realizaba acciones como conductora y modelo; solo en 2017 percibió 234.009 dólares de esa compañía.

En paralelo, tres empresas del juego le pagaron unos 71 millones de pesos entre 2021 y 2023: Desarrollos Turísticos Victoria S.A. (35.997.500 pesos), vinculada al Hotel Termas Victoria, Casino de Victoria S.A. (19.662.500 pesos), ambas pertenecientes al empresario Daniel Mautone, y el Hipódromo Argentino de Palermo (16.335.000 pesos). Los pagos se canalizaron a través de facturas mensuales que rondaron entre $1.210.000 y $1.512.500.

El informe también consigna que Telefe le abonó unos 17 millones de pesos en el período en que fue coconductora de La Peña de Morfi, y releva operaciones de compra y venta de moneda extranjera informadas por el Banco Central entre 2009 y 2023.

PEP: la hipótesis de la querella

La Justicia consideró a Cirio una Persona Expuesta Políticamente (PEP), por haber sido esposa de un funcionario de alto rango mientras Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora y luego jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. Sobre esa base, la querella de la ONG Poder Ciudadano busca determinar si esos pagos fueron retribuciones reales por servicios comerciales legítimos o retornos encubiertos destinados al ex funcionario.

El abogado querellante Tomás Brady señaló que esos pagos son «una buena pista para investigar si se trata de supuestos sobornos encubiertos» a favor de Insaurralde, y recordó que las recomendaciones internacionales contra el lavado imponen especial atención sobre las personas expuestas políticamente, mientras que los casinos son sujetos obligados a reportar operaciones.

Allanamientos, celular peritado y los videos de los dólares

Cirio está imputada en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y se investiga si participó en maniobras de blanqueo de activos y si puede justificar el incremento de su patrimonio. En ese marco, la Justicia allanó sus propiedades para rastrear documentación y dinero, con el objetivo de determinar cómo se adquirieron inmuebles y bienes personales.

La modelo entregó además su teléfono celular y las claves de acceso ante Gendarmería, que estableció la cadena de custodia correspondiente, y el dispositivo se encuentra bajo peritaje. La medida se produjo luego de la difusión de videos en los que se la ve mostrar y grabar fajos de dólares guardados en bolsas plásticas dentro del vestidor de una de sus casas. En su descargo público, Cirio afirmó que «trabajo desde los 18 años en la actividad privada» y sostuvo que todos sus ingresos están declarados ante el organismo recaudador.

Como publicó este medio, el fiscal Sergio Mola pidió la detención y la indagatoria de Insaurralde y Cirio por riesgo de entorpecimiento, pero el juez Luis Armella rechazó el planteo y dispuso la prohibición de salida del país para ambos. Para el 17 de julio se espera un informe contable de peritos de la Corte, clave para que el magistrado defina si los cita como imputados.

La causa que el poder prefiere no mirar

El despliegue mediático que rodea al expediente Insaurralde-Cirio contrasta con el tratamiento que recibe la causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, con un patrimonio investigado que supera los 840.000 dólares.

La diferencia entre ambos expedientes es elocuente: mientras los ingresos de Cirio bajo sospecha fueron canalizados mediante facturas mensuales y transferencias bancarias registradas, en la causa Adorni el contratista Matías Tabar declaró que las refacciones de la casa del funcionario en el country Indio Cuá ascendieron a 245.000 dólares abonados en efectivo y sin factura. Ella factura; él, según la testimonial incorporada al expediente, pagó fortunas en negro. La saturación informativa sobre la ex conductora, en plena escalada de la investigación que compromete al vocero devenido jefe de Gabinete, invita a preguntarse qué agenda conviene a los sectores de poder que definen qué escándalo ocupa la pantalla y cuál se archiva en el silencio.

Puntos clave

  • La PROCELAC detectó transferencias de Zumba Fitness LLC a Cirio por 693.000 dólares entre 2016 y 2023.
  • Tres empresas del juego le pagaron unos 71 millones de pesos entre 2021 y 2023, mediante facturas mensuales.
  • La Justicia la considera Persona Expuesta Políticamente (PEP) y está imputada en la causa contra Insaurralde.
  • El juez Armella rechazó el pedido de detención del fiscal Mola y dispuso la prohibición de salida del país.
  • En paralelo, la causa Adorni investiga un patrimonio superior a 840.000 dólares con pagos en efectivo y sin factura.

Investigación 🔎

La Corte dejó firme la condena del exjuez Reynoso por servir al Patrón del Norte

El exjuez federal de Orán recibió dinero del narco Delfín Castedo para dictar fallos a su favor, incluida una indagatoria fraguada con un impostor. Ya tenía otra condena firme a 13 años y ahora la Fiscalía irá por la unificación de penas.

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Fachada del Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Un narco prófugo, buscado como autor intelectual de un crimen, consiguió que un juez federal le concediera una eximición de prisión con una indagatoria en la que ni siquiera estuvo presente. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cinco años de prisión del exjuez Raúl Reynoso por cobrar para beneficiar a Delfín Castedo, conocido como «El Patrón del Norte».

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso de queja de la defensa por falta de fundamentación autónoma. Con esa decisión quedó firme la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, que condenó al exmagistrado de Orán por cohecho pasivo en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público y concusión, a cinco años de prisión, una multa de 90.000 pesos e inhabilitación absoluta por el término de la condena. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ya había confirmado el fallo en junio de 2025.

La indagatoria del impostor

Según se acreditó en la causa, Reynoso recibió dinero de Castedo y de su abogado defensor a cambio de resoluciones contrarias a derecho. El punto central de la investigación fue una declaración indagatoria atribuida al narco en diciembre de 2013, cuando estaba prófugo y tenía pedido de captura por la autoría intelectual del asesinato de Liliana Ledesma, ocurrido en 2006 en Salvador Mazza.

De acuerdo con la reconstrucción judicial que difundió la prensa salteña, Castedo no estuvo en aquella audiencia: en su lugar se presentó otra persona, que declaró y firmó con su identidad. Los peritajes caligráficos de Gendarmería Nacional determinaron que la firma no pertenecía al narcotraficante. Con esa declaración trucha, el juez le otorgó una segunda eximición de prisión y, en noviembre de 2014, lo procesó sin prisión preventiva.

La lista de favores empezó antes. En febrero de 2007, Reynoso había imputado a Castedo por asociación ilícita y lavado de activos y había ordenado su detención; en 2008, el prófugo se presentó a pedir la excarcelación y el juez se la concedió con el argumento de que estaba a derecho por haberla solicitado. Para la fiscalía, ese fue el primer acto de prevaricato, y el propio Castedo declaró que pagó por ese beneficio. La acusación vinculó los fallos con un soborno estimado en 40.000 dólares, gestionado a través del abogado Luciano Ciscato.

Cobros a un comerciante

La condena también incluye las exigencias de dinero al comerciante Pablo Elías Torres. Reynoso le habría reclamado pagos para autorizar el ingreso de mercaderías al país sorteando las restricciones vigentes; según se tuvo por probado en el juicio, el mecanismo contemplaba destinar el 5% de las utilidades del comerciante a una fundación presidida por un cuñado del entonces juez.

En el mismo expediente, Ciscato fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso y Castedo recibió tres años como coautor de cohecho activo.

Dos condenas firmes y una causa pendiente

No es la primera vez que la Justicia condena a Reynoso. En marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta le impuso 13 años de prisión por concusión y prevaricato, en una causa que expuso un esquema de cobros a cambio de resoluciones favorables a imputados por narcotráfico y contrabando en el Juzgado Federal de Orán. Esa sentencia quedó firme en marzo de 2024 y ese mismo año el exjuez obtuvo la libertad condicional, tras más de ocho años de detención entre el penal de Güemes y el régimen domiciliario.

Con la segunda condena firme, la Fiscalía prevé pedir la unificación de penas, una definición que determinará si el exmagistrado vuelve a prisión. Además, Reynoso sigue con un tercer frente abierto: la causa por un presunto soborno de 150.000 dólares para favorecer a René Antonio «Choco» Arancibia, que permanece pendiente de juicio oral.

El caso Reynoso es la radiografía de cómo el narcotráfico puede comprar justicia en la frontera norte, y de lo que tarda el sistema en ponerle un límite.

Lo que tenés que saber:

  • La Corte Suprema dejó firme la condena a cinco años de prisión del exjuez federal de Orán Raúl Reynoso.
  • Fue condenado por cohecho pasivo, falsedad ideológica y concusión por beneficiar al narco Delfín Castedo, «El Patrón del Norte».
  • Una de las resoluciones se basó en una indagatoria de 2013 en la que se presentó otra persona en lugar de Castedo.
  • Reynoso ya tenía una condena firme a 13 años desde marzo de 2024 y estaba en libertad condicional.
  • La Fiscalía prevé pedir la unificación de penas; resta un tercer juicio por un presunto soborno de 150.000 dólares.
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