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Federalismo, ajuste, tensiones y protestas: que ganaron en 2024 las provincias que apoyaron a Milei

Los gobernadores peronistas justificaron su apoyo al gobierno libertario como una estrategia para obtener recursos. Sin embargo, enfrentan un fuerte ajuste presupuestario en salud, educación e infraestructura. ¿Cuáles son los costos sociales y los beneficios políticos para sus provincias?

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El Argentino Diario-Pacto de Mayo-18 Gobernadores junto a Javier Milei.

El alineamiento de algunos gobernadores peronistas con el gobierno de Javier Milei genera tensiones políticas y sociales. Aunque buscan justificar su apoyo en la necesidad de recursos para sus provincias, las medidas económicas del oficialismo, como el ajuste presupuestario, han golpeado duramente a sus territorios. En este contexto, los mandatarios enfrentan un delicado equilibrio entre los beneficios de mantener el diálogo con la Casa Rosada y el creciente malestar social.

La estrategia de los gobernadores: quiénes son y qué defienden

Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones) se posicionaron como aliados estratégicos del oficialismo. Su acercamiento a Javier Milei incluyó el respaldo a medidas polémicas, como el veto al financiamiento universitario y el presupuesto 2025, que eliminó asignaciones específicas por un total de 5.000 millones de dólares. Los gobernadores argumentan que estas alianzas son necesarias para garantizar recursos y evitar la parálisis administrativa en sus provincias.

Impacto concreto en las provincias: ajuste y desigualdad

Salta: crisis en infraestructura y salud

Gustavo Sáenz justificó su apoyo al oficialismo alegando la necesidad de fondos para enfrentar problemas críticos como la emergencia hídrica en el norte provincial. Sin embargo, las consecuencias del ajuste son evidentes:

Obras públicas paralizadas: Proyectos estratégicos, como rutas en el norte salteño y planes de vivienda en municipios vulnerables, se detuvieron por falta de financiamiento.

Colapso del sistema sanitario: Hospitales del interior enfrentan una creciente escasez de insumos básicos, generando protestas de trabajadores y usuarios.

Protestas sociales: Gremios docentes y estatales han liderado manifestaciones masivas contra el ajuste, evidenciando el descontento ciudadano.

Aunque Sáenz logró obtener fondos extraordinarios para enfrentar la crisis hídrica, estos fueron insuficientes frente a la magnitud del problema, dejando en evidencia los límites de su estrategia.

Catamarca: minería sin recursos y educación en crisis

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, destacó la minería como un eje estratégico para el desarrollo provincial. Sin embargo, el ajuste presupuestario impactó severamente:

Reducción de recursos para minería: La falta de fondos específicos afectó proyectos de infraestructura vinculados a la exploración y explotación minera.

Crisis en la educación superior: La Universidad Nacional de Catamarca sufrió recortes que limitaron becas, proyectos de investigación y programas de extensión comunitaria.

Déficit municipal: La prohibición de incluir impuestos locales en las boletas de servicios redujo los ingresos de los municipios, afectando su capacidad de gestión.

Jalil consiguió apoyo nacional para proyectos de litio, pero las tensiones sociales por la crisis educativa y la pérdida de recursos coparticipables generan un clima de incertidumbre en la provincia.

Tucumán: salud y universidades golpeadas

Osvaldo Jaldo apostó a fortalecer su relación con el Ejecutivo nacional para garantizar obras estratégicas como la ampliación del Aeropuerto Benjamín Matienzo. Sin embargo, las consecuencias del ajuste son evidentes:

Sistema sanitario colapsado: Hospitales provinciales, como el Hospital Padilla, enfrentan serias limitaciones en la provisión de insumos y medicamentos.

Universidades afectadas: La Universidad Nacional de Tucumán sufrió recortes presupuestarios, lo que desencadenó manifestaciones estudiantiles y gremiales.

Descontento social: El aumento de tarifas y la reducción de programas sociales generaron protestas masivas en la provincia.

Si bien Jaldo consiguió obras importantes, el costo social de su alineamiento con Milei pone en jaque su relación con las bases peronistas y los sectores más vulnerables de Tucumán.

Misiones: vulnerabilidad en las fronteras

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, buscó consolidar una agenda de desarrollo turístico y comercio fronterizo. Sin embargo, el ajuste dejó secuelas profundas:

Programas sociales recortados: Comunidades rurales quedaron sin acceso a asistencia alimentaria y programas de desarrollo comunitario.

Menor infraestructura en zonas de frontera: Proyectos de conectividad vial y eléctrica, esenciales para el comercio y la producción, quedaron detenidos.

Crisis educativa: Las universidades locales enfrentan dificultades presupuestarias que limitan la oferta académica.

Passalacqua aseguró recursos discrecionales para promocionar el turismo en las Cataratas del Iguazú, pero la falta de inversiones en infraestructura rural y social profundizó la desigualdad en la provincia.

Costos sociales y beneficios políticos

Los gobernadores peronistas que apoyaron a Milei enfrentan un dilema entre los beneficios políticos obtenidos a corto plazo y los costos sociales de sus decisiones. Por un lado, su alineamiento les permitió negociar recursos y proyectos específicos, manteniendo la gobernabilidad en sus provincias. Por otro lado, el ajuste presupuestario y las medidas de centralización fiscal deterioraron sectores clave como salud, educación e infraestructura, generando tensiones con sus bases y afectando su legitimidad política.

En el mediano plazo, esta estrategia podría debilitar su posición frente a un electorado cada vez más crítico con las consecuencias del ajuste. Además, el malestar dentro del peronismo tradicional plantea interrogantes sobre el futuro de estos líderes en un espacio político que busca redefinir su rol en la oposición.

Coparticipación

Presupuesto 2027: discapacidad, universidades y transporte frenan el acuerdo

El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y sentar el proyecto en el recinto el miércoles 25, cinco días antes de que termine el período ordinario. Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban la negociación.

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Vista del exterior del Palacio del Congreso de la Nación Argentina con su cúpula característica. Imagen ilustrativa generada con IA.

Tres partidas tienen frenado el Presupuesto 2027. Los recursos para las prestaciones por discapacidad, el aumento de los fondos para las universidades nacionales y los subsidios al transporte del interior son los puntos que los bloques aliados pusieron sobre la mesa para acompañar el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 15 de septiembre, la fecha límite que fija la ley de administración financiera.

La negociación la conducen el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Del lado del Ejecutivo participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que mantiene conversaciones con los gobernadores de los bloques dialoguistas. El oficialismo descartó el 18 de noviembre y ahora apunta a firmar dictamen el martes 17 para llevar el proyecto al recinto el miércoles 25, cinco días antes de que concluya el período de sesiones ordinarias.

Los tres reclamos que traban el dictamen

El primero es la discapacidad. Las prestaciones quedaron en el centro de la discusión después de que Amnistía Internacional advirtiera que el proyecto asigna a ese rubro 24% menos de fondos que en 2023. El segundo son las universidades: el texto contempla $7,3 billones para el sector, mientras los rectores reclaman $11 billones. El tercero es el transporte del interior, con los subsidios y el Fondo Compensador como eje. A esos puntos se suma un pedido transversal: la rebaja del Impuesto a los Combustibles, con el argumento de que la recaudación no se destina al mantenimiento de las rutas nacionales ni al 2,55% que corresponde al fondo del transporte del interior.

La Jurisdicción 91: $14,8 billones sin destino fijo

Los bloques aliados sostienen que hay margen para atender los reclamos sin romper el equilibrio fiscal y apuntan a la Jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro. El proyecto le asigna $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y la partida funciona como una reserva que administra la Secretaría de Hacienda: no tiene edificio ni empleados propios y puede reasignarse durante la ejecución. Cerca de la mitad de esos recursos está prevista para cubrir déficits y transferencias a empresas estatales, entre ellas Ferrocarriles, ENARSA, EducAr y el Correo. El mecanismo existe desde la década del 90 y ahora los dialoguistas quieren que parte de ese fondo se destine a discapacidad y universidades.

Las demandas de cada bloque

Cada espacio sumó reclamos propios. El PRO exige garantizar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, bajar del 21% al 10,5% la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados y fijar un mecanismo que asegure plazos y tarifas en las obras de rutas nacionales.

La UCR, con el mendocino Lisandro Nieri como negociador, pide eliminar cuatro artículos del texto. Los bloques provinciales reclaman que se avance con las obras ya acordadas y que se amplíen los $503.000 millones previstos para compensar los déficits de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación. Los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, sumaron el pedido de tratar la Ley de Biocombustibles, que quedó frenada por un reclamo de legisladores bonaerenses.

Las cuentas del proyecto

El texto prevé gastos totales consolidados por $216 billones y recursos por $219,3 billones, con subas de 25,3% y 26,2% respecto de la base de comparación que usa el Gobierno. Las partidas de servicios sociales ascienden a $150,9 billones y los servicios de la deuda pública a $18,6 billones. La discusión de fondo es qué se recorta para sostener el superávit primario y el equilibrio fiscal que el Ejecutivo puso como condición de cualquier cambio.

El reloj de las ordinarias

Si el proyecto no se aprueba antes del 30 de noviembre, el tratamiento pasa a sesiones extraordinarias, que el Gobierno puede convocar desde el 1 de diciembre. Y si el Presupuesto no se sanciona, la ley 24.156 obliga a prorrogar el del año anterior, con lo que el Ejecutivo recupera discrecionalidad sobre las partidas. La apuesta oficialista es que el dictamen llegue el 17 y que el recinto vote el 25, con el margen justo para evitar ese escenario.

Lo que tenés que saber

  • El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y a tratar el Presupuesto 2027 en el recinto el miércoles 25.
  • Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban el acuerdo con los bloques aliados.
  • La Jurisdicción 91 concentra $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y los dialoguistas quieren reasignar parte de esos fondos.
  • El proyecto prevé $7,3 billones para universidades frente a los $11 billones que piden los rectores, y $503.000 millones para las cajas jubilatorias provinciales.
  • Si no hay ley antes del 30 de noviembre, rige la prórroga del Presupuesto anterior.
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